LA RESPONSABILIDAD DE LA SRA. PROCURADORA GENERAL

NOTA PRESENTADA POR ALBERTO BOVINO
A LA PROCURADORA GENERAL MARÍA DEL CARMEN FALBO

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008

REF.: LA RESPONSABILIDAD DE LA SRA. PROCURADORA GENERAL

Sra. Procuradora General
ante la Corte Suprema
de la Provincia de Buenos Aires
Dra. María del Carmen FALBO

Sra. Procuradora General Dra. FALBO:

Mi nombre es Alberto BOVINO, abogado con matrícula en el Colegio de Abogados de San Isidro, acto que consta en el tº XXX, fº 436 del registro correspondiente, y me desempeño como apoderado de los hermanos Laura y Eduardo GLASMAN en la causa en la que se supone que se pretende investigar a todos los responsables del terrible homicidio del Dr. Felipe GLASMAN, el padre de mis representados.

Esta nota expresa mi opinión personal como profesional que interviene en el caso, como ciudadano de un país en donde se supone rige el Estado de derecho, y como víctima de las sistemáticas prácticas irregulares de funcionarios del Ministerio Público Fiscal respecto de los cuales Ud. es responsable directa por su desempeño funcional.

Pues bien, a pesar de las innumerables denuncias, recusaciones, presentaciones ante su persona, entrevistas con familiares del Dr. Felipe GLASMAN, y del cúmulo irrefutable de prueba que demuestra la arbitraria e ilegal actuación del Agente Fiscal Christian LONG [nota 1], Ud. se ha limitado a decirle a la Sra. Laura GLASMAN que nada podía hacer en relación a la intervención de este sujeto —indigno de desempeñar el puesto de funcionario público que se le ha confiado y que aprovecha para beneficio personal, para vulnerar los derechos de toda persona que discrepe con sus criterios, y quién sabe para qué otros fines—. Eso no es lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente. Recientemente, los apoderados de los hijos del Dr. Felipe GLASMAN hemos presentado una nota ante Ud. reiterando múltiples cuestionamientos por graves irregularidades cometidas por LONG y apoyadas por su superior, FERNÁNDEZ. Ni siquiera hemos recibido un simple acuse de recibo de tal presentación. El desprecio que todos y cada uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal han demostrado por los derechos de la Sra. Laura GLASMAN, y del Sr. Eduardo GLASMAN es realmente escandaloso.

Frente a cada uno de estos atropellos, se han aportado elementos de prueba objetivos que corroboran los hechos denunciados y que demuestran que LONG —entre muchas otras irregularidades— miente, miente, y vuelve a mentir. Por otra parte, su propio superior jerárquico definió a Christian LONG como un sujeto paranoico que “ve fantasmas en todos lados”. Y así lo hizo frente al Sr. Eduardo GLASMAN.

LONG se justifica a sí mismo —también lo hacen quienes lo protegen— describiéndose como el héroe que logró los únicos resultados positivos en la causa por el homicidio del Dr. Felipe GLASMAN. Su gran “logro” ha sido el hecho de que, continuando con lo investigado antes de que él se apropiara del caso GLASMAN sólo ha logrado que se elevara a juicio a uno de los posibles autores materiales del asesinato, a más de seis años de cometido el crimen.

Luego de años de retener pruebas y de difamar a personas a diestra y siniestra —y sin que las supuestas “obstaculizaciones” que según su imaginación, interponemos en su camino, hayan retrasado en nada el juicio contra COLMAN, a quien acusó por homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria—, no pudo aportar un solo elemento de prueba válido en el juicio que permitiera justificar la agravante del homicidio por encargo.

Su actuación en el debate celebrado ante el Tribunal Criminal Nº 1 fue lamentable, al punto de que cuando, como era previsible, el tribunal rechazó la declaración en calidad de testigo del imputado —VIDAL— como coautor del homicidio del Dr. Felipe GLASMAN, llegó a solicitar al tribunal que un “testigo” que él no había ofrecido declarara “en cualquier calidad”, novedosa figura procesal creada en el momento para cubrir su propia negligencia. Tampoco logró que se introdujera por lectura la declaración indagatoria recibida al coimputado VIDAL —como era previsible—, con lo cual su principal elemento de prueba quedó fuera de la escena. Todo esto debía saberlo un fiscal a cargo de investigaciones complejas; y si no lo sabía, le fue advertido por esta parte.

Ahora bien, ciertos periodistas nos han informado y continúan informando cotidianamente de importantes avances respecto de los supuestos autores intelectuales a los cuales no se nos concede acceso alguno por el carácter “reservado” de las actuaciones —art. 13, inc. 9, ley 12.061—.

Lo curioso es que Ud. le indicó expresamente que bajara el nivel de filtraciones indebidas a la prensa. Por supuesto, ni siquiera se ha logrado que cumpliera con una directiva tan sencilla, pues él tiene su propia agenda. Y lo que es mucho más grave, ha sido sostenido políticamente por su superior jerárquico (FÉRNANDEZ), a pesar de que él afirma que LONG “ve fantasmas en todos lados”. Además, y a pesar del cúmulo de impugnaciones presentadas por casi la totalidad de las partes de la causa GLASMAN, también Ud. le ha dado protección política.

II. LA “BUENA CONDUCTA” DE LONG

Entre los diversos hechos cometidos por el fiscal LONG que hemos demostrado, mencionaremos a título de ejemplo algunos de ellos. No señalaré todos los elementos de prueba que corroboran todos y cada uno de nuestros cuestionamientos pues, hasta ahora, el hecho de hacerlo no nos ha servido de nada, y la carga de trabajo que nos ha generado demostrar la ilegalidad, la arbitrariedad y el desconocimiento del derecho que han guiado de manera sistemática la conducta del fiscal LONG ha sido inmensa. Por supuesto, todos estos medios de prueba están tanto a su disposición como la de cualquier otra autoridad o medio de prensa que los requieran, para el caso de que por una vez se nos tome en serio [nota 2].

1. Manipuló a la Sra. Beatriz SOSNITSKY para que revocara el poder de los apoderados de ella y sus hijos, los abogados Héctor y Matías BERTONCELLO. Este último hecho ha sido corroborado finalmente por una grabación de audio en la cual la propia viuda de GLASMAN admite ante su hijo que revocó el poder de los BERTONCELLO porque así se lo solicitó expresamente el Agente Fiscal Christian LONG, cuya actuación funcional Ud. continúa defendiendo.

2. En directa relación con este tema, una circunstancia confirma una vez más la cobardía del fiscal LONG para enfrentar las consecuencias de sus propios actos, sin importar quién sufre por ello. En la audiencia de recusación contra LONG llevada a cabo de modo tan “imparcial” por el Tribunal Criminal Nº 1, luego de que la Dra. MOIRANO informara del tema de la revocación del poder bajo juramento, LONG, en el alegato de cierre, “declaró” que nada de lo que había dicho al respecto la Dra. MOIRANO era cierto. En primer término, LONG debe saber que el alegato no se puede utilizar para declarar como testigo, con el “pequeño” beneficio del hecho de que no lo hace bajo juramento. Pero mucho más grave es la circunstancia de que con sus dichos puso en grave peligro a la Dra. MOIRANO de ser perseguida penalmente por falso testimonio.

3. En esa audiencia, cuando yo presté declaración, informé la verdad respecto de mi relación con el Prof. Mariano SILVESTRONI (apoderado de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA, otra de los particulares damnificadas): a) que nos conocemos porque ambos somos profesores regulares del DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES; y b) que soy socio y gerente editorial de EDITORES DEL PUERTO S.R.L., que en tal calidad había aprobado la publicación de dos libros presentados por él, y que existían sendos contratos de edición entre la persona jurídica y el Prof. SILVESTRONI. Sin embargo, el juez MONTIRONI, presidente del Tribunal Criminal Nº 1, aparentemente, estaba escuchando otro canal, pues en su voto afirmó en dos oportunidades que la relación entre ambos consistía en el hecho de que tanto SILVESTRONI como yo éramos socios de Editores del Puerto. Ello significa que si tanto MONTIRONI como LONG creyeran en esa absurda sociedad inexistente, deberían haberme denunciado por falso testimonio, pues yo no declaré eso. A pesar de ello, y de que LONG fue interrogado expresamente por un periodista en una entrevista televisiva sobre el punto, no hizo aclaración alguna; el “único norte” que “guía su investigación”, que sería la “averiguación de la verdad”, fue repentinamente perdido de vista, con la objetividad que lo caracteriza.

4. En la misma entrevista, sí recordó su “único norte” para afirmar —faltando a la verdad— que dado que su deber era averiguar la verdad, “cómo no iba a investigar quién era yo, de dónde venía, quién me pagaba”. Imagino que la Sra. Procuradora comprende el nivel de arbitrariedad mitómana del fiscal LONG sin necesidad de que brindemos explicación alguna. Por otra parte, también demostramos que LONG realizó medidas de investigación ilegales para averiguar quién pagaba mis honorarios “sin tener prueba de nada” que indicara que no los pagaran mis clientes, y afirmando frente a mi cliente la existencia de un conflicto que daba por supuesto que yo estaba tomando mis decisiones profesionales para beneficiar a la ASOCIACIÓN MÉDICA. Esto es, sin prueba alguna, le hizo “saber” a mi cliente que yo estaba cometiendo el delito de prevaricato en su perjuicio.

5. Como si hubiera hecho poco para perjudicar a la familia del Dr. Felipe GLASMAN, luego de conseguir apartar a los abogados BERTONCELLO como apoderados de la Sra. Beatriz SOSNITSKY, arremetió contra la segunda apoderada de la Sra. SOSNITSKY y de sus hijos, Laura y Eduardo GLASMAN, esto es, contra la Dra. Nidia MOIRANO. Tanto a Eduardo GLASMAN como a su madre les dijo que la Dra. Nidia MOIRANO —quien fue designada como apoderada desde el principio del caso por Beatriz SOSNITSKY y con el consentimiento de sus hijos, y no cobraba honorario alguno por su trabajo en el caso penal— estaba cobrando honorarios de la ASOCIACIÓN MÉDICA. Esta afirmación fue realizada por Christian LONG utilizando el verbo “cobrar” en tiempo presente poco tiempo antes de que la Dra. MOIRANO renunciara a la representación de la Sra. SOSNITSKY (alrededor de octubre de 2007). Ello surge de dichos del Sr. Eduardo GLASMAN, de dichos de la Dra. MOIRANO, y del audio de una entrevista que le hicieran medios periodísticos al fiscal LONG. Frente a tan grave imputación, realizada por LONG sin prueba alguna, la Dra. MOIRANO presentó su queja ante la Sra. Procuradora General, queja que fuera rechazada. Frente al pedido del Sr. Eduardo GLASMAN en reiteradas oportunidades de que LONG le indique qué elementos de prueba fundaban sus agraviantes afirmaciones, el funcionario cuyo único norte es la averiguación de la verdad se limitó a contestarle al Sr. GLASMAN que “el trabajo se presume oneroso”. Más allá de que esa frase no prueba nada, mucho menos permite siquiera sospechar que la Dra. MOIRANO estuviera cobrando honorarios de la ASOCIACIÓN MÉDICA, excluyendo a todas las personas físicas y jurídicas del resto del mundo.

6. Seguir reiterando los hechos que he denunciado una y otra vez no tiene demasiado sentido, si Ud. no tiene la voluntad política de cumplir con los deberes que su alto cargo le impone [nota 3]. La única funcionaria judicial que ha realizado un trabajo responsable, en lo que a nuestra intervención en el caso se refiere, es la Dra. CALCINELLI, quien actúa subrogando el Juzgado de Garantías que tiene a su cargo la investigación del resto de los partícipes en el asesinato. Ante ese Juzgado hemos planteado la recusación del Agente Fiscal Christian LONG. Sin embargo, debido a la exclusiva responsabilidad del Estado bonaerense, quien le ha impuesto la carga de los deberes de su propio cargo más dos subrogancias, la audiencia de prueba de la recusación aún no se ha podido realizar.

Luego de seis años, recién se ha logrado someter a juicio a uno de los autores materiales. Vicente COLMAN fue acusado por el fiscal como autor penalmente responsable de homicidio agravado por haber sido cometido por precio o por promesa remuneratoria (art. 80, inc. 3, Código Penal). Quedó claro que LONG llegó al juicio sin la preparación necesaria como para sostener su imputación. De allí que resultara vergonzosa su actuación en relación a la agravante del “precio o promesa remuneratoria”.

En este sentido dos de los jueces dijeron:

“… Entiendo que tal circunstancia no se encuentra acreditada siquiera mínimamente…

… el representante de la vindicta pública peca de voluntarista, al igual que los particulares damnificados que lo acompañaron en ese tramo de la acusación [no fue nuestro caso]… Es que para acreditar los distintos extremos de la acusación no basta con vagas presunciones, prejuicios, intuiciones, apreciaciones subjetivas, presentimientos, corazonadas, ni nada que se le parezca” (Sentencia, voto del juez ARES, destacado agregado).

“Dicho esto debo, asimismo, con igual énfasis y pese a lo que mi fuero interno entiende efectivamente aconteció, sostener que no se ha acreditado en manera alguna el pacto o promesa remuneratoria que la figura en análisis reclama…” (Sentencia, voto del juez BURGOS, destacado agregado).

Esta circunstancia demuestra, por sí misma, la absoluta irresponsabilidad del fiscal LONG en el ejercicio de sus deberes funcionales. Su única misión en el juicio consistía en demostrar con certeza la imputación que pesaba sobre Vicente COLMAN. A pesar de que frente a la prensa ha sostenido que estaba siguiendo tres pistas diferentes antes del juicio, y dos de ellas luego de él, lo cierto es que durante todo el debate se empeñó mucho más en salir de excursiones de pesca para incriminar de algún modo a directivos de la Asociación Médica, antes que a probar lo que tantas veces repitió públicamente de manera irresponsable.

El Ministerio Público Fiscal se ha tomado más de seis años para preparar esa investigación, y cualquier fiscal debe saber que el juicio oral y público no es un escenario para investigar, mucho menos para salir de excursiones de pesca. LONG puso en riesgo, de este modo, la condena de la única persona que después de seis años ha sido juzgada. Por supuesto que como apoderado de los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN hicimos todo el esfuerzo necesario para que se condene a Vicente COLMAN, a pesar de las dificultades que nos ha puesto en el camino con su manifiesta ineptitud y arbitrariedad el acusador del caso MARGIOTTA.

III. OTRO DE LOS “GRANDES TRIUNFOS” DEL FISCAL CHRISTIAN LONG

En una nuevo episodio de la actuación telenovelesca del fiscal LONG, luego de más de cinco años, se llevó a cabo el juicio por el homicidio de la joven Daiana MÉNDEZ, ocurrido en noviembre de 2003. El fiscal LONG, que fue quien condujo la pesquisa, con su peculiar estilo de investigación, logró garantizar la impunidad del responsable del asesinato. Tal como sucedió en el caso MARGIOTTA.

En una nota de La Brújula digital se puede leer:

LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL PARA ABSOLVER AL ACUSADO DE ASESINAR A DAIANA MÉNDEZ

Los jueces Claudia Cecilia Fortunatti, María Eloísa Errea de Watkins y Guillermo Mercuri, integrantes del tribunal oral criminal n°2 de nuestra ciudad, resolvieron absolver de culpa y cargo a Erwin Fernández Valenzuela por entender que no existían elementos suficientes para su condena por el homicidio de Daiana Méndez.

… Más adelante los magistrados afirman que "entrando al análisis pormenorizado de la prueba producida a lo largo del presente proceso, me permitiré discrepar con el titular de la vindicta pública, para la suscripta no superan la categoría de meras hipótesis".

Y continúan "ningún testimonio oído en la sala de debates pudo situar a la joven en una casa ubicada en el sector sureste de la ciudad, al momento de producirse su muerte, tal como lo sostiene la acusación en su alegato final".

"El Sr. Agente Fiscal basa la acreditación de tal extremo fáctico en los dichos brindados por el testigo de identidad reservada nro. 8, en cuanto a que presenció una discusión entre el hoy imputado, la joven Carina Gómez, y la víctima, en el domicilio'la Chancha Álvarez' sito en calle Thompson atrás del mercado".

"Pero dicha afirmación se encuentra huérfana de corroboración alguna, pues todas las personas que dicho testigo nombró como presentes en el lugar, desmintieron sus dichos" prosiguen los miembros del tribunal.

"Todo lo expuesto da por tierra la argumentación sostenida por el Agente Fiscal, en cuando a que el homicidio de Daiana se produjo en el curso de esa reunión" continúan.

Y además, señalan que "en segundo lugar, tampoco se haya acreditado que con posterioridad a provocarle la muerte, el cuerpo de la joven haya sido trasladado al descampado sito a la vera de las vías del ferrocarril paralelas a la calle Thompson y a la altura de la calle Méjico de Bahía Blanca, donde fuera hallado el día 7 de diciembre de 2003".

… "Por su parte —mencionan los jueces— el señor Defensor de confianza del procesado se limitó a señalar que no hay una sola prueba en contra de su defendido. Afirmó que se habló de la noche, de las drogas, de la relación de Daiana con la drogas y con sus primas, pero nada de ello relaciona a su pupilo con el hecho".

Y agregan que "con respecto al testigo W. afirma que le hicieron repetir una historieta que ni siquiera pudo sostener en el debate, contraponiéndose con lo que afirmó en la etapa investigativa. Que no existe nada en contra del imputado, solicitando la absolución de su pupilo".

…

Finalmente, los jueces Fortunatti, Watkins y Mércuri, afirman que como "no existen elementos probatorios suficientes para tener como legalmente acreditada la participación del procesado Erwin Hardy Fernández Valenzuela en el hecho por el que viene acusado, por lo cual, se absuelve libremente de culpa y cargo al procesado antes nombrado como autor en el delito de homicidio que se le imputa" [nota 4].

El problema no termina allí. No conforme con MARGIOTTA y el asesinato del Dr. Felipe GLASMAN, LONG también mostró su falta de idoneidad y su desprecio por la ley sometiendo a persecución penal a una persona inocente o, al menos, a una persona respecto de la cual carecía de todo elemento de convicción para detenerla durante dos años anticipándole la imposición de una pena privativa de libertad que no fue capaz de demostrar que el Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA merecía sufrir. En este sentido, se puede leer en La Brújula digital:

OTRO CRIMEN IMPUNE: ABSOLVIERON AL ÚNICO ACUSADO DE MATAR A LA JOVEN DAIANA MÉNDEZ

Los jueces Claudia Fortunatti, María Eloísa Errea de Watkins y Guillermo Mércuri absolvieron a Erwin Fernández Valenzuela, quien era el único acusado de matar a la joven Daiana Méndez en noviembre del 2003.

Los magistrados entendieron que las pruebas y testimonios aportados durante le debate oral no eran suficientes para acreditar la autoría del acusado.

Así, tras pasar más de dos años en prisión Erwin Fernández Valenzuela recuperará la libertad, ya que además es de preveer que ningunas de las partes – ni el Fiscal ni el particular damnificado -, apelé la decisión judicial.

Al termino de la lectura de la sentencia la madre de la víctima dijo a los medios que en el fondo de su corazón siempre supo que éste hombre no era el culpable.

Cecilia Cofré anunció que seguirá buscando justicia: “Voy a ir por el asesino, lo voy a buscar y Dios me va a ayudar”.

La mujer indicó además que unirá sus esfuerzos con los de Julio Moretti - padre de Luciana, otra joven asesinada en la ciudad -, ya que ambas frecuentaban el mismo local bailable.

Ambos padres creen que el asesino de sus hijas tiene que ver con el entorno del boliche y la gente con la que allí se encontraban las chicas.

“Acá se investigó mal, lo siento en mi corazón", dijo la mujer al tiempo que criticó al fiscal Long de quien dijo que "investigó mal y luego no dio la cara".

"Igual estoy tranquila, porque tampoco quería que por el homicidio de mi hija pagara alguien inocente", finalizó la mamá de Daiana, cuyo crimen sigue impune [nota 5] .

La nota escrita contiene, además, dos entrevistas en video. En la entrevista al Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA [nota 6], éste dijo:

EFV: “Yo pienso que todo esto fue armado por la Fiscalía, por la Policía, y… por ello, por ellos… ellos fueron los que hicieron todo esto”.

P: “¿Los culpables tienen nombre y apellido?”.

EFV: “No sé si los culpables, hoy por hoy… Pero los que armaron la causa se llaman Long y la Policía…” (destacado en negrita agregado).

La madre de Daiana, Cecilia COFRÉ [nota 7], por su parte, dijo a la prensa:

CC: “Yo ví que los testigos que declararon durante todos estos días del juicio mentían mucho, hubieron cosas que no son ciertas…

CC: “Yo creo que él no fue”.

P: “¿Usted cree que no se investigó lo suficiente?”.

CC: “No, no. Esa hipótesis, porque cuando el fiscal agarró la causa, bueno, se inclinó por esta banda de los chilenos, como él la nombró, y, bueno, se inclinó hacia una parte de mi familia, que también sentí en un principio que no tenía nada que ver, porque más allá de que ellos tienen antecedentes, nunca pensé que podrían llegar a tanto…”.

P: “¿Se hicieron mal las cosas entonces, hubo…?”.

CC: “Sí, se trabajó muy mal, lo único que lamento yo de todo esto es que éste es un caso más impune, no se ha hecho justicia, que el fiscal Long trabajó mal, y no dio la cara cuando tendría que haber estado hoy, él, acá también…”.

CC: “… Yo quiero que pague el que fue, no que por conformarme a mí como madre agarren a cualquier persona porque tiene antecedentes y lo acusen de cosas que no hizo, ¿no?” (destacado en negrita agregado).

IV. LA UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

En la calidad de la Dra. FALBO de cabeza del Ministerio Público Fiscal, y toda vez que éste se organiza en una estructura piramidal entendemos, que es su deber corregir la actuación irregular tanto del Fiscal General de Bahía Blanca, el abogado Juan Pablo FERNÁNDEZ, como del Agente Fiscal Christian LONG.

El problema que se da en la Provincia de Buenos Aires es idéntico al que se da en la justicia nacional. Como lo señala correctamente Mirna GORANSKY:

“La CN establece que el MP es un órgano independiente, con autonomía funcional. A su vez la ley establece que actúa con unidad de actuación “sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales...” [nota 8]. Esta independencia orgánica, y su consecuente autonomía, ha sido entendida por un lado como autonomía respecto del resto de los poderes públicos (en este sentido, no puede recibir instrucciones de ninguna otra autoridad, se le garantiza su presupuesto, etcétera); por otro, como actuación independiente y sin injerencias de cada uno de los fiscales que integran la institución.

El problema se presenta entre nosotros por la confusión que existe entre distintos conceptos: por un lado el de la independencia judicial y, por otro, el grado de autonomía necesaria para actuar de los fiscales [nota 9]”(GORANSKY, Mirna, El ministerio público. Estudio comparado sobre su estructura y organización, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2008, en prensa).

Como indica la autora, este problema es muy bien planteado por Julio MAIER en una entrevista que ella le hiciera y que integra su obra:

“La razón profunda radica en esta teoría argentina, de la cual son responsables Alfredo Vélez y Soler —y no sólo en Argentina sino que en casi toda Latinoamérica que dispone que los fiscales sean órganos judiciales—. Esto no es así en todo el mundo. En nuestro sistema se llega a extremos en los que hasta los defensores son órganos judiciales y, por lo tanto, tienen las mismas características que tienen los jueces: son nombrados igual que los jueces, son destituidos igual que los jueces, etc.., cuando, en realidad, el defensor es como un maestro de escuela pública o como un médico de un hospital, es un individuo que pone el Estado para auxiliar a aquellas personas que no pueden acceder a ciertos servicios que se consideran elementales para la dignidad humana. Nada más que esto. Y por eso existen los hospitales, porque el Estado quiere que cierto nivel de salud sea accesible para todos; lo mismo pasa con la escuela pública. No hay duda que los defensores no son autoridades constitucionales; obviamente a ellos no les conviene dejar de ser lo que son, pero no tienen porqué ganar lo que gana un juez, ni ser destituido siguiendo procedimientos similares, etc. Toda esta consideración hacia estos funcionarios como funcionarios judiciales ha permitido que ingresen en las constituciones y que tengan un estatus que no les corresponde. También esta es la razón por la que defensores y fiscales se sienten totalmente independientes y sostengan que a ellos no los puede mandar nadie. Esto es algo que siempre se sostuvo respecto del Ministerio Público. Sin embargo, una cosa es sostener que el principio de legalidad rige para ellos también y, por lo tanto, son responsables disciplinariamente por no observarlo, y otra cosa es dar por tierra con el principio de unidad e indivisibilidad que debe regir la actividad del Ministerio Público. Pero así son las cosas y acá hay tantos ministerios públicos como fiscales existen, cada uno hace lo que quiere con sus casos. Es por eso, también, que se habla de competencia por razón del turno de los jueces y, también, de los fiscales; hasta los periodistas se enojan y dicen: ‘le sacó la causa al fiscal tal para dársela al fiscal tal’” (Entrevista al Prof. Julio B. J. Maier, en GORANSKY, El ministerio público. Estudio comparado sobre su estructura y organización, citado).

Como no puede ser de otra manera, este curioso concepto de “autonomía” también se ve reflejado en la falta de mecanismos de control y evaluación del trabajo llevado a cabo por los fiscales y en la resistencia a cualquier medida destinada a ello. Sin embargo, resulta claramente impropia en un régimen que debe garantizar la unidad de actuación del ministerio público fiscal, pues en este sistema distorsionado por una organización refleja a la de los órganos jurisdiccionales, si los fiscales generales no pueden revisar y organizar el trabajo de sus subordinados jerárquicamente, tal unidad de actuación resultaría de imposible aplicación.

V. 2. ¿Destruyendo la unidad?

Si atendemos a los hechos de este caso, resulta evidente que LONG no controla su exposición mediática, y que utiliza a la prensa para atacar a las partes que no comparten su visión respecto del juicio, llegando al punto, además, de amenazar a los periodistas que no comparten su mirada del caso como posibles partícipes en el delito de encubrimiento.

Pero en lo que aquí nos ocupa, es autoevidente que LONG ordenó el archivo del posible coautor del homicidio agravado del Dr. Felipe GLASMAN en forma inmotivada, extemporánea y contando con elementos que permitían llevar a VIDAL a juicio, encerrándose en argumentos circulares que solo puede fundar las creencias o intuiciones de su intelecto carentes de todo elemento objetivo de convicción que les den sustento y que no resisten un análisis serio.

¿Cómo puede suceder esto? Muy sencillo: LONG cuenta con la cobertura del Fiscal General FERNÁNDEZ, quien por un lado proclama la vigencia del principio de objetividad y a renglón seguido se desdice en su actuación práctica, al confirmar un archivo que o bien debió ser ordenado con un año de anticipación, o bien debió derivar en una acusación y posterior elevación a juicio; en tanto que revisa saltándose todas las formalidades legales, la investigación respecto de uno de los abogados que disienten con LONG.

En el colmo del paroxismo de su cruzada mediática acusa a quienes pretendemos que VIDAL sea juzgado por el homicidio del Dr. Felipe GLASMAN de que nuestra única intención consiste en “neutralizar a Vidal como testigo”, sabiendo a ciencia cierta no solo que Vidal no podría declarar como testigo (pues él mismo lo mantiene como imputado), sino porque ni siquiera lo citó en tal calidad para el juicio contra COLMAN. La mala fe de LONG al hacer estas declaraciones es manifiesta y no hay manera de que sea justificada.

Pero por sobre todas las cosas, entendemos que la actitud constante de ambos fiscales en atacar, directa o indirectamente a nuestros representados, con medias verdades, que se constituyen en verdaderas mentiras, impropias para cualquier persona que participa de un proceso judicial, pero ética y procesalmente reprochable cuando estas maniobras son efectuadas por funcionarios públicos, importan una actitud que destruyó la concordia familiar, separó a la madre de sus hijos y les generó a estos innumerables padecimientos —como le fuera informado en anteriores ocasiones a la Sra. Procuradora—.

Es misión de los funcionarios del ministerio público no solo averiguar la verdad, respondiendo a parámetros objetivos de actuación, sino proteger y tratar con dignidad a las víctimas, y evitar que éstas sufran nuevamente las consecuencias del delito.

Claramente, los fiscales LONG y FERNÁNDEZ no comparten estos principios y se debería arbitrar, desde la Procuración General, los remedios que permitan paliar estas actitudes, pues ellos mismos representan a toda la institución en tanto que su actuación es única, y por ello exigimos que esas medidas se tomen de inmediato para que cesen las continuas y sistemáticas agresiones ilegítimas del Fiscal Christian LONG contra los particulares damnificados, Sra. Laura GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN, y contra sus apoderados legales.

Aprovechamos la oportunidad para saludarla muy atentamente,

Firmado por Alberto BOVINO



NOTAS

[nota 1] LONG ha sido recusado por tres particulares damnificados: la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA, la Sra. Laura GLASMAN, y el Sr. Eduardo GLASMAN. LONG ha sido recusado por la defensa del presunto autor material. LONG ha sido denunciado por este apoderado por la comisión del delito de omisión de denuncia previsto en el art. 274 del Código Penal. LONG ha sido denunciado ante Ud. por la Dra. Nidia MOIRANO, ex-apoderada de la viuda y de los hijos de la víctima. La Sra. Laura GLASMAN se reunió con Ud. y le explicó minuciosamente todas las irregularidades cometidas por él. El Sr. Eduardo GLASMAN se reunió con un funcionario que depende de Ud. y explicó de la misma manera la conducta arbitraria e ilegal de LONG. El Sr. Eduardo GLASMAN se reunió con el Fiscal General FERNÁNDEZ y reiteró sus manifestaciones. El Sr. Eduardo GLASMAN, y sus apoderados Juan Pablo CHIRINOS y Mariano JARA se reunieron con FERNÁNDEZ y con el propio LONG y repitieron los mismos cuestionamientos. LONG ha sido denunciado ante el Colegio de Abogados de San Isidro por este apoderado, y posteriormente ante el Colegio de Abogados de Bahía Blanca.

[nota 2] Muchos de estos medios de prueba constan en la bitácora “La Causa Glasman” (http://causaglasman.blogspot.com/).

[nota 3] Adjuntamos escrito de recusación contra LONG; denuncia penal por omisión de denuncia; denuncia presentada al Colegio Público de Abogados de Bahía Blanca.

[nota 4] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 5] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 6] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 7] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 8] [Nota en el texto citado] Cf. Artículo 1 LOMP.

[nota 9] [Nota en el texto citado] La independencia judicial no tiene nada que ver con la que requiere el MP para funcionar; los jueces tiene que ser independientes como garantía para los ciudadanos en el sentido de asegurar que al momento de tomar una decisión son ajenos a cualquier injerencia externa —de los otros poderes del Estado—, o interna —del propio Poder Judicial—. El MP, por el contrario, para cumplir con sus funciones se tiene que relacionar activamente con otros poderes u organismos, cosa vedada al Poder Judicial.

OTRO DE LOS “GRANDES TRIUNFOS” DEL FISCAL CHRISTIAN LONG

En una nuevo episodio de la actuación telenovelesca del fiscal LONG, luego de más de cinco años, se llevó a cabo el juicio por el homicidio de la joven Daiana MÉNDEZ, ocurrido en noviembre de 2003. El fiscal LONG, que fue quien condujo la pesquisa, con su peculiar estilo de investigación, logró garantizar la impunidad del responsable del asesinato. Tal como sucedió en el caso MARGIOTTA.

En una nota de La Brújula digital se puede leer:

LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL PARA ABSOLVER AL ACUSADO DE ASESINAR A DAIANA MÉNDEZ

Los jueces Claudia Cecilia Fortunatti, María Eloísa Errea de Watkins y Guillermo Mercuri, integrantes del tribunal oral criminal n°2 de nuestra ciudad, resolvieron absolver de culpa y cargo a Erwin Fernández Valenzuela por entender que no existían elementos suficientes para su condena por el homicidio de Daiana Méndez.

…

Más adelante los magistrados afirman que "entrando al análisis pormenorizado de la prueba producida a lo largo del presente proceso, me permitiré discrepar con el titular de la vindicta pública, para la suscripta no superan la categoría de meras hipótesis".

Y continúan "ningún testimonio oído en la sala de debates pudo situar a la joven en una casa ubicada en el sector sureste de la ciudad, al momento de producirse su muerte, tal como lo sostiene la acusación en su alegato final".

"El Sr. Agente Fiscal basa la acreditación de tal extremo fáctico en los dichos brindados por el testigo de identidad reservada nro. 8, en cuanto a que presenció una discusión entre el hoy imputado, la joven Carina Gómez, y la víctima, en el domicilio'la Chancha Álvarez' sito en calle Thompson atrás del mercado".

"Pero dicha afirmación se encuentra huérfana de corroboración alguna, pues todas las personas que dicho testigo nombró como presentes en el lugar, desmintieron sus dichos" prosiguen los miembros del tribunal.

"Todo lo expuesto da por tierra la argumentación sostenida por el Agente Fiscal, en cuando a que el homicidio de Daiana se produjo en el curso de esa reunión" continúan.

Y además, señalan que "en segundo lugar, tampoco se haya acreditado que con posterioridad a provocarle la muerte, el cuerpo de la joven haya sido trasladado al descampado sito a la vera de las vías del ferrocarril paralelas a la calle Thompson y a la altura de la calle Méjico de Bahía Blanca, donde fuera hallado el día 7 de diciembre de 2003".

…

"Por su parte —mencionan los jueces— el señor Defensor de confianza del procesado se limitó a señalar que no hay una sola prueba en contra de su defendido. Afirmó que se habló de la noche, de las drogas, de la relación de Daiana con la drogas y con sus primas, pero nada de ello relaciona a su pupilo con el hecho".

Y agregan que "con respecto al testigo W. afirma que le hicieron repetir una historieta que ni siquiera pudo sostener en el debate, contraponiéndose con lo que afirmó en la etapa investigativa. Que no existe nada en contra del imputado, solicitando la absolución de su pupilo".

…

Finalmente, los jueces Fortunatti, Watkins y Mércuri, afirman que como "no existen elementos probatorios suficientes para tener como legalmente acreditada la participación del procesado Erwin Hardy Fernández Valenzuela en el hecho por el que viene acusado, por lo cual, se absuelve libremente de culpa y cargo al procesado antes nombrado como autor en el delito de homicidio que se le imputa" .

El problema no termina allí. No conforme con MARGIOTTA y el asesinato del Dr. Felipe GLASMAN, LONG también mostró su falta de idoneidad y su desprecio por la ley sometiendo a persecución penal a una persona inocente o, al menos, a una persona respecto de la cual carecía de todo elemento de convicción para detenerla durante dos años anticipándole la imposición de una pena privativa de libertad que no fue capaz de demostrar que el Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA merecía sufrir. En este sentido, se puede leer en La Brújula digital:

OTRO CRIMEN IMPUNE: ABSOLVIERON AL ÚNICO ACUSADO DE MATAR A LA JOVEN DAIANA MÉNDEZ

Los jueces Claudia Fortunatti, María Eloísa Errea de Watkins y Guillermo Mércuri absolvieron a Erwin Fernández Valenzuela, quien era el único acusado de matar a la joven Daiana Méndez en noviembre del 2003.

Los magistrados entendieron que las pruebas y testimonios aportados durante le debate oral no eran suficientes para acreditar la autoría del acusado.

Así, tras pasar más de dos años en prisión Erwin Fernández Valenzuela recuperará la libertad, ya que además es de preveer que ningunas de las partes – ni el Fiscal ni el particular damnificado -, apelé la decisión judicial.

Al termino de la lectura de la sentencia la madre de la víctima dijo a los medios que en el fondo de su corazón siempre supo que éste hombre no era el culpable.

Cecilia Cofré anunció que seguirá buscando justicia: “Voy a ir por el asesino, lo voy a buscar y Dios me va a ayudar”.

La mujer indicó además que unirá sus esfuerzos con los de Julio Moretti - padre de Luciana, otra joven asesinada en la ciudad -, ya que ambas frecuentaban el mismo local bailable.

Ambos padres creen que el asesino de sus hijas tiene que ver con el entorno del boliche y la gente con la que allí se encontraban las chicas.

“Acá se investigó mal, lo siento en mi corazón", dijo la mujer al tiempo que criticó al fiscal Long de quien dijo que "investigó mal y luego no dio la cara".

"Igual estoy tranquila, porque tampoco quería que por el homicidio de mi hija pagara alguien inocente", finalizó la mamá de Daiana, cuyo crimen sigue impune.

La nota escrita contiene, además, dos entrevistas en video. En la entrevista al Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA , éste dijo:

EFV: “Yo pienso que todo esto fue armado por la Fiscalía, por la Policía, y… por ello, por ellos… ellos fueron los que hicieron todo esto”.

P: “¿Los culpables tienen nombre y apellido?”

EFV: “No sé si los culpables, hoy por hoy… Pero los que armaron la causa se llaman Long y la Policía…”.

La madre de Daiana, Cecilia COFRÉ , por su parte, dijo a la prensa:

CC: “Yo ví que los testigos que declararon durante todos estos días del juicio mentían mucho, hubieron cosas que no son ciertas…

CC: “Yo creo que él no fue”

P: “¿Usted cree que no se investigó lo suficiente?”.

CC: “No, no. Esa hipótesis, porque cuando el fiscal agarró la causa, bueno, se inclinó por esta banda de los chilenos, como él la nombró, y, bueno, se inclinó hacia una parte de mi familia, que también sentí en un principio que no tenía nada que ver, porque más allá de que ellos tienen antecedentes, nunca pensé que podrían llegar a tanto…”.

P: “¿Se hicieron mal las cosas entonces, hubo…?”.

CC: “Sí, se trabajó muy mal, lo único que lamento yo de todo esto es que éste es un caso más impune, no se ha hecho justicia, que el fiscal Long trabajo mal, y no dio la cara cuando tendría que haber estado hoy, él, acá también…”.

CC: “… Yo quiero que pague el que fue, no que por conformarme a mí como madre agarren a cualquier persona porque tiene antecedentes y lo acusen de cosas que no hizo, ¿no?” (destacado en negrita agregado).

DERECHO DE RÉPLICA - SEGUNDA PARTE

TEXTO DEL ESCRITO DE LOS ABOGADOS DEL CELS Y DE JUAN PABLO CHIRINOS A LOS SRES. NOIR Y SASSO

ADJUNTAN TEXTO DE DERECHO DE RESPUESTA DE ALBERTO BOVINO

Sres. Martín NOIR y Germán SASSO
Editores responsables de
labrujulanet.com.ar

Andrea POCHAK y Diego MORALES, abogados del CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), y Juan Pablo CHIRINOS, patrocinantes del Sr. Alberto BOVINO, manteniendo nuestro domicilio local en Palau 22, nos dirigimos a Ustedes con motivo del derecho de rectificación y respuesta de nuestro representado.

Hemos escuchado en una de sus emisiones radiales que habrían accedido al pedido que realizáramos patrocinando al Sr. Alberto BOVINO, solicitando ejercer su derecho de rectificación y respuesta en relación a falsos hechos o afirmaciones que Uds. le atribuyeron en su desempeño profesional en el caso por el asesinato del Dr. Felipe GLASMAN.

Es por este motivo que, además de celebrar su decisión, adjuntamos el texto que deberán publicar íntegramente en la edición digital. Del mismo modo, adjuntamos el audio correspondiente para que sea emitido en el mismo programa radial en el que se difundieron las noticias que se responden.

Cumplidas todas y cada una de estas exigencias, consideraremos que están actuando de buena de buena fe y que han cumplido con lo que afirmaron en uno de sus programas radiales. Sólo en estos términos consideraremos que se ha habrá cumplido con lo solicitado por el Sr. Alberto Bovino y se habrán respetado sus derechos constitucionales.

Quedamos a su disposición ante cualquier aclaración o pregunta que requieran, y saludamos a Uds. muy atentamente,

Firman:
Andrea POCHAK y Diego MORALES
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES

Juan Pablo CHIRINOS




TEXTO DEL ESCRITO DE ALBERTO BOVINO CON EL CONTENIDO DE SU RESPUESTA

Alberto BOVINO, abogado y apoderado de los hermanos Laura y Eduardo GLASMAN ejerce su derecho de rectificación y respuesta

Desde que vine por primera vez a Bahía Blanca, con el fin de prestar apoyo legal a los hijos del Dr. Felipe GLASMAN, en la causa en la que se investiga su asesinato, tanto en sus programas radiales como en las notas que aparecen en su página en la red, se han afirmado hechos y circunstancias falsos y de carácter agraviante hacia mi persona. Tales afirmaciones no solo son falsas sino que, además, se formularon sin haber tenido el menor elemento de prueba que las sustenten.

Frente a esta situación, mis abogados Andrea POCHAK y Diego MORALES del CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS, www.cels.org.ar) me aconsejaron tomar alguna medida que me protegiera de estos ataques. Así fue como se tomó la decisión de presentar el escrito que les entregamos el 24 de agosto, donde exigimos a los editores responsables —Sres. Martín NOIR y Germán SASSO— que por este mismo medio se me concediera derecho de rectificación y respuesta.

Dados los hechos y circunstancias enunciados previamente, exijo que se difunda por su programa radial, y que se publique en su página digital el contenido íntegro de esta nota, para hacer efectivo el ejercicio de mi derecho.

En este sentido, es preciso aclarar a la opinión pública que:

1. No es cierto que el Sr. Eduardo GLASMAN haya desconocido el nombre de la empresa donde trabaja desde hace años. Sí es cierto que el fiscal Christian LONG envió un inapropiado correo electrónico a mi cliente, y que éste se limitó a contestarlo —siguiendo mi consejo profesional— con la pregunta de “en qué contexto había surgido tal afirmación”, y que dicha pregunta jamás fue respondida.

2. No es cierto que exista, ni que se haya demostrado, vinculación alguna entre ninguno de los apoderados de la Sra. Laura GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN con la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA. Sólo este medio y el fiscal LONG han afirmado la existencia de esta vinculación, sin fundamento en elemento objetivo alguno que pudiera corroborarla.

3. No es cierto que este apoderado o algún otro miembro de su equipo de trabajo, hayan recibido dinero o cualquier otro bien o derecho de contenido patrimonial de parte de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA o de su presidente, el Dr. CARIGNANO.

4. No es cierto que este apoderado o algún otro miembro de su equipo de trabajo haya promovido o esté por promover juicio político contra el fiscal Christian LONG por supuesto mal desempeño de funciones.

5. No es cierto que este apoderado o algún otro miembro de su equipo de trabajo en el caso del asesinato del Dr. Felipe GLASMAN hayan solicitado medidas o actuaciones contra el fiscal Christian LONG de manera conjunta con los abogados de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA, o de manera autónoma, con el fin de detener el “inevitable avance de las investigaciones” del fiscal. Todas las medidas de prueba solicitadas por este abogado se fundan en la defensa de los intereses de los hijos del Dr. Felipe GLASMAN, y todas las hipótesis sostenidas han sido acompañadas con elementos objetivos de prueba que las corroboran.

6. Este apoderado y todo su equipo de trabajo han decidido, en conjunto con sus clientes, Laura y Eduardo GLASMAN, actuar en la causa de modo transparente. Por ello, desde el inicio de su trabajo en esta causa (julio de 2007), se creo la bitácora “La Causa Glasman” (http://causaglasman.blogspot.com), en la cual se puede conocer la opinión de los hijos del Dr. Felipe GLASMAN y los escritos judiciales presentados ante los órganos competentes. Sería deseable que todos los que participan en esta causa judicial actuaran con la misma transparencia.

Atentamente,



Alberto BOVINO

ARCHIVO IRREGULAR DE LA INVESTIGACION DE JAVIER VIDAL

Sra. Procuradora General
ante la Corte Suprema
de la Provincia de Buenos Aires
Dra. María del Carmen Falbo
Buenos Aires, 28 de julio de 2008
Ref.: Archivo de la investigación de Vidal en causa “Glasman”

Sra. Procuradora General Dra. Falbo:

Alberto Bovino y Juan Pablo Chirinos, abogados, apoderados de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, a quienes representamos en la causa, nos dirigimos a Ud. por mandato expreso de nuestros representados:

I. Objeto

Según el mandato de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, hijos del Dr. Felipe Glasman, y particulares damnificados en la IPP Nº 49.814, “Colman, Vicente Guillermo y otros s/homicidio calificado”, debemos poner en su conocimiento nuevas medidas tomadas por el Agente Fiscal Christian Long y el Fiscal General Departamental Juan Pablo Fernández tendientes a garantizar la impunidad de uno de los posibles partícipes en la comisión del homicidio agravado del Dr. Felipe Glasman: el imputado Javier Daniel Alfredo Vidal, a fin de que disponga las medidas que estime procedentes.

...

el uso excesivo [por parte del fiscal Long] de los medios y su alta exposición pública se incrementó aún más luego de estos incidentes. En relación al tema central que nos ocupa en esta oportunidad, el archivo de la investigación abierta contra Javier Daniel Alfredo Vidal, la campaña mediática para proteger la decisión del fiscal, que se resiste de todas las maneras posibles a llevar a juicio a quien él mismo describió como posible coautor o partícipe en el homicidio agravado del Dr. Felipe Glasman, fue iniciada mucho antes del archivo de dicha investigación y llevada a cabo sobre la base de presupuestos incorrectos que, además, contribuyeron a atribuir a algunos particulares damnificados la intención de evitar la condena de Colman.

Sin embargo, veremos cómo esta campaña tuvo por objeto, entre otros, el de sellar toda posible persecución penal contra el imputado Javier Daniel Alfredo Vidal.

III. Los hechos
III. 1. Los actos preparatorios

La campaña de prensa comenzó cuando el fiscal Christian Long “informó” a los medios de prensa que todos aquellos que pretendíamos que Vidal fuera llevado a juicio estábamos, en realidad, tratando de impedir que Colman fuera condenado. Por supuesto, tal acusación —sobre un hecho cuya gravedad lo transforma en un hecho delictivo, pues de ser ciertos sus dichos, los abogados que incurriéramos en esa conducta estaríamos, al menos, prevaricando— carece de fundamento en cualquier elemento de prueba y, lo que es más grave aún, fue formulada tergiversando las medidas procesales y, además, distorsionando el derecho aplicable ante la prensa.

En efecto, la declaración en la cual Vidal incrimina a su tío Colman no fue realizada por Vidal en calidad de testigo. Por el contrario, fue la decisión del fiscal de ordenar la captura de Vidal por su posible responsabilidad en el homicidio la que condujo a que Vidal declarara mediante indagatoria y, por lo tanto, sin juramento de decir verdad.

Como surge del audio que acompañamos, el fiscal Long no dice la verdad. Ello pues no utiliza el término “testigo” en sentido coloquial, como sinónimo de “declarante” sino que se ocupa especialmente de aclarar que si el caso de Vidal es elevado a juicio, éste declarará en calidad de imputado y, en consecuencia, podrá mentir. La mejor prueba de ello es que el fiscal Long no ofreció como testigo a Vidal. Mal podríamos nosotros neutralizar a un “testigo” que no era tal, y que tampoco había sido ofrecido por el fiscal Long.

Este hecho es gravísimo. El fiscal no solo informa a la prensa sobre las intenciones de los abogados —cuando no ha podido acreditar las intenciones de ninguno de los imputados—, sino que, además, nos atribuye intenciones delictivas sabiendo que para ello debe engañar a la prensa sobre el derecho vigente.

III. 2. La arbitrariedad

Antes de ello, Long había rechazado una solicitud de los abogados de la AMBB para que se eleve a juicio junto con el caso de Colman el caso de su sobrino Vidal. En primer término, debemos tener en cuenta que es una regla general respecto de las resoluciones del MP el deber de motivarlas, exigencia que el fiscal Long acostumbra a ignorar. Según el art. 56, párrafo tercero, del Código Procesal Penal:

“Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos” (destacado agregado).

Veamos ahora la respuesta que le diera Long al abogado Mariano Silvestroni cuando éste solicitó que se elevara a juicio la causa de Vidal. La única respuesta que se dio fue que:

a) Esa decisión le corresponde al fiscal; y

b) que el plazo prorrogado para investigar no había sido agotado.

En este punto, por un lado, cabe recordar que Silvestroni sabía lo señalado en el punto a), y fue por ello que presentó el escrito ante el fiscal. Esta respuesta, entonces, no contesta nada, pues está claro que Silvestroni solicita la elevación a juicio por parte de Long ya que es el Ministerio Público quien debe cumplir esa tarea.

En segundo término, y lo que es mucho más grave, pone en evidencia el hecho de que el fiscal Long desconoce el sentido de un plazo que acota las facultades estatales para perseguir penalmente. El plazo del proceso no es un permiso para agotarlo, sino un límite. Además, no existe ninguna medida de investigación que la fiscalía haya producido de oficio respecto de Vidal en los últimos tiempos. En este sentido, no se comprende cómo se deja vencer el plazo de investigación sin haber pedido con anticipación medidas de prueba.

Así, el auxiliar investigador no cumple con su deber de indagar, sino que se limita a aceptar una decisión desincriminatoria. Ello significa que el tan mentado deber de objetividad en la persecución es desconocido para Long y su superior Fernández, que lo avala expresamente en este punto.

Veamos ahora qué circunstancias y elementos de prueba tomó en consideración el fiscal para archivar la investigación de Vidal. Los principales son los siguientes:

a) Los dichos del propio Vidal acerca de que fue engañado por Colman;
b) El día del hecho no descendió del automóvil, hecho corroborado por (Nombres de testingos);
c) Los tres testigos que reconocieron a Colman no lo hicieron respecto de Vidal;
d) Los testigos XX y XX lo ubican en el interior del vehículo.
e) Los testigos XX, XX, XX, XX y XX reconocen haber visto a Vidal una sola vez.

Respecto de los dichos de Vidal desentendiéndose del hecho delictivo que el mismo fiscal le atribuyó a fs. 5.025 y ss., poco queda por decir, más que, además de inverosímiles, no están corroborados y, aun así, son los únicos elementos, mediante los cuales el fiscal justifica que se cese de buscar la verdad en cuanto a la involucración de Javier Vidal en el asesinato de Felipe Glasman.

Si analizamos el pedido de que se libre orden de captura minuciosamente fundado por Long, veremos que, curiosamente, invoca para justificar la responsabilidad de Vidal a los mismos testigos que ahora invoca para fundar su falta de responsabilidad. Si bien el fiscal puede invocar el hecho de que le da valor de verdad a los dichos del imputado en su declaración indagatoria, no puede, al mismo tiempo, dar sustento a declaraciones testificales que ubican el automóvil en el que se conducían Colman y Vidal frente al local en el cual estaba trabajando el Dr. Felipe Glasman.

Es decir que los mismos testigos y las mismas declaraciones fueron utilizados para fundar —sin que el cuadro probatorio haya sido modificado en lo más mínimo— dos resoluciones totalmente contradictorias: una que incriminaba a Javier Vidal, otra que prácticamente lo exculpa por el hecho que se le atribuye. Esta manera de razonar, que sólo se limita a repetir dogmáticamente las conclusiones a las que el fiscal desea llegar, y no los motivos por los cuales llega a ellas, no cumple con el deber de motivar sus resoluciones que le impone el art. 56 del CPP.

Vayamos un poco más allá y veamos ahora cómo se utilizó el contenido de las declaraciones citadas. Así, nos resulta profundamente llamativo el hecho de que, luego de motivar profusamente la necesidad de la detención de Vidal —remitimos a las constancias obrantes a fs. 5.025 y ss.—, bastó que Vidal prestara declaración indagatoria, para ser desafectado entonces, y ahora, de la responsabilidad que le atribuyó el mismo fiscal del caso.

No hay prueba producida que apoye la conveniente versión de Vidal afirmando que éste desconocía los designios de Colman. Sólo su declaración indagatoria, que no concuerda con el resto del cuadro probatorio. El fiscal, sin apoyarse en ningún elemento objetivo de convicción, y de manera curiosa en una investigación de esta naturaleza, afirma creerle. Del análisis del cuadro probatorio es evidente que el imputado Javier Vidal falta a la verdad, esto es, miente. Así, su relato representa un claro intento de acomodar una versión desincriminatoria que no resulte opuesta a ciertos hechos probados. Es por ello que Vidal se ubica en tiempo y espacio en el escenario del homicidio y, simultáneamente, afirma no haber tenido conocimiento de nada de lo que sucedía. A pesar de ello, y por una cuestión extrínseca a la responsabilidad penal personal de Vidal, el fiscal Christian Long lo toma como su principal fuente de información.

En efecto, a pesar de la inverosimilitud de trascendentes aspectos de su descargo (como se señalaron anteriormente), sin evacuar siquiera una cita de su exposición, la Fiscalía se desinteresó de su afectación como detenido en el proceso. El propio Fiscal que lo imputó como coautor o cómplice necesario de un homicidio calificado, pocas horas después de su declaración, y sin que se hubiera agregado ningún elemento probatorio a los que motivaron su pedido de captura, dispuso su libertad.

Tomará luego, de los dichos de Vidal, argumentos para motivar el pedido de elevación a juicio respecto de Colman. Pero nada dirá de la importante cantidad de elementos probatorios que incriminan también al primero.

Por una parte, y sólo como ejemplo, la invocada existencia de un error sobre la situación objetiva de las acciones de Colman y de Vidal, que encuadran perfectamente en la tipicidad objetiva de la coautoría de homicidio doloso, y, más aún, la declaración de testigos creíbles que desmienten al imputado en indagatoria, exigen, sin ninguna otra posibilidad, la realización de un debate oral y público que, insólitamente, esta siendo impedido sin fundamentos por el fiscal a partir de su decisión procesal.

Tras la desafectación de este imputado como detenido, prácticamente ninguna actividad desplegó la Fiscalía para la confirmación –—o no— de su propia hipótesis delictiva. No produjo, en lo sustancial, ni una actividad probatoria tendiente a tal fin.

IV. Las “razones” de Fernández

IV. 1. Introducción

A continuación contrastaremos los argumentos invocados por el Fiscal General Departamental Juan Pablo Fernández, para rechazar las solicitudes de revisión presentadas con los hechos del caso. En primer término, es necesario analizar los dichos de Fernández en relación con la cuestión del criterio de objetividad en la conducta de los integrantes del ministerio público fiscal:

“Dicho esto, también es necesario destacar que la actividad procesal del Ministerio Público Fiscal debe ser desarrollada fundadamente y guiada por el principio de objetividad, que no es actividad imparcial debido al carácter de parte de este Ministerio, sino que ella refiere a la actuación estrictamente apegada a las normas constitucionales y al texto de una ley (art. 55 del CPP)” (p. 6).

Llama poderosamente la atención esta afirmación pues si hay algo que no caracteriza a la gestión de Long es que sus decisiones sean fundadas y que sean apegadas a las normas vigentes. Veamos un buen ejemplo, que es, precisamente, el manejo de los tiempos en los cuales a Long ordenó el archivo de la investigación sin apego a las exigencias del derecho vigente. Y ello surge de los mismos dichos del fiscal Fernández. En efecto, según el mismo fiscal Fernández, contradiciendo una de mis afirmaciones, dice sin ambigüedad alguna:

“… Lo que el legislador regló, y su inclusión en el presente artículo así se justifica, es la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de archivar causas iniciadas por cualquiera de los medios previstas en el rito procesal cuando no hubiere prueba suficiente sobre la existencia del hecho o la autoría”.

A continuación el fiscal Fernández corrobora nuestra tesis, esto es, que el fiscal Long archivó la causa sólo cuando lo consideró conveniente y no por las razones que Fernández pretende imponer como decisivas. En efecto, el mismo Fernández agrega:

“4.- En cuanto a las supuestas decisiones contradictorias esgrimidas por el Agente Fiscal interviniente debido a que había utilizado exactamente el mismo conjunto probatorio para solicitar la detención de Vidal como para proceder al archivo de la causa a su respecto, resulta una apreciación inexacta siempre que la declaración del imputado es un elemento de prueba… y, por tanto, valorable a la luz de la sana crítica racional, hecho que, como explicará el Sr. Agente Fiscal, ha permitido equilibrar los elementos de cargo y de descargo y, ante tal situación que impide avanzar hacia una acusación, empero a la vez no alcanza para el dictado de un sobreseimiento a su favor, aparece como razonable el archivo por insuficiencia dispuesto al respecto”.

Que la declaración del imputado constituye un elemento de prueba ya lo sabíamos. Lo que también sabíamos es que dado un cuadro articulado de diversos elementos probatorios enlazados entre sí que dan sentido a una hipótesis acusatoria, la mera declaración del imputado negando su posible responsabilidad no basta para “equilibrar” los elementos de cargo y de descargo.

Ello es lo que aquí sucedió, pues, como ya hemos señalado, los dichos de Vidal, tomados sin promesa o juramento de decir verdad, no resultaban suficientes —ni creíbles— con el consistente cuadro probatorio que señalaba su responsabilidad.

Finalmente, el jefe de Long impugna nuestro argumento referido al hecho de que, al momento de dictar el archivo de la investigación contra Vidal, que obra a fs. 6.611, no se había producido toda la prueba que esta parte solicitara y que, al ordenarla, el fiscal Long hizo propia y consideró medidas de prueba pertinentes y útiles. En este sentido, el CPP dispone:

“ARTICULO 59.- ( Según ley 13.078) Agente fiscal: el agente fiscal tendrá las siguientes facultades:

Dirigirá, practicará y hará practicar la investigación penal preparatoria actuando con la colaboración de la Policía en función judicial, solicitando las medidas que considere necesarias, ante los jueces o ante cualquier otra autoridad” (destacado agregado).

El fiscal Fernández agrega a lo ya dicho una circunstancia que, al contrario de lo que pretende, nos da la razón a nosotros y no al fiscal Long, a quien supone que defiende:

“A este respecto, cabe aducir que el diligenciamiento de la prueba a que refiere el revisionista luce a fs. 6569/6570, 6585 y 8712/8731, la que nada arroja al cuadro probatorio relacionado con la posible participación de Vidal en el hecho pesquisado, dado que todos los informes requeridos por el revisionista a fs. 6521/6522 dieron resultado negativo en relación a la prueba pretendida, por cuanto nada agrega a los fines valorativos que pudieran alterar las conclusiones vertidas en el escrito bajo revisión, como en la presente resolución” (destacado agregado).

Lo que el fiscal Fernández no comenta es que la prueba que él considera que diera resultado negativo, sólo había sido producida íntegramente después de que él rechazara nuestras revisiones. El fiscal no consideró que el objeto de la revisión era controlar la decisión de Long, y que cuando Long ordenó el archivo de la investigación, parte de la prueba que él mismo había ordenado se produjera aún no había sido incorporada.

IV. 2. La conducta de Long

En conclusión, lo que Long hizo, y que posteriormente fue corroborado por su fiscal superior Fernández, significa lo siguiente:

• Según lo dispone el derecho vigente en versión Long, la decisión de archivar, continuar investigando o elevar a juicio es exclusiva del agente fiscal y puede ser ejercida sin dar motivos fundados ni siquiera a los particulares damnificados.
• Tenga o no tenga pruebas, hasta que no se haya agotado el máximo del tiempo establecido del plazo legal, el fiscal es libre de hacer lo que desee.
• Cuando se ve obligado a resolver porque el plazo legal le vence, puede resolver aun si existe prueba pendiente de producción que puede ser relevante para la investigación.
• Cuando la AMBB solicitó la elevación a juicio de Vidal, Long no fundó su rechazo pues sólo invocó que se trataba de una decisión de su competencia —eso no es un fundamento, es sólo la constatación de un hecho— y que el plazo no había vencido —eso tampoco es un argumento— Por otra parte, según el fiscal Fernández, Long no podía mantener la investigación de Vidal sin archivar si no había pruebas y, también según Fernández, la falta de pruebas permaneció inalterable desde la misma declaración de Vidal, donde realizó su inverosímil descargo que tan bien le venía para mejorar su situación procesal. Al mismo tiempo, el fiscal Fernández pretende defender la arbitrariedad de Long de decidir mantener abierta la investigación contra Vidal, sin realizar ninguna medida de prueba. Mientras tanto, Long, en los medios, hacía de abogado defensor de Vidal y defendía su inocencia a través de declaraciones engañando a los periodistas y al público, y poniendo en duda la integridad de los particulares damnificados que cumplíamos nuestras funciones
• Si Long ordenó medidas de prueba solicitadas por uno de los apoderados de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, y no esperó que todas esas medidas fueran producidas, esto es, resolvió la situación procesal de Vidal ignorando elementos de convicción que ordenó porque consideró que eran necesarios, entonces no se puede afirmar ni que cumplió con la ley, ni que actuó objetivamente.
• Por último, la fecha elegida para ordenar el archivo sólo fue elegida por Long para que no se lo apartara del caso por mandato legal. Para resistir las solicitudes de apartamiento y las denuncias que presentamos la gran mayoría de los particulares damnificados y sus apoderados —v. gr., recusación de la AMBB; recusación de los hermanos Glasman; denuncia de la Dra. Nidia Moirano ante la Sra. Procuradora; denuncia ante el Colegio de Abogados de San Isidro de uno de los apoderados de los hermanons Glasman; denuncia penal de uno de los apoderados de los hermanons Glasman—, la cobertura política ya la tenía garantizada con Fernández.
• No es cierto, como dice Fernández, que la decisión de Long no se trató de un capricho sino de un deber funcional. El mismo Fernández explicó que su deber funcional consistía en ordenar el archivo en cuanto los elementos de convicción le impidieran avanzar hacia una acusación. Y eso ocurrió, también según Fernández, después de la declaración de Vidal ante el fiscal Long y la jueza.
• La mejor prueba de ello consistió en la decisión de ordenar las medidas de prueba que esta parte solicitara para luego no esperar su producción. Si la prueba era necesaria —si no, no se habría ordenado—, entonces no podía archivar, y la investigación debía continuar sin él.
• Y esa decisión no se trata de un deber funcional ni de nada que se le parezca, sino que, una vez más, el ministerio público fiscal insiste en mantener a un funcionario cuestionado por prácticamente todas las partes. Y estos cuestionamientos han incluido pruebas irrefutables de las razones por las que se lo impugna —v. gr., los correos electrónicos de Long a Eduardo Glasman, las declaraciones bajo juramento de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, la declaración bajo juramento de la Dra. Moirano; los dichos del propio Long ante el fiscal Fernández—.

IV. 2. ¿El Fiscal General puede “reprender” a los particulares damnificados?

I. En este aspecto del escrito de Fernández, el Fiscal General Departamental, prácticamente se identifica por completo con el cuestionado fiscal Long y, frente a un argumento de esta parte, nos “reprende” por ejercer los legítimos derechos que nos garantiza el ordenamiento jurídico vigente, mientras ignora las graves inconductas cometidas por el subordinado respecto del cual tiene el deber de controlar, algunas de ellas llevadas a cabo en su presencia.

Nuevamente se falta el respeto a las víctimas, ya que el Fiscal General Departamental Fernández afirmó en la resolución que confirmó el archivo de Vidal, lo siguiente:

“6.- Por último, el Dr. Bovino manifiesta que el decisorio que ataca contiene una motivación diversa a la expresamente contenida, que es la pretensión del Dr. Christian Fernando Long de no ser apartado de la presente investigación en los términos del art. 283 del rito procesal, dado que los plazos de investigación contenidos por el mismo estarían feneciendo respecto a Vidal.-

A esto cabe referir que, si bien es cierto que al momento en que el Agente Fiscal resuelve archivar la presente Investigación Penal
Preparatoria respecto de Vidal, el plazo de investigación del art. 262 del Código Procesal Penal se estaría venciendo, circunstancia que no fuera ocultada en modo alguno por el Sr. Agente Fiscal a cargo de la UFIJ Nº 5 (fs. 6602), ello no deslegitima por sí mismo la resolución bajo revisión. En cuanto a la finalidad del Fiscal interviniente de cumplir los plazos procesales para no ser apartado de la causa, antes que un capricho personal, constituye un deber funcional y la circunstancia de que algunos de los particulares damnificados pretendan su apartamiento no constituye en sí misma, una razón; máxime cuando en determinados casos, el particular damnificado se identifica con alguna de las personas sobre la que se sospecha de algún grado de participación en el hecho.-

Que desde la declaración de Vidal, la presente encuesta ha sumado más de tres mil (3000) fojas, muchas de las cuales refieren a diligencias probatorias encaminadas a corroborar o refutar la hipótesis fiscal del hecho y la autoría responsable en torno al homicidio del Dr. Glasman y la posible intervención de partícipes o instigadores del mismo, habiéndose atendido a los particulares damnificados en cuanto a la prueba que reclamaran, además de numerosos planteos de diversos órdenes de los letrados patrocinantes de la defensa y apoderados de los particulares damnificados entre los que se cuentan incidente de nulidad, interposición de recursos ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal departamental y pedidos de recusación del Agente Fiscal ante la Juez de Garantías actuante, todo lo que impide razonablemente concluir que existió inactividad procesal persecutoria del Agente Fiscal a cargo de la presente que, al mismo tiempo, permitiera calificar de ‘caprichosa’ su intervención”.

Es un hecho que Fernández admite que la circunstancia del vencimiento del plazo de la investigación fue determinante para la decisión cuya revisión le solicitamos oportunamente. A esta actitud la traduce en “… la finalidad [de Long] de cumplir los plazos procesales para no ser apartado de la causa, antes que un capricho personal, constituye un deber funcional…”.

Sin embargo, tal como lo aclaráramos, los plazos legales como el del art. 283 no representan autorizaciones para que los órganos del Estado agoten el plazo en todos los casos.

En este caso concreto, el mismo Fernández reconoció que en opinión de Long y suya —criterio que no compartimos—, los requisitos para archivar estaban dados con anterioridad a la fecha en que el archivo fue efectivamente ordenado. También Long reconoció la misma circunstancia pues, al rechazar la solicitud de la AMBB para que también se eleve a juicio el caso de Vidal contestó, como supuesta razón legítima para no hacer lugar al pedido, que el plazo legal no se había agotado.

Así, ambos funcionarios han reconocido expresamente que como acusadores estatales, tienen la facultad de ordenar el archivo en todos los casos al vencimiento del plazo legal, sin importar si se justifica o no esta decisión en las únicas razones que deben ser tomadas en cuenta para resolver sobre la cuestión: la subsistencia de la sospecha sustantiva de comisión del hecho punible cometido por el imputado y la posibilidad de que la investigación no quede paralizada sin poder alcanzar esa sospecha.

II. Por otra parte, no se comprende a título de qué, el Fiscal General Departamental, al resolver una revisión que impugna una decisión de su subordinado, el fiscal Christian Long, realiza un análisis en tono de reprimenda hacia los particulares damnificados por el legítimo ejercicio de sus derechos.

Máxime cuando el ejercicio de tales derechos no fueron un capricho de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, sino, en todo caso, una reacción para proteger sus derechos frente a las reiteradas irregularidades cometidas desde la Fiscalía a cuyo cargo se halla el fiscal Long.

Más allá de ello, el Fiscal General carece de competencia para evaluar la conducta procesal de partes que han intervenido en el proceso con total buena fe y que en ningún caso han sido amonestadas o sancionadas.

Mucho menos se comprende, además de resultar agraviante, la siguiente afirmación:

“… máxime cuando en determinados casos, el particular damnificado se identifica con alguna de las personas sobre la que se sospecha de algún grado de participación en el hecho” (destacado agregado).

Aquí, nuevamente, el Fiscal General se hace eco de las opiniones sin fundamentos probatorios del fiscal Long. Piénsese que el Sr. Eduardo Glasman debió soportar el maltrato de Long cuando éste último lo acusó —a él y a su hermana—, de que no les interesaba descubrir a los responsables del asesinato de su padre.

En este aspecto, más allá de la absoluta ausencia de facultades legales que Long cree tener para tomar medidas de investigación en contra de los particulares damnificados y de sus apoderados, sin elementos de prueba que así lo justifiquen, la fiscalía utiliza afirmaciones agraviantes de este tenor y que no puede probar en modo alguno —sucedió con las imputaciones de Long respecto a lo que la Dra. Moirano supuestamente cobraba de la AMBB el año pasado; sucedió con las supuestas vinculaciones de uno de los apoderados de los hermanos Glasman con la AMBB, en perjuicio de nuestros clientes, y la indagación sobre quién se hacía cargo de los honorarios de uno de los abogados— para controlar a las demás partes del proceso.

Las únicas alternativas del fiscal son dos: a) o bien demuestra la existencia de un conflicto de intereses y aparta al letrado o a la parte del procedimiento; o b) mientras que tal hipótesis solo exista en su imaginación, no sólo no puede investigar una cosa semejante, sino que tampoco puede anunciarlo públicamente como un hecho existente y verificado.

En este sentido, es importante destacar que el fiscal Christian Long, luego de ocuparse de los apoderados anteriores de los hermanos Glasman, en un reunión celebrada entre los fiscales Long y Fernández con el Sr. Eduardo Glasman y en presencia de uno de nosotros, el Dr. Juan Pablo Chirinos, dijo sin tapujos al Sr. Glasman que él “a Bovino no lo [iba] a atender porque es un maleducado”. Así, el fiscal Long, esta vez de manera frontal y en presencia de su superior Fernández, una vez más, advirtió a uno de mis representados que no podría ejercer sus legítimos derechos de jerarquía legal y constitucional por su puro capricho.

Llama la atención que el fiscal Fernández tenga tanta paciencia con un Agente Fiscal encargado de una división de delitos complejos. No sólo le permite decirle a nuestro cliente que no accederá al expediente a menos que saque del juego a uno de sus apoderados. Fernández también le dijo al Sr. Eduardo Glasman, en la que estaba presente una de sus apoderados (Chirinos), cuando le preguntó por qué razones Long los investigaba a nuestros clientes y a uno de sus apoderados, que “debían entenderlo, porque Long veía fantasmas por todos lados”. En una palabra, admitió que Long era paranoico.

Por último, también es un hecho gravísimo que Long le mintiera en la cara al Sr. Eduardo Glasman respecto de que él no había dicho que a la Dra. Nidia Moirano le pagaba —hasta el año pasado— la Asociación Médica, y frente a su superior jerárquico, cuando todos saben que el fiscal Long se cansó de afirmar ese hecho absolutamente falso no solo a los miembros de la familia Glasman, sino, además y especialmente, a todos los medios de prensa.

IV. 3. Sobre la “objetividad” para archivar

La “objetividad” del Fiscal General Departamental Fernández ha sido demostrada de modo inequívoco si comparamos cómo decidió confirmar el archivo de un sospechoso de homicidio como Vidal, en un caso con pruebas ajenas al imputado y con parte de sus propios dichos que lo incriminan, con la decisión de revocar el archivo de una denuncia absurda hecha por el Dr. Asad[1] contra uno de los apoderados de los hermanos Glasman.

En el caso que se halla radicado ante el Tribunal Criminal Nº 1, y exclusivamente a raíz de las pretensiones de perito del abogado Miguel Ángel Asad, se hizo una denuncia por estafa procesal y por falsedad ideológica de instrumento público. Lo que Asad sostuvo fue que en un escrito de protesta presentado por Bovino ante el Tribunal Criminal Nº 1, por su análisis de su redacción y por sus conocimientos de dibujo y pintura, ese escrito no lo había redactado, firmado ni presentado Alberto Bovino. Todo ello sin un solo elemento de convicción y con la ayuda exclusiva de su imaginación. La calificación de estafa procesal, por supuesto, resultaba absolutamente inaplicable a los hechos imaginados por el abogado de la Sra. Sosnitsky. Ni que hablar de la comisión de falsedad ideológica a los mismos hechos, cuando se trata de un supuesto en el que, según Asad, sólo podría ser calificado como falsedad material. Esta sola circunstancia demuestra la incomprensión del abogado Asad del derecho vigente.

El 21 de diciembre de 2007, con criterios absolutamente apegados a derecho, el Agente Fiscal Eugenio Casas resolvió desestimar la denuncia por estafa procesal, y archivar la denuncia presentada por Asad y calificada como “falsedad ideológica de instrumento público” —cuando era claro que los hechos imaginarios sólo podían constituir una falsedad material de instrumento privado—.

El 27 de marzo de 2008 se vuelve a presentar Beatriz Sosnitsky de Glasman con el patrocinio de Asad y, escribiendo tanto su apellido de soltera como su apellido de casada de manera incorrecta, y sin dar una sola razón que lo justifique, pretende constituirse en particular damnificada en una causa que, según había sostenido en su escrito anterior, afectaba el bien jurídico del buen servicio de justicia.

Se insiste allí con la afirmación de que el escrito de apelación fue presentado con fines dilatorios, con la estafa procesal y con la falsificación ideológica. La Sra. Jueza, de manera ajustada a derecho, rechazó la constitución en parte de la Sra. Sosnitsky. El resto es historia conocida. Asad insiste solicitándole al fiscal que designe a su asistida como particular damnificada. EL fiscal le da a la apelación del abogado el tratamiento de la solicitud de revisión y remite al Fiscal General.

El Fiscal General, de manera predecible, resolvió la reapertura de la investigación con el argumento de que no se habían producido medidas de prueba para desvirtuar la hipótesis denunciada. La resolución sería correcta si no fuera que para iniciar investigación se requiere un mínimo de elementos objetivos que indiquen la posible participación de una persona en un hecho punible. El Fiscal General no puede decir que a pesar de que la opinión de Asad no es prueba de nada, se debería haber hecho peritaje caligráfico que niegue los hechos de la denuncia sin fundamento alguno.

Por otra parte, para solicitar la revisión —y no la apelación que presentó Asad—, la Sra. Beatriz Sosnitsky de Glasman debía ser particular damnificada o víctima, y no era ni lo uno ni lo otro. Pero lo más grave es como el Fiscal General Fernández resuelve de oficio desarchivar y reabrir la investigación. Si comparamos el criterio aplicado en este caso, y en el caso de un sospechoso de asesinato respecto del cual existen numerosas pruebas en su contra, su “actuar objetivo” es más que dudoso. Así, dice Fernández:

“Y tal requerimiento resulta razonable toda vez que no puede descartarse, a priori, que estemos en presencia del delito de falsificación material de un instrumento privado ya que, a partir de los dichos de la hoy recurrente, podría existir la confección de un documento falso, presentado en un expediente judicial, del que puede resultar perjuicio, en los términos del primer párrafo del art. 292 del Código Penal. Ello en tanto que, de dicho documento, pueden emanar efectos jurídicos (posibilidad recursiva, honorarios, etc.).
…

Por lo expuesto, considerando que existen medidas de investigación pendientes que pueden resultar pertinentes para el esclarecimiento del hecho denunciado, conforme al art. 83 inc. 8º del Código Procesal Penal, RESUELVO: Revocar la resolución que dispone el archivo de estas actuaciones…”.

Huelgan los comentarios.

Si atendemos a los hechos de este caso, resulta evidente que Long no controla su exposición mediática, y que utiliza a la prensa para atacar a las partes que no comparten su visión respecto del juicio, llegando al punto, además, de amenazar a los periodistas que no comparten su mirada del caso como posibles partícipes en el delito de encubrimiento.

Pero en lo que aquí nos ocupa, es autoevidente que Long ordenó el archivo del posible coautor del homicidio agravado del Dr. Felipe Glasman en forma inmotivada, extemporánea y contando con elementos que permitían llevar a Vidal a juicio, encerrándose en argumentos circulares que solo puede fundar las creencias o intuiciones de su intelecto carentes de todo elemento objetivo de convicción que les den sustento y que no resisten un análisis serio.

¿Cómo puede suceder esto? Muy sencillo: Long cuenta con la cobertura del Fiscal General Fernández, quien por un lado proclama la vigencia del principio de objetividad y a renglón seguido se desdice en su actuación práctica, al confirmar un archivo que o bien debió ser ordenado con un año de anticipación, o bien debió derivar en una acusación y posterior elevación a juicio; en tanto que revisa saltándose todas las formalidades legales, la investigación respecto de uno de los abogados que disienten con Long.

En el colmo del paroxismo de su cruzada mediática acusa a quienes pretendemos que Vidal sea juzgado por el homicidio del Dr. Felipe Glasman de que nuestra única intención consiste en “neutralizar a Vidal como testigo”, sabiendo a ciencia cierta no solo que Vidal no podría declarar como testigo (pues él mismo lo mantiene como imputado), sino porque ni siquiera lo citó en tal calidad para el juicio contra Colman. La mala fe de Long al hacer estas declaraciones es manifiesta y no hay manera de que sea justificada.

Pero por sobre todas las cosas, entendemos que la actitud constante de ambos fiscales en atacar, directa o indirectamente a nuestros representados, con medias verdades, que se constituyen en verdaderas mentiras, impropias para cualquier persona que participa de un proceso judicial, pero ética y procesalmente reprochable cuando estas maniobras son efectuadas por funcionarios públicos, importan una actitud que destruyó la concordia familiar, separó a la madre de sus hijos y les generó a estos innumerables padecimientos —.

Alberto Bovino Juan Pablo Chirinos

[1] El Dr. Miguel Ángel Asad es el actual apoderado de la viuda del Dr. Felipe Glasman. Apareció misteriosamente y ofreció sus servicios de manera gratuita a la viuda de Glasman, y además de “elogiar la excelente investigación de Long” a los cinco minutos de tomar el caso —no sabemos cuándo leyo todos los cuerpos que integran el expediente—, no ha realizado ninguna solicitud o presentación tendiente a beneficiar los intereses de su cliente, Beatriz Sosnitsky de Glasman. Sí ha tenido tiempo, sin embargo, para hostigar e insultar a uno de los apoderados de los hermanos Glasman (Bovino).