Documentos Judiciales Causa Glasman

DENUNCIA PENAL CONTRA MIGUEL ÁNGEL ASAD

2009-12-21T20:00:00.000-08:00

Solicita se extraiga testimonio y se remita al Agente Fiscal en turno

Sra. Jueza:

Alberto Bovino, abogado, tº XXX, fº 436, del Colegio de Abogados de San Isidro, Monotributista, CUIT 20-13188055-4, apoderado de los particulares damnificados Sra. Laura Rosana Glasman y Sr. Eduardo Glasman, IPP 49.814, manteniendo el domicilio constituido en Palau 22 de esta ciudad, a la Sra. Jueza digo:

I. Objeto

Conforme demostraremos con la prueba documental aportada, y con las actuaciones obrantes en este incidente, solicitamos que se remitan copias certificadas de todo el incidente al Agente Fiscal en turno, a lo que se debe agregar la prueba documental que adjuntamos, a efectos de que se investigue la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 295 y 296 del Código Penal por parte del Dr. Eduardo F. de Lasa y Miguel Ángel Asad, respectivamente.

II. Los hechos

Conforme surge del escrito original de recusación presentado por este apoderado el 26 de marzo de 2008 (fs. 15 vta.), ofrecimos como medida de prueba que se citara a declarar en calidad de testigo a la Sra. Beatriz Sosnitsky.

El fiscal Long, al mismo tiempo que solicitó que “[n]o se haga a la prueba testimonial ni a la informativa ofrecida por la parte recusante por resultar manifiestamente improcedente” (fs. 69), algunos párrafos atrás ofreció como prueba:

“Se le reciba declaración testimonial a la Sra. Beatriz Sosnitsky viuda de Glasman y a su abogado de confianza, el Sr. Miguel Angel Asad” (fs, 69).

A fs. 91 vta. y 92, la Sra. Jueza dispuso que se fijara audiencia a fin de que declaren, entre otros testigos ofrecidos por esta parte, la Sra. Beatriz Sosnitsky. En resolución de la Sra. Jueza del 8 de mayo de 2008, por su parte, se aceptó como testigo de la fiscalía al abogado Miguel Ángel Asad (fs. 120).

Finalmente, luego de que el fiscal Long solicitara en dos oportunidades el cambio de fecha de las audiencias dispuestas por la Sra. Jueza, se fijó audiencia para que declare la Sra. Beatriz Sosnitsky el 10 de diciembre de 2009, y el abogado Miguel Ángel Asad el 11 de diciembre de 2009.

Cuando finalmente, luego de casi dos años, se realizarían las audiencias, el 4 de diciembre de 2009 el abogado Asad informó telefónicamente a este tribunal que por razones de salud no podría “comparecer a las audiencias dispuestas en autos” (ver fs. 211) y agregó, sin más:

Aquí comienza la inconsistencia del abogado Asad. ¿Por qué habla de “audiencias”, si había sido citado a una sola audiencia en calidad de testigo? El lunes 7 de diciembre de 2009 se sabría. Además, ¿qué es esto de llamar telefónicamente al tribunal para “ordenar” la suspensión de unas audiencias a las cuales ni siquiera tiene derecho a concurrir ni ha sido convocado?

En efecto, el 7 de diciembre (ver fs. 212) presentó un certificado médico expedido por el Dr. Eduardo F. de Lasa, con fecha incierta, en el cual el médico firmante certifica una dolencia sufrida por Miguel Ángel Asad que lo obligaba a permanecer en reposo durante quince días a partir de la fecha de expedición del certificado. Ahora bien, ya la fecha del certificado es dudosa, pues pareciera haber sido fechado el 4 de diciembre de 2009 y posteriormente alterada la fecha por la del 7 de diciembre de 2009:

Pero este dato, en realidad, es casi irrelevante, pues el problema principal reside en que, al mismo tiempo que el abogado Miguel Ángel Asad afirmó su necesidad de estar quince días en reposo, “necesidad” certificada por el Dr. de Lasa, a los 9 (u once) días de presentado el certificado. En una nota publicada en el sitio “Frente a Cano” se puede leer que el 16 de diciembre de 2009 Asad concurrió a una audiencia por otro caso. Además, en el mismo sitio se puede escuchar una entrevista realizada a Miguel Ángel Asad ese mismo día. Tanto la nota como el archivo de audio se pueden encontrar en la siguiente dirección de la web:

http://www.frenteacano.com.ar/verNoticia.php?k=94340

A continuación reproducimos la nota escrita:

Aportamos, además, como prueba documental, una entrevista que se realizara a Asad en el mismo día y hora, en el cual no pierde oportunidad de arrojar dudas sobre la integridad de la Sra. Jueza y algunos recusantes, donde el mismo Asad afirma que no estuvo presente en las audiencias ordenadas por la Sra. Jueza “por una cuestión de salud”.

Queda claro, entonces, que Miguel Ángel Asad presentó un certificado médico en el cual invocó la imposibilidad de concurrir a una audiencia por razones de salud certificadas por un médico. Y su posterior aparición pública demuestra que la dolencia certificada por el galeno firmante había desaparecido mucho tiempo antes de lo previsto.

Las circunstancias mencionadas, unidas a la firme voluntad de Asad de oponerse al ejercicio del legítimo derecho de los Sres. Laura y Eduardo Glasman de solicitar el apartamiento del fiscal Cristian Long por los motivos que hasta el momento hemos logrado demostrar en este incidente, han provocado en Miguel Ángel Asad una desenfrenada actividad tendiente a provocar la paralización o la nulidad del incidente.

El motivo incoado para solicitar la suspensión de la audiencia es legalmente absurdo. Si no fuera así, entonces el abogado Miguel Ángel Asad habría incurrido en mala praxis en la representación de la Sra. Beatriz Sosnitsky, pues tanto su solicitud de suspensión de las audiencias (ver fs. 213), como su recurso de apelación (ver fs. 220 y ss.), plantean de manera repentina derechos que, según sus dichos, tiene la Sra. Beatriz Sosnitsky —más allá de que ello no es así—, por los cuales jamás se preocupó.

Ello pues, de ser cierta la pretensión de Asad —y si el abogado creyera realmente que fuera cierta—, no se comprende cómo no ha reclamado su inexistente derecho a que se le conceda traslado de las recusaciones y sus respectivas ampliaciones, como también su inexistente derecho a ofrecer prueba en estos incidentes. Debe tenerse en cuenta, además, que el abogado Miguel Ángel Asad ya ha tenido intervención en este incidente en particular, con el escrito que consta a fs. 184, presentado el 28 de septiembre de 2008, cuyo título reza:

FORMULA MANIFESTACIONES- A TODO EVENTO NIEGA AUTENTICIDAD DE SUPUESTA PRUEBA DOCUMENTAL- ACOMPAÑA CONSTANCIAS EN COPIA SIMPLE DEL DIARIO DIGITAL - SOLICITA COPIAS DE ACTUACIONES LEGALIZADAS Y REMSIÓN A LA UFIJ DE TURNO PARA DETERMINACIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES PENALES- CONSTITUYE DOMICILIO LEGAL- ETC.-

La estrategia es clara:

• solicitó la suspensión de las audiencias con fundamentos legales inexistentes;

• al no otorgarse la suspensión, se declaró enfermo para concurrir a las audiencias que no pudo paralizar;

• milagrosamente, se curó para acudir a una audiencia de otro caso a la cual sí le interesaba concurrir;

• aparentemente, no solicitó la suspensión de la audiencia del caso “Guidobono”, anticipando que su problema de salud desaparecería en mucho menos tiempo de lo que diagnósticó el médico;

• casualmente, la Sra. Beatriz Sosnitsky también se habría enfermado, a pesar de que no se ha justificado dicha circunstancia en el expediente.

Frente a esta serie de hechos que pueden ser verificados objetivamente por la Sra. Jueza, no nos queda más remedio que solicitar se remitan los antecedentes mencionados al órgano competente, más la documental que adjuntamos, a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos previstos en los artículos los artículos 295 y 296 del Código Penal por parte del Dr. Eduardo F. de Lasa y Miguel Ángel Asad, respectivamente.

III. El derecho

Los artículos 295 y 296 del Código Penal disponen:

Artículo 295: Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.

La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

Artículo 296: El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

De las actuaciones del expediente, más la documental que se adjunta, surgen los siguientes hechos:

1) El Dr. Eduardo F. de Lasa habría certificado una enfermedad concerniente a la existencia presente al momento de su firma en el señor Miguel Ángel Asad. Tal enfermedad requería el reposo del Sr. Asad durante quince días.

2) La supuesta existencia de tal enfermedad ha provocado un perjuicio cierto a los Sres. Laura y Eduardo Glasman, frustrando nuevamente su derecho a obtener una decisión respecto a la necesidad de apartar al fiscal Cristian Long de la investigación del asesinato de su padre, el Dr. Felipe Glasman. Además de la frustración del ejercicio de su derecho, y del estado de ánimo que ello ha generado en mis representados, la supuesta existencia de la enfermedad de Asad ha generado prejuicios patrimoniales a los hijos del Dr. Felipe Glasman, debido a los gastos adicionales que ha generado y generará para el ejercicio de su derecho.

3) La presencia de Miguel Ángel Asad en una audiencia a los 9 (u 11) días de emitido el certificado pone en serias dudas la existencia de tal enfermedad al momento en que el Dr. Eduardo F. de Lasa habría certificado con su firma dicha existencia. De estos hechos surge la necesidad de investigar la supuesta comisión del delito tipificado en el artículo 295 del Código Penal.

4) El 7 de septiembre, el abogado Miguel Ángel Asad presentó el certificado médico en este expediente, con el objeto de obtener la suspensión de todas las audiencias de testigos. A pesar de su esfuerzo, no logró la paralización de todas las audiencias, pero sí impidió que se finalizara con la producción de la prueba testifical, paralizando nuevamente el trámite de este incidente. De estos hechos surge la necesidad de investigar la supuesta comisión del delito tipificado en el artículo 296 del Código Penal. En caso de que su enfermedad hubiera sido cierta, del mismo modo en que se comunicó telefónicamente con el tribunal para avisar de su supuesta dolencia, debió haber informado de su repentina recuperación.

Adjuntamos a esta presentación copia impresa de la nota aparecida en la página “Frente a Cano” del 16 de diciembre de 2009 (Anexo A); y audio del programa radial emitido en la misma fecha en soporte digital (Anexo B).

IV. Petitorio

Por las razones de hecho y de derecho desarrolladas en ésta presentación, a la Sra. Jueza solicitamos:

1. Tenga por presentada la prueba documental que se adjunta;

2. Remita copia certificada de todas las actuaciones de este incidente, junto con esta presentación y la documental que se adjunta, al Agente Fiscal en turno, para que se investigue la posible comisión de los delitos previstos en los artículos los artículos 295 y 296 del Código Penal por parte del Dr. Eduardo F. de Lasa y Miguel Ángel Asad, respectivamente

Proveer de conformidad,

que es derecho.

Firmado por Alberto Bovino

ESCRITO PRESENTADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2009

2009-11-08T19:25:00.000-08:00

Solicita fije nueva fecha de audiencia

Sra. Jueza:

I. Objeto

Solicitamos se fije fecha de audiencia con carácter de urgente, a fin de que se produzca la prueba ofrecida, y de que las audiencias se realicen en el mes de noviembre de este año, a menos que exista alguna imposibilidad cierta para que alguna persona cuya presencia sea imprescindible pueda concurrir en la fecha establecida.

II. Antecedentes

I. El trámite de esta recusación comenzó el 26 de marzo de 2008, es decir, hace exactamente un año, siete meses y una semana. En el escrito original de recusación, habíamos solicitado que la audiencia que ha sido suspendida por la petición del fiscal Long se llevara a cabo el 9 y 10 de abril de 2008. En esa presentación, al ofrecer como testigo a la Sra. Laura Glasman pedimos:

• Sra. Laura Glasman, sobre las relaciones entre el Agente Fiscal Christian Long y sus familiares. Puede ser notificada en mi domicilio procesal. Dado que la Sra. Laura Glasman vendrá a nuestro país especialmente para concurrir a la audiencia, solicitamos que se fije fecha de audiencia los días 9 o 10 de abril. El tiempo que resta hasta esa fecha es más que suficiente, razón por la cual no debería haber problema. En este aspecto, es de crucial importancia que se oiga a la víctima, pues sólo ella, en su calidad de tal, puede proporcionar información de primera mano (destacado agregado).

Dado que cuando faltaban unos días para que la Sra. Laura Glasman llegara al país, aún no se había fijado fecha de audiencia ni tomado decisión alguna respecto de nuestro pedido de apartamiento del fiscal, solicitamos un anticipo extraordinario de prueba para que la Sra. Glasman declarara el 10 de abril de 2008, y así lo hizo frente a la Sra. Jueza. En la audiencia, el fiscal Long brilló por su ausencia.

El 22 de abril de 2008 se amplió la recusación, ofreciendo testigos que habían afirmado frente a la Sra. Laura Glasman que Long había intervenido en la destitución de los Dres. Bertoncello como apoderados de Betty Sosnitsky.

El 5 de mayo de 2008 se presentó otro escrito ampliando la recusación debido al hecho de que el fiscal se negó en reiteradas oportunidades a darnos acceso a la causa.

El 23 de mayo de 2008 prestó declaración el Sr. Eduardo Glasman del mismo modo que su hermana, Laura Glasman, pues aún no se había fijado fecha de audiencia. Nuevamente, Long brilló por su ausencia.

El 16 de septiembre de 2008 se amplió nuevamente la acusación, se desistió de la prueba pendiente de producción, y se adjuntó como prueba documental una grabación en la cual la Sra. Betty Sosnitsky reconoce expresamente que desapoderó a los Dres. Bertoncello por orden de Long recibida a través de la empleada Filinich. En esa oportunidad se volvió a solicitar que se fije fecha de audiencia con carácter de urgente.

El 29 de octubre de 2008 presentamos un escrito solicitando nuevamente que se fije fecha de audiencia.

II. Finalmente, el 5 de octubre de 2009 —casi un año más tarde de nuestro último pedido al respecto—, la Sra. Jueza fijó audiencia para los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2009. Sin embargo, ahora esa audiencia ha sido suspendida, y seguimos, nuevamente, sin que se haya fijado una fecha de audiencia.

El fiscal Long, como es su costumbre, realizó una solicitud sin fundamento alguno, a pesar del texto legal que le impone —no le sugiere— el deber de motivar sus requerimientos:

Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás (casos artículo 56, párrafo III, CPP, destacado agregado).

A pesar de su deber legal, el 9 de octubre de 2009 presentó un escrito diciendo:

Bahía Blanca, 8 de octubre de 2009.

Tengo el agrado de dirigirme a V.S. … en virtud de las audiencias testimoniales designadas recientemente para los días 11, 12 y 13 de noviembre del corriente año, a fin de solicitarle tenga a bien modificar las fechas de las mismas ya que me ausentaré de la Ciudad.

Cristian Long.

Queda claro que en su requerimiento no hay motivación alguna. Siguiendo el ejemplo del funcionario cuyo apartamiento han solicitado los Sres. Laura y Eduardo Glasman, este apoderado podría presentar idéntica medida con solo invocar el hecho de que en la fecha que se han fijado las audiencias “estaré ausente de la ciudad”.

III. Fundamentos

En nuestra presentación inicial, en el punto II.2 (Derechos de los hermanos Glasman y deberes del fiscal Long), mencionamos las reglas vigentes que dan sustento a la necesidad de un rápido apartamiento del funcionario público cuya conducta se impugna.

Entre ellas, mencionamos diversas reglas vigentes del derecho internacional de los derechos humanos. Más allá de que el plazo para tramitar este simple incidente ha excedido cualquier término que pudiera considerarse “razonable”, el costo que han pagado los hijos del Dr. Felipe Glasman por la excesiva demora en este trámite incidental es altísimo.

En primer lugar, la falta de idoneidad del fiscal impidió que se condenara a uno de los autores materiales de acuerdo con los hechos por los cuales fuera acusado. La “prueba” que por tanto tiempo ocultó Long, como se demostró en el debate, se limitaba a sus personales intuiciones, y así lo dijeron en sus votos dos de los tres miembros del tribunal.

En segundo término, Long evitó por todos los medios —apoyado por el Fiscal General Fernández— que se llevara a juicio al imputado como segundo autor material —Vidal—, a pesar de que existía prueba suficiente como para enjuiciarlo y de que, como corresponde, sea el tribunal y no el fiscal quien decida sobre su posible responsabilidad penal.

Además de ello, el fiscal Long ha continuado con su práctica de impedir el acceso a los elementos de prueba que él considera “reservados” sin criterio objetivo alguno más que su mero arbitrio, como también el acceso a la causa principal y a las demás causas, que no comprendemos por qué han sido separadas, dificultando aun más nuestra intervención.

Finalmente, reiteramos que la grave conducta del fiscal Long podría dar lugar a responsabilidad internacional del Estado Argentino por incumplimiento de la obligación de investigar y la denegación del derecho de acceso a la justicia de los Sres. Laura y Eduardo Glasman.

IV. Petitorio

Por las razones de hecho y de derecho desarrolladas en ésta presentación, y en todas las anteriores, a la Sra. Jueza solicitamos:

1. Fije de manera inmediata fecha de audiencia para el mes de noviembre en cualquier día entre el 16 y 20 de noviembre, o entre 23 y 27 de noviembre.

2. En caso de que el fiscal Long alegue imposibilidad de asistir, se lo intime a dar razones válidas para ello, a que proponga una fecha alternativa para este mismo mes de noviembre de 2009, y a que se comprometa a asistir personalmente.

Proveer de conformidad,

que es derecho.

FIRMADO POR ALBERTO BOVINO

LA RESPONSABILIDAD DE LA SRA. PROCURADORA GENERAL

2008-12-17T06:28:00.000-08:00

NOTA PRESENTADA POR ALBERTO BOVINO
A LA PROCURADORA GENERAL MARÍA DEL CARMEN FALBO

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008

REF.: LA RESPONSABILIDAD DE LA SRA. PROCURADORA GENERAL

Sra. Procuradora General
ante la Corte Suprema
de la Provincia de Buenos Aires
Dra. María del Carmen FALBO

Sra. Procuradora General Dra. FALBO:

Mi nombre es Alberto BOVINO, abogado con matrícula en el Colegio de Abogados de San Isidro, acto que consta en el tº XXX, fº 436 del registro correspondiente, y me desempeño como apoderado de los hermanos Laura y Eduardo GLASMAN en la causa en la que se supone que se pretende investigar a todos los responsables del terrible homicidio del Dr. Felipe GLASMAN, el padre de mis representados.

Esta nota expresa mi opinión personal como profesional que interviene en el caso, como ciudadano de un país en donde se supone rige el Estado de derecho, y como víctima de las sistemáticas prácticas irregulares de funcionarios del Ministerio Público Fiscal respecto de los cuales Ud. es responsable directa por su desempeño funcional.

Pues bien, a pesar de las innumerables denuncias, recusaciones, presentaciones ante su persona, entrevistas con familiares del Dr. Felipe GLASMAN, y del cúmulo irrefutable de prueba que demuestra la arbitraria e ilegal actuación del Agente Fiscal Christian LONG [nota 1], Ud. se ha limitado a decirle a la Sra. Laura GLASMAN que nada podía hacer en relación a la intervención de este sujeto —indigno de desempeñar el puesto de funcionario público que se le ha confiado y que aprovecha para beneficio personal, para vulnerar los derechos de toda persona que discrepe con sus criterios, y quién sabe para qué otros fines—. Eso no es lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente. Recientemente, los apoderados de los hijos del Dr. Felipe GLASMAN hemos presentado una nota ante Ud. reiterando múltiples cuestionamientos por graves irregularidades cometidas por LONG y apoyadas por su superior, FERNÁNDEZ. Ni siquiera hemos recibido un simple acuse de recibo de tal presentación. El desprecio que todos y cada uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal han demostrado por los derechos de la Sra. Laura GLASMAN, y del Sr. Eduardo GLASMAN es realmente escandaloso.

Frente a cada uno de estos atropellos, se han aportado elementos de prueba objetivos que corroboran los hechos denunciados y que demuestran que LONG —entre muchas otras irregularidades— miente, miente, y vuelve a mentir. Por otra parte, su propio superior jerárquico definió a Christian LONG como un sujeto paranoico que “ve fantasmas en todos lados”. Y así lo hizo frente al Sr. Eduardo GLASMAN.

LONG se justifica a sí mismo —también lo hacen quienes lo protegen— describiéndose como el héroe que logró los únicos resultados positivos en la causa por el homicidio del Dr. Felipe GLASMAN. Su gran “logro” ha sido el hecho de que, continuando con lo investigado antes de que él se apropiara del caso GLASMAN sólo ha logrado que se elevara a juicio a uno de los posibles autores materiales del asesinato, a más de seis años de cometido el crimen.

Luego de años de retener pruebas y de difamar a personas a diestra y siniestra —y sin que las supuestas “obstaculizaciones” que según su imaginación, interponemos en su camino, hayan retrasado en nada el juicio contra COLMAN, a quien acusó por homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria—, no pudo aportar un solo elemento de prueba válido en el juicio que permitiera justificar la agravante del homicidio por encargo.

Su actuación en el debate celebrado ante el Tribunal Criminal Nº 1 fue lamentable, al punto de que cuando, como era previsible, el tribunal rechazó la declaración en calidad de testigo del imputado —VIDAL— como coautor del homicidio del Dr. Felipe GLASMAN, llegó a solicitar al tribunal que un “testigo” que él no había ofrecido declarara “en cualquier calidad”, novedosa figura procesal creada en el momento para cubrir su propia negligencia. Tampoco logró que se introdujera por lectura la declaración indagatoria recibida al coimputado VIDAL —como era previsible—, con lo cual su principal elemento de prueba quedó fuera de la escena. Todo esto debía saberlo un fiscal a cargo de investigaciones complejas; y si no lo sabía, le fue advertido por esta parte.

Ahora bien, ciertos periodistas nos han informado y continúan informando cotidianamente de importantes avances respecto de los supuestos autores intelectuales a los cuales no se nos concede acceso alguno por el carácter “reservado” de las actuaciones —art. 13, inc. 9, ley 12.061—.

Lo curioso es que Ud. le indicó expresamente que bajara el nivel de filtraciones indebidas a la prensa. Por supuesto, ni siquiera se ha logrado que cumpliera con una directiva tan sencilla, pues él tiene su propia agenda. Y lo que es mucho más grave, ha sido sostenido políticamente por su superior jerárquico (FÉRNANDEZ), a pesar de que él afirma que LONG “ve fantasmas en todos lados”. Además, y a pesar del cúmulo de impugnaciones presentadas por casi la totalidad de las partes de la causa GLASMAN, también Ud. le ha dado protección política.

II. LA “BUENA CONDUCTA” DE LONG

Entre los diversos hechos cometidos por el fiscal LONG que hemos demostrado, mencionaremos a título de ejemplo algunos de ellos. No señalaré todos los elementos de prueba que corroboran todos y cada uno de nuestros cuestionamientos pues, hasta ahora, el hecho de hacerlo no nos ha servido de nada, y la carga de trabajo que nos ha generado demostrar la ilegalidad, la arbitrariedad y el desconocimiento del derecho que han guiado de manera sistemática la conducta del fiscal LONG ha sido inmensa. Por supuesto, todos estos medios de prueba están tanto a su disposición como la de cualquier otra autoridad o medio de prensa que los requieran, para el caso de que por una vez se nos tome en serio [nota 2].

1. Manipuló a la Sra. Beatriz SOSNITSKY para que revocara el poder de los apoderados de ella y sus hijos, los abogados Héctor y Matías BERTONCELLO. Este último hecho ha sido corroborado finalmente por una grabación de audio en la cual la propia viuda de GLASMAN admite ante su hijo que revocó el poder de los BERTONCELLO porque así se lo solicitó expresamente el Agente Fiscal Christian LONG, cuya actuación funcional Ud. continúa defendiendo.

2. En directa relación con este tema, una circunstancia confirma una vez más la cobardía del fiscal LONG para enfrentar las consecuencias de sus propios actos, sin importar quién sufre por ello. En la audiencia de recusación contra LONG llevada a cabo de modo tan “imparcial” por el Tribunal Criminal Nº 1, luego de que la Dra. MOIRANO informara del tema de la revocación del poder bajo juramento, LONG, en el alegato de cierre, “declaró” que nada de lo que había dicho al respecto la Dra. MOIRANO era cierto. En primer término, LONG debe saber que el alegato no se puede utilizar para declarar como testigo, con el “pequeño” beneficio del hecho de que no lo hace bajo juramento. Pero mucho más grave es la circunstancia de que con sus dichos puso en grave peligro a la Dra. MOIRANO de ser perseguida penalmente por falso testimonio.

3. En esa audiencia, cuando yo presté declaración, informé la verdad respecto de mi relación con el Prof. Mariano SILVESTRONI (apoderado de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA, otra de los particulares damnificadas): a) que nos conocemos porque ambos somos profesores regulares del DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES; y b) que soy socio y gerente editorial de EDITORES DEL PUERTO S.R.L., que en tal calidad había aprobado la publicación de dos libros presentados por él, y que existían sendos contratos de edición entre la persona jurídica y el Prof. SILVESTRONI. Sin embargo, el juez MONTIRONI, presidente del Tribunal Criminal Nº 1, aparentemente, estaba escuchando otro canal, pues en su voto afirmó en dos oportunidades que la relación entre ambos consistía en el hecho de que tanto SILVESTRONI como yo éramos socios de Editores del Puerto. Ello significa que si tanto MONTIRONI como LONG creyeran en esa absurda sociedad inexistente, deberían haberme denunciado por falso testimonio, pues yo no declaré eso. A pesar de ello, y de que LONG fue interrogado expresamente por un periodista en una entrevista televisiva sobre el punto, no hizo aclaración alguna; el “único norte” que “guía su investigación”, que sería la “averiguación de la verdad”, fue repentinamente perdido de vista, con la objetividad que lo caracteriza.

4. En la misma entrevista, sí recordó su “único norte” para afirmar —faltando a la verdad— que dado que su deber era averiguar la verdad, “cómo no iba a investigar quién era yo, de dónde venía, quién me pagaba”. Imagino que la Sra. Procuradora comprende el nivel de arbitrariedad mitómana del fiscal LONG sin necesidad de que brindemos explicación alguna. Por otra parte, también demostramos que LONG realizó medidas de investigación ilegales para averiguar quién pagaba mis honorarios “sin tener prueba de nada” que indicara que no los pagaran mis clientes, y afirmando frente a mi cliente la existencia de un conflicto que daba por supuesto que yo estaba tomando mis decisiones profesionales para beneficiar a la ASOCIACIÓN MÉDICA. Esto es, sin prueba alguna, le hizo “saber” a mi cliente que yo estaba cometiendo el delito de prevaricato en su perjuicio.

5. Como si hubiera hecho poco para perjudicar a la familia del Dr. Felipe GLASMAN, luego de conseguir apartar a los abogados BERTONCELLO como apoderados de la Sra. Beatriz SOSNITSKY, arremetió contra la segunda apoderada de la Sra. SOSNITSKY y de sus hijos, Laura y Eduardo GLASMAN, esto es, contra la Dra. Nidia MOIRANO. Tanto a Eduardo GLASMAN como a su madre les dijo que la Dra. Nidia MOIRANO —quien fue designada como apoderada desde el principio del caso por Beatriz SOSNITSKY y con el consentimiento de sus hijos, y no cobraba honorario alguno por su trabajo en el caso penal— estaba cobrando honorarios de la ASOCIACIÓN MÉDICA. Esta afirmación fue realizada por Christian LONG utilizando el verbo “cobrar” en tiempo presente poco tiempo antes de que la Dra. MOIRANO renunciara a la representación de la Sra. SOSNITSKY (alrededor de octubre de 2007). Ello surge de dichos del Sr. Eduardo GLASMAN, de dichos de la Dra. MOIRANO, y del audio de una entrevista que le hicieran medios periodísticos al fiscal LONG. Frente a tan grave imputación, realizada por LONG sin prueba alguna, la Dra. MOIRANO presentó su queja ante la Sra. Procuradora General, queja que fuera rechazada. Frente al pedido del Sr. Eduardo GLASMAN en reiteradas oportunidades de que LONG le indique qué elementos de prueba fundaban sus agraviantes afirmaciones, el funcionario cuyo único norte es la averiguación de la verdad se limitó a contestarle al Sr. GLASMAN que “el trabajo se presume oneroso”. Más allá de que esa frase no prueba nada, mucho menos permite siquiera sospechar que la Dra. MOIRANO estuviera cobrando honorarios de la ASOCIACIÓN MÉDICA, excluyendo a todas las personas físicas y jurídicas del resto del mundo.

6. Seguir reiterando los hechos que he denunciado una y otra vez no tiene demasiado sentido, si Ud. no tiene la voluntad política de cumplir con los deberes que su alto cargo le impone [nota 3]. La única funcionaria judicial que ha realizado un trabajo responsable, en lo que a nuestra intervención en el caso se refiere, es la Dra. CALCINELLI, quien actúa subrogando el Juzgado de Garantías que tiene a su cargo la investigación del resto de los partícipes en el asesinato. Ante ese Juzgado hemos planteado la recusación del Agente Fiscal Christian LONG. Sin embargo, debido a la exclusiva responsabilidad del Estado bonaerense, quien le ha impuesto la carga de los deberes de su propio cargo más dos subrogancias, la audiencia de prueba de la recusación aún no se ha podido realizar.

Luego de seis años, recién se ha logrado someter a juicio a uno de los autores materiales. Vicente COLMAN fue acusado por el fiscal como autor penalmente responsable de homicidio agravado por haber sido cometido por precio o por promesa remuneratoria (art. 80, inc. 3, Código Penal). Quedó claro que LONG llegó al juicio sin la preparación necesaria como para sostener su imputación. De allí que resultara vergonzosa su actuación en relación a la agravante del “precio o promesa remuneratoria”.

En este sentido dos de los jueces dijeron:

“… Entiendo que tal circunstancia no se encuentra acreditada siquiera mínimamente…

… el representante de la vindicta pública peca de voluntarista, al igual que los particulares damnificados que lo acompañaron en ese tramo de la acusación [no fue nuestro caso]… Es que para acreditar los distintos extremos de la acusación no basta con vagas presunciones, prejuicios, intuiciones, apreciaciones subjetivas, presentimientos, corazonadas, ni nada que se le parezca” (Sentencia, voto del juez ARES, destacado agregado).

“Dicho esto debo, asimismo, con igual énfasis y pese a lo que mi fuero interno entiende efectivamente aconteció, sostener que no se ha acreditado en manera alguna el pacto o promesa remuneratoria que la figura en análisis reclama…” (Sentencia, voto del juez BURGOS, destacado agregado).

Esta circunstancia demuestra, por sí misma, la absoluta irresponsabilidad del fiscal LONG en el ejercicio de sus deberes funcionales. Su única misión en el juicio consistía en demostrar con certeza la imputación que pesaba sobre Vicente COLMAN. A pesar de que frente a la prensa ha sostenido que estaba siguiendo tres pistas diferentes antes del juicio, y dos de ellas luego de él, lo cierto es que durante todo el debate se empeñó mucho más en salir de excursiones de pesca para incriminar de algún modo a directivos de la Asociación Médica, antes que a probar lo que tantas veces repitió públicamente de manera irresponsable.

El Ministerio Público Fiscal se ha tomado más de seis años para preparar esa investigación, y cualquier fiscal debe saber que el juicio oral y público no es un escenario para investigar, mucho menos para salir de excursiones de pesca. LONG puso en riesgo, de este modo, la condena de la única persona que después de seis años ha sido juzgada. Por supuesto que como apoderado de los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN hicimos todo el esfuerzo necesario para que se condene a Vicente COLMAN, a pesar de las dificultades que nos ha puesto en el camino con su manifiesta ineptitud y arbitrariedad el acusador del caso MARGIOTTA.

III. OTRO DE LOS “GRANDES TRIUNFOS” DEL FISCAL CHRISTIAN LONG

En una nuevo episodio de la actuación telenovelesca del fiscal LONG, luego de más de cinco años, se llevó a cabo el juicio por el homicidio de la joven Daiana MÉNDEZ, ocurrido en noviembre de 2003. El fiscal LONG, que fue quien condujo la pesquisa, con su peculiar estilo de investigación, logró garantizar la impunidad del responsable del asesinato. Tal como sucedió en el caso MARGIOTTA.

En una nota de La Brújula digital se puede leer:

LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL PARA ABSOLVER AL ACUSADO DE ASESINAR A DAIANA MÉNDEZ

Los jueces Claudia Cecilia Fortunatti, María Eloísa Errea de Watkins y Guillermo Mercuri, integrantes del tribunal oral criminal n°2 de nuestra ciudad, resolvieron absolver de culpa y cargo a Erwin Fernández Valenzuela por entender que no existían elementos suficientes para su condena por el homicidio de Daiana Méndez.

… Más adelante los magistrados afirman que "entrando al análisis pormenorizado de la prueba producida a lo largo del presente proceso, me permitiré discrepar con el titular de la vindicta pública, para la suscripta no superan la categoría de meras hipótesis".

Y continúan "ningún testimonio oído en la sala de debates pudo situar a la joven en una casa ubicada en el sector sureste de la ciudad, al momento de producirse su muerte, tal como lo sostiene la acusación en su alegato final".

"El Sr. Agente Fiscal basa la acreditación de tal extremo fáctico en los dichos brindados por el testigo de identidad reservada nro. 8, en cuanto a que presenció una discusión entre el hoy imputado, la joven Carina Gómez, y la víctima, en el domicilio'la Chancha Álvarez' sito en calle Thompson atrás del mercado".

"Pero dicha afirmación se encuentra huérfana de corroboración alguna, pues todas las personas que dicho testigo nombró como presentes en el lugar, desmintieron sus dichos" prosiguen los miembros del tribunal.

"Todo lo expuesto da por tierra la argumentación sostenida por el Agente Fiscal, en cuando a que el homicidio de Daiana se produjo en el curso de esa reunión" continúan.

Y además, señalan que "en segundo lugar, tampoco se haya acreditado que con posterioridad a provocarle la muerte, el cuerpo de la joven haya sido trasladado al descampado sito a la vera de las vías del ferrocarril paralelas a la calle Thompson y a la altura de la calle Méjico de Bahía Blanca, donde fuera hallado el día 7 de diciembre de 2003".

… "Por su parte —mencionan los jueces— el señor Defensor de confianza del procesado se limitó a señalar que no hay una sola prueba en contra de su defendido. Afirmó que se habló de la noche, de las drogas, de la relación de Daiana con la drogas y con sus primas, pero nada de ello relaciona a su pupilo con el hecho".

Y agregan que "con respecto al testigo W. afirma que le hicieron repetir una historieta que ni siquiera pudo sostener en el debate, contraponiéndose con lo que afirmó en la etapa investigativa. Que no existe nada en contra del imputado, solicitando la absolución de su pupilo".

…

Finalmente, los jueces Fortunatti, Watkins y Mércuri, afirman que como "no existen elementos probatorios suficientes para tener como legalmente acreditada la participación del procesado Erwin Hardy Fernández Valenzuela en el hecho por el que viene acusado, por lo cual, se absuelve libremente de culpa y cargo al procesado antes nombrado como autor en el delito de homicidio que se le imputa" [nota 4].

El problema no termina allí. No conforme con MARGIOTTA y el asesinato del Dr. Felipe GLASMAN, LONG también mostró su falta de idoneidad y su desprecio por la ley sometiendo a persecución penal a una persona inocente o, al menos, a una persona respecto de la cual carecía de todo elemento de convicción para detenerla durante dos años anticipándole la imposición de una pena privativa de libertad que no fue capaz de demostrar que el Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA merecía sufrir. En este sentido, se puede leer en La Brújula digital:

OTRO CRIMEN IMPUNE: ABSOLVIERON AL ÚNICO ACUSADO DE MATAR A LA JOVEN DAIANA MÉNDEZ

Los jueces Claudia Fortunatti, María Eloísa Errea de Watkins y Guillermo Mércuri absolvieron a Erwin Fernández Valenzuela, quien era el único acusado de matar a la joven Daiana Méndez en noviembre del 2003.

Los magistrados entendieron que las pruebas y testimonios aportados durante le debate oral no eran suficientes para acreditar la autoría del acusado.

Así, tras pasar más de dos años en prisión Erwin Fernández Valenzuela recuperará la libertad, ya que además es de preveer que ningunas de las partes – ni el Fiscal ni el particular damnificado -, apelé la decisión judicial.

Al termino de la lectura de la sentencia la madre de la víctima dijo a los medios que en el fondo de su corazón siempre supo que éste hombre no era el culpable.

Cecilia Cofré anunció que seguirá buscando justicia: “Voy a ir por el asesino, lo voy a buscar y Dios me va a ayudar”.

La mujer indicó además que unirá sus esfuerzos con los de Julio Moretti - padre de Luciana, otra joven asesinada en la ciudad -, ya que ambas frecuentaban el mismo local bailable.

Ambos padres creen que el asesino de sus hijas tiene que ver con el entorno del boliche y la gente con la que allí se encontraban las chicas.

“Acá se investigó mal, lo siento en mi corazón", dijo la mujer al tiempo que criticó al fiscal Long de quien dijo que "investigó mal y luego no dio la cara".

"Igual estoy tranquila, porque tampoco quería que por el homicidio de mi hija pagara alguien inocente", finalizó la mamá de Daiana, cuyo crimen sigue impune [nota 5] .

La nota escrita contiene, además, dos entrevistas en video. En la entrevista al Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA [nota 6], éste dijo:

EFV: “Yo pienso que todo esto fue armado por la Fiscalía, por la Policía, y… por ello, por ellos… ellos fueron los que hicieron todo esto”.

P: “¿Los culpables tienen nombre y apellido?”.

EFV: “No sé si los culpables, hoy por hoy… Pero los que armaron la causa se llaman Long y la Policía…” (destacado en negrita agregado).

La madre de Daiana, Cecilia COFRÉ [nota 7], por su parte, dijo a la prensa:

CC: “Yo ví que los testigos que declararon durante todos estos días del juicio mentían mucho, hubieron cosas que no son ciertas…

CC: “Yo creo que él no fue”.

P: “¿Usted cree que no se investigó lo suficiente?”.

CC: “No, no. Esa hipótesis, porque cuando el fiscal agarró la causa, bueno, se inclinó por esta banda de los chilenos, como él la nombró, y, bueno, se inclinó hacia una parte de mi familia, que también sentí en un principio que no tenía nada que ver, porque más allá de que ellos tienen antecedentes, nunca pensé que podrían llegar a tanto…”.

P: “¿Se hicieron mal las cosas entonces, hubo…?”.

CC: “Sí, se trabajó muy mal, lo único que lamento yo de todo esto es que éste es un caso más impune, no se ha hecho justicia, que el fiscal Long trabajó mal, y no dio la cara cuando tendría que haber estado hoy, él, acá también…”.

CC: “… Yo quiero que pague el que fue, no que por conformarme a mí como madre agarren a cualquier persona porque tiene antecedentes y lo acusen de cosas que no hizo, ¿no?” (destacado en negrita agregado).

IV. LA UNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

En la calidad de la Dra. FALBO de cabeza del Ministerio Público Fiscal, y toda vez que éste se organiza en una estructura piramidal entendemos, que es su deber corregir la actuación irregular tanto del Fiscal General de Bahía Blanca, el abogado Juan Pablo FERNÁNDEZ, como del Agente Fiscal Christian LONG.

El problema que se da en la Provincia de Buenos Aires es idéntico al que se da en la justicia nacional. Como lo señala correctamente Mirna GORANSKY:

“La CN establece que el MP es un órgano independiente, con autonomía funcional. A su vez la ley establece que actúa con unidad de actuación “sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales...” [nota 8]. Esta independencia orgánica, y su consecuente autonomía, ha sido entendida por un lado como autonomía respecto del resto de los poderes públicos (en este sentido, no puede recibir instrucciones de ninguna otra autoridad, se le garantiza su presupuesto, etcétera); por otro, como actuación independiente y sin injerencias de cada uno de los fiscales que integran la institución.

El problema se presenta entre nosotros por la confusión que existe entre distintos conceptos: por un lado el de la independencia judicial y, por otro, el grado de autonomía necesaria para actuar de los fiscales [nota 9]”(GORANSKY, Mirna, El ministerio público. Estudio comparado sobre su estructura y organización, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2008, en prensa).

Como indica la autora, este problema es muy bien planteado por Julio MAIER en una entrevista que ella le hiciera y que integra su obra:

“La razón profunda radica en esta teoría argentina, de la cual son responsables Alfredo Vélez y Soler —y no sólo en Argentina sino que en casi toda Latinoamérica que dispone que los fiscales sean órganos judiciales—. Esto no es así en todo el mundo. En nuestro sistema se llega a extremos en los que hasta los defensores son órganos judiciales y, por lo tanto, tienen las mismas características que tienen los jueces: son nombrados igual que los jueces, son destituidos igual que los jueces, etc.., cuando, en realidad, el defensor es como un maestro de escuela pública o como un médico de un hospital, es un individuo que pone el Estado para auxiliar a aquellas personas que no pueden acceder a ciertos servicios que se consideran elementales para la dignidad humana. Nada más que esto. Y por eso existen los hospitales, porque el Estado quiere que cierto nivel de salud sea accesible para todos; lo mismo pasa con la escuela pública. No hay duda que los defensores no son autoridades constitucionales; obviamente a ellos no les conviene dejar de ser lo que son, pero no tienen porqué ganar lo que gana un juez, ni ser destituido siguiendo procedimientos similares, etc. Toda esta consideración hacia estos funcionarios como funcionarios judiciales ha permitido que ingresen en las constituciones y que tengan un estatus que no les corresponde. También esta es la razón por la que defensores y fiscales se sienten totalmente independientes y sostengan que a ellos no los puede mandar nadie. Esto es algo que siempre se sostuvo respecto del Ministerio Público. Sin embargo, una cosa es sostener que el principio de legalidad rige para ellos también y, por lo tanto, son responsables disciplinariamente por no observarlo, y otra cosa es dar por tierra con el principio de unidad e indivisibilidad que debe regir la actividad del Ministerio Público. Pero así son las cosas y acá hay tantos ministerios públicos como fiscales existen, cada uno hace lo que quiere con sus casos. Es por eso, también, que se habla de competencia por razón del turno de los jueces y, también, de los fiscales; hasta los periodistas se enojan y dicen: ‘le sacó la causa al fiscal tal para dársela al fiscal tal’” (Entrevista al Prof. Julio B. J. Maier, en GORANSKY, El ministerio público. Estudio comparado sobre su estructura y organización, citado).

Como no puede ser de otra manera, este curioso concepto de “autonomía” también se ve reflejado en la falta de mecanismos de control y evaluación del trabajo llevado a cabo por los fiscales y en la resistencia a cualquier medida destinada a ello. Sin embargo, resulta claramente impropia en un régimen que debe garantizar la unidad de actuación del ministerio público fiscal, pues en este sistema distorsionado por una organización refleja a la de los órganos jurisdiccionales, si los fiscales generales no pueden revisar y organizar el trabajo de sus subordinados jerárquicamente, tal unidad de actuación resultaría de imposible aplicación.

V. 2. ¿Destruyendo la unidad?

Si atendemos a los hechos de este caso, resulta evidente que LONG no controla su exposición mediática, y que utiliza a la prensa para atacar a las partes que no comparten su visión respecto del juicio, llegando al punto, además, de amenazar a los periodistas que no comparten su mirada del caso como posibles partícipes en el delito de encubrimiento.

Pero en lo que aquí nos ocupa, es autoevidente que LONG ordenó el archivo del posible coautor del homicidio agravado del Dr. Felipe GLASMAN en forma inmotivada, extemporánea y contando con elementos que permitían llevar a VIDAL a juicio, encerrándose en argumentos circulares que solo puede fundar las creencias o intuiciones de su intelecto carentes de todo elemento objetivo de convicción que les den sustento y que no resisten un análisis serio.

¿Cómo puede suceder esto? Muy sencillo: LONG cuenta con la cobertura del Fiscal General FERNÁNDEZ, quien por un lado proclama la vigencia del principio de objetividad y a renglón seguido se desdice en su actuación práctica, al confirmar un archivo que o bien debió ser ordenado con un año de anticipación, o bien debió derivar en una acusación y posterior elevación a juicio; en tanto que revisa saltándose todas las formalidades legales, la investigación respecto de uno de los abogados que disienten con LONG.

En el colmo del paroxismo de su cruzada mediática acusa a quienes pretendemos que VIDAL sea juzgado por el homicidio del Dr. Felipe GLASMAN de que nuestra única intención consiste en “neutralizar a Vidal como testigo”, sabiendo a ciencia cierta no solo que Vidal no podría declarar como testigo (pues él mismo lo mantiene como imputado), sino porque ni siquiera lo citó en tal calidad para el juicio contra COLMAN. La mala fe de LONG al hacer estas declaraciones es manifiesta y no hay manera de que sea justificada.

Pero por sobre todas las cosas, entendemos que la actitud constante de ambos fiscales en atacar, directa o indirectamente a nuestros representados, con medias verdades, que se constituyen en verdaderas mentiras, impropias para cualquier persona que participa de un proceso judicial, pero ética y procesalmente reprochable cuando estas maniobras son efectuadas por funcionarios públicos, importan una actitud que destruyó la concordia familiar, separó a la madre de sus hijos y les generó a estos innumerables padecimientos —como le fuera informado en anteriores ocasiones a la Sra. Procuradora—.

Es misión de los funcionarios del ministerio público no solo averiguar la verdad, respondiendo a parámetros objetivos de actuación, sino proteger y tratar con dignidad a las víctimas, y evitar que éstas sufran nuevamente las consecuencias del delito.

Claramente, los fiscales LONG y FERNÁNDEZ no comparten estos principios y se debería arbitrar, desde la Procuración General, los remedios que permitan paliar estas actitudes, pues ellos mismos representan a toda la institución en tanto que su actuación es única, y por ello exigimos que esas medidas se tomen de inmediato para que cesen las continuas y sistemáticas agresiones ilegítimas del Fiscal Christian LONG contra los particulares damnificados, Sra. Laura GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN, y contra sus apoderados legales.

Aprovechamos la oportunidad para saludarla muy atentamente,

Firmado por Alberto BOVINO

NOTAS

[nota 1] LONG ha sido recusado por tres particulares damnificados: la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA, la Sra. Laura GLASMAN, y el Sr. Eduardo GLASMAN. LONG ha sido recusado por la defensa del presunto autor material. LONG ha sido denunciado por este apoderado por la comisión del delito de omisión de denuncia previsto en el art. 274 del Código Penal. LONG ha sido denunciado ante Ud. por la Dra. Nidia MOIRANO, ex-apoderada de la viuda y de los hijos de la víctima. La Sra. Laura GLASMAN se reunió con Ud. y le explicó minuciosamente todas las irregularidades cometidas por él. El Sr. Eduardo GLASMAN se reunió con un funcionario que depende de Ud. y explicó de la misma manera la conducta arbitraria e ilegal de LONG. El Sr. Eduardo GLASMAN se reunió con el Fiscal General FERNÁNDEZ y reiteró sus manifestaciones. El Sr. Eduardo GLASMAN, y sus apoderados Juan Pablo CHIRINOS y Mariano JARA se reunieron con FERNÁNDEZ y con el propio LONG y repitieron los mismos cuestionamientos. LONG ha sido denunciado ante el Colegio de Abogados de San Isidro por este apoderado, y posteriormente ante el Colegio de Abogados de Bahía Blanca.

[nota 2] Muchos de estos medios de prueba constan en la bitácora “La Causa Glasman” (http://causaglasman.blogspot.com/).

[nota 3] Adjuntamos escrito de recusación contra LONG; denuncia penal por omisión de denuncia; denuncia presentada al Colegio Público de Abogados de Bahía Blanca.

[nota 4] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 5] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 6] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 7] Ver http://www.lbnteve.com.ar/noticias/lbn/20081209/1228830026.html.

[nota 8] [Nota en el texto citado] Cf. Artículo 1 LOMP.

[nota 9] [Nota en el texto citado] La independencia judicial no tiene nada que ver con la que requiere el MP para funcionar; los jueces tiene que ser independientes como garantía para los ciudadanos en el sentido de asegurar que al momento de tomar una decisión son ajenos a cualquier injerencia externa —de los otros poderes del Estado—, o interna —del propio Poder Judicial—. El MP, por el contrario, para cumplir con sus funciones se tiene que relacionar activamente con otros poderes u organismos, cosa vedada al Poder Judicial.

2008-12-10T20:43:00.000-08:00

OTRO DE LOS “GRANDES TRIUNFOS” DEL FISCAL CHRISTIAN LONG

LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL PARA ABSOLVER AL ACUSADO DE ASESINAR A DAIANA MÉNDEZ

Los jueces Claudia Cecilia Fortunatti, María Eloísa Errea de Watkins y Guillermo Mercuri, integrantes del tribunal oral criminal n°2 de nuestra ciudad, resolvieron absolver de culpa y cargo a Erwin Fernández Valenzuela por entender que no existían elementos suficientes para su condena por el homicidio de Daiana Méndez.

…

Más adelante los magistrados afirman que "entrando al análisis pormenorizado de la prueba producida a lo largo del presente proceso, me permitiré discrepar con el titular de la vindicta pública, para la suscripta no superan la categoría de meras hipótesis".

Y continúan "ningún testimonio oído en la sala de debates pudo situar a la joven en una casa ubicada en el sector sureste de la ciudad, al momento de producirse su muerte, tal como lo sostiene la acusación en su alegato final".

"El Sr. Agente Fiscal basa la acreditación de tal extremo fáctico en los dichos brindados por el testigo de identidad reservada nro. 8, en cuanto a que presenció una discusión entre el hoy imputado, la joven Carina Gómez, y la víctima, en el domicilio'la Chancha Álvarez' sito en calle Thompson atrás del mercado".

"Pero dicha afirmación se encuentra huérfana de corroboración alguna, pues todas las personas que dicho testigo nombró como presentes en el lugar, desmintieron sus dichos" prosiguen los miembros del tribunal.

"Todo lo expuesto da por tierra la argumentación sostenida por el Agente Fiscal, en cuando a que el homicidio de Daiana se produjo en el curso de esa reunión" continúan.

Y además, señalan que "en segundo lugar, tampoco se haya acreditado que con posterioridad a provocarle la muerte, el cuerpo de la joven haya sido trasladado al descampado sito a la vera de las vías del ferrocarril paralelas a la calle Thompson y a la altura de la calle Méjico de Bahía Blanca, donde fuera hallado el día 7 de diciembre de 2003".

…

"Por su parte —mencionan los jueces— el señor Defensor de confianza del procesado se limitó a señalar que no hay una sola prueba en contra de su defendido. Afirmó que se habló de la noche, de las drogas, de la relación de Daiana con la drogas y con sus primas, pero nada de ello relaciona a su pupilo con el hecho".

Y agregan que "con respecto al testigo W. afirma que le hicieron repetir una historieta que ni siquiera pudo sostener en el debate, contraponiéndose con lo que afirmó en la etapa investigativa. Que no existe nada en contra del imputado, solicitando la absolución de su pupilo".

…

Finalmente, los jueces Fortunatti, Watkins y Mércuri, afirman que como "no existen elementos probatorios suficientes para tener como legalmente acreditada la participación del procesado Erwin Hardy Fernández Valenzuela en el hecho por el que viene acusado, por lo cual, se absuelve libremente de culpa y cargo al procesado antes nombrado como autor en el delito de homicidio que se le imputa" .

El problema no termina allí. No conforme con MARGIOTTA y el asesinato del Dr. Felipe GLASMAN, LONG también mostró su falta de idoneidad y su desprecio por la ley sometiendo a persecución penal a una persona inocente o, al menos, a una persona respecto de la cual carecía de todo elemento de convicción para detenerla durante dos años anticipándole la imposición de una pena privativa de libertad que no fue capaz de demostrar que el Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA merecía sufrir. En este sentido, se puede leer en La Brújula digital:

OTRO CRIMEN IMPUNE: ABSOLVIERON AL ÚNICO ACUSADO DE MATAR A LA JOVEN DAIANA MÉNDEZ

La nota escrita contiene, además, dos entrevistas en video. En la entrevista al Sr. Erwin FERNÁNDEZ VALENZUELA , éste dijo:

EFV: “Yo pienso que todo esto fue armado por la Fiscalía, por la Policía, y… por ello, por ellos… ellos fueron los que hicieron todo esto”.

P: “¿Los culpables tienen nombre y apellido?”

EFV: “No sé si los culpables, hoy por hoy… Pero los que armaron la causa se llaman Long y la Policía…”.

La madre de Daiana, Cecilia COFRÉ , por su parte, dijo a la prensa:

CC: “Yo ví que los testigos que declararon durante todos estos días del juicio mentían mucho, hubieron cosas que no son ciertas…

CC: “Yo creo que él no fue”

P: “¿Usted cree que no se investigó lo suficiente?”.

CC: “No, no. Esa hipótesis, porque cuando el fiscal agarró la causa, bueno, se inclinó por esta banda de los chilenos, como él la nombró, y, bueno, se inclinó hacia una parte de mi familia, que también sentí en un principio que no tenía nada que ver, porque más allá de que ellos tienen antecedentes, nunca pensé que podrían llegar a tanto…”.

P: “¿Se hicieron mal las cosas entonces, hubo…?”.

CC: “Sí, se trabajó muy mal, lo único que lamento yo de todo esto es que éste es un caso más impune, no se ha hecho justicia, que el fiscal Long trabajo mal, y no dio la cara cuando tendría que haber estado hoy, él, acá también…”.

CC: “… Yo quiero que pague el que fue, no que por conformarme a mí como madre agarren a cualquier persona porque tiene antecedentes y lo acusen de cosas que no hizo, ¿no?” (destacado en negrita agregado).

DERECHO DE RÉPLICA - SEGUNDA PARTE

2008-09-10T06:29:00.000-07:00

TEXTO DEL ESCRITO DE LOS ABOGADOS DEL CELS Y DE JUAN PABLO CHIRINOS A LOS SRES. NOIR Y SASSO

ADJUNTAN TEXTO DE DERECHO DE RESPUESTA DE ALBERTO BOVINO

Sres. Martín NOIR y Germán SASSO
Editores responsables de
labrujulanet.com.ar

Andrea POCHAK y Diego MORALES, abogados del CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), y Juan Pablo CHIRINOS, patrocinantes del Sr. Alberto BOVINO, manteniendo nuestro domicilio local en Palau 22, nos dirigimos a Ustedes con motivo del derecho de rectificación y respuesta de nuestro representado.

Hemos escuchado en una de sus emisiones radiales que habrían accedido al pedido que realizáramos patrocinando al Sr. Alberto BOVINO, solicitando ejercer su derecho de rectificación y respuesta en relación a falsos hechos o afirmaciones que Uds. le atribuyeron en su desempeño profesional en el caso por el asesinato del Dr. Felipe GLASMAN.

Es por este motivo que, además de celebrar su decisión, adjuntamos el texto que deberán publicar íntegramente en la edición digital. Del mismo modo, adjuntamos el audio correspondiente para que sea emitido en el mismo programa radial en el que se difundieron las noticias que se responden.

Cumplidas todas y cada una de estas exigencias, consideraremos que están actuando de buena de buena fe y que han cumplido con lo que afirmaron en uno de sus programas radiales. Sólo en estos términos consideraremos que se ha habrá cumplido con lo solicitado por el Sr. Alberto Bovino y se habrán respetado sus derechos constitucionales.

Quedamos a su disposición ante cualquier aclaración o pregunta que requieran, y saludamos a Uds. muy atentamente,

Firman:
Andrea POCHAK y Diego MORALES
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES

Juan Pablo CHIRINOS

TEXTO DEL ESCRITO DE ALBERTO BOVINO CON EL CONTENIDO DE SU RESPUESTA

Alberto BOVINO, abogado y apoderado de los hermanos Laura y Eduardo GLASMAN ejerce su derecho de rectificación y respuesta

Desde que vine por primera vez a Bahía Blanca, con el fin de prestar apoyo legal a los hijos del Dr. Felipe GLASMAN, en la causa en la que se investiga su asesinato, tanto en sus programas radiales como en las notas que aparecen en su página en la red, se han afirmado hechos y circunstancias falsos y de carácter agraviante hacia mi persona. Tales afirmaciones no solo son falsas sino que, además, se formularon sin haber tenido el menor elemento de prueba que las sustenten.

Frente a esta situación, mis abogados Andrea POCHAK y Diego MORALES del CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS, www.cels.org.ar) me aconsejaron tomar alguna medida que me protegiera de estos ataques. Así fue como se tomó la decisión de presentar el escrito que les entregamos el 24 de agosto, donde exigimos a los editores responsables —Sres. Martín NOIR y Germán SASSO— que por este mismo medio se me concediera derecho de rectificación y respuesta.

Dados los hechos y circunstancias enunciados previamente, exijo que se difunda por su programa radial, y que se publique en su página digital el contenido íntegro de esta nota, para hacer efectivo el ejercicio de mi derecho.

En este sentido, es preciso aclarar a la opinión pública que:

1. No es cierto que el Sr. Eduardo GLASMAN haya desconocido el nombre de la empresa donde trabaja desde hace años. Sí es cierto que el fiscal Christian LONG envió un inapropiado correo electrónico a mi cliente, y que éste se limitó a contestarlo —siguiendo mi consejo profesional— con la pregunta de “en qué contexto había surgido tal afirmación”, y que dicha pregunta jamás fue respondida.

2. No es cierto que exista, ni que se haya demostrado, vinculación alguna entre ninguno de los apoderados de la Sra. Laura GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN con la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA. Sólo este medio y el fiscal LONG han afirmado la existencia de esta vinculación, sin fundamento en elemento objetivo alguno que pudiera corroborarla.

3. No es cierto que este apoderado o algún otro miembro de su equipo de trabajo, hayan recibido dinero o cualquier otro bien o derecho de contenido patrimonial de parte de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA o de su presidente, el Dr. CARIGNANO.

4. No es cierto que este apoderado o algún otro miembro de su equipo de trabajo haya promovido o esté por promover juicio político contra el fiscal Christian LONG por supuesto mal desempeño de funciones.

5. No es cierto que este apoderado o algún otro miembro de su equipo de trabajo en el caso del asesinato del Dr. Felipe GLASMAN hayan solicitado medidas o actuaciones contra el fiscal Christian LONG de manera conjunta con los abogados de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA, o de manera autónoma, con el fin de detener el “inevitable avance de las investigaciones” del fiscal. Todas las medidas de prueba solicitadas por este abogado se fundan en la defensa de los intereses de los hijos del Dr. Felipe GLASMAN, y todas las hipótesis sostenidas han sido acompañadas con elementos objetivos de prueba que las corroboran.

6. Este apoderado y todo su equipo de trabajo han decidido, en conjunto con sus clientes, Laura y Eduardo GLASMAN, actuar en la causa de modo transparente. Por ello, desde el inicio de su trabajo en esta causa (julio de 2007), se creo la bitácora “La Causa Glasman” (http://causaglasman.blogspot.com), en la cual se puede conocer la opinión de los hijos del Dr. Felipe GLASMAN y los escritos judiciales presentados ante los órganos competentes. Sería deseable que todos los que participan en esta causa judicial actuaran con la misma transparencia.

Atentamente,

Alberto BOVINO

ARCHIVO IRREGULAR DE LA INVESTIGACION DE JAVIER VIDAL

2008-08-28T05:45:00.000-07:00

Sra. Procuradora General
ante la Corte Suprema
de la Provincia de Buenos Aires
Dra. María del Carmen Falbo
Buenos Aires, 28 de julio de 2008
Ref.: Archivo de la investigación de Vidal en causa “Glasman”

Sra. Procuradora General Dra. Falbo:

Alberto Bovino y Juan Pablo Chirinos, abogados, apoderados de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, a quienes representamos en la causa, nos dirigimos a Ud. por mandato expreso de nuestros representados:

I. Objeto

Según el mandato de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, hijos del Dr. Felipe Glasman, y particulares damnificados en la IPP Nº 49.814, “Colman, Vicente Guillermo y otros s/homicidio calificado”, debemos poner en su conocimiento nuevas medidas tomadas por el Agente Fiscal Christian Long y el Fiscal General Departamental Juan Pablo Fernández tendientes a garantizar la impunidad de uno de los posibles partícipes en la comisión del homicidio agravado del Dr. Felipe Glasman: el imputado Javier Daniel Alfredo Vidal, a fin de que disponga las medidas que estime procedentes.

...

el uso excesivo [por parte del fiscal Long] de los medios y su alta exposición pública se incrementó aún más luego de estos incidentes. En relación al tema central que nos ocupa en esta oportunidad, el archivo de la investigación abierta contra Javier Daniel Alfredo Vidal, la campaña mediática para proteger la decisión del fiscal, que se resiste de todas las maneras posibles a llevar a juicio a quien él mismo describió como posible coautor o partícipe en el homicidio agravado del Dr. Felipe Glasman, fue iniciada mucho antes del archivo de dicha investigación y llevada a cabo sobre la base de presupuestos incorrectos que, además, contribuyeron a atribuir a algunos particulares damnificados la intención de evitar la condena de Colman.

Sin embargo, veremos cómo esta campaña tuvo por objeto, entre otros, el de sellar toda posible persecución penal contra el imputado Javier Daniel Alfredo Vidal.

III. Los hechos
III. 1. Los actos preparatorios

La campaña de prensa comenzó cuando el fiscal Christian Long “informó” a los medios de prensa que todos aquellos que pretendíamos que Vidal fuera llevado a juicio estábamos, en realidad, tratando de impedir que Colman fuera condenado. Por supuesto, tal acusación —sobre un hecho cuya gravedad lo transforma en un hecho delictivo, pues de ser ciertos sus dichos, los abogados que incurriéramos en esa conducta estaríamos, al menos, prevaricando— carece de fundamento en cualquier elemento de prueba y, lo que es más grave aún, fue formulada tergiversando las medidas procesales y, además, distorsionando el derecho aplicable ante la prensa.

En efecto, la declaración en la cual Vidal incrimina a su tío Colman no fue realizada por Vidal en calidad de testigo. Por el contrario, fue la decisión del fiscal de ordenar la captura de Vidal por su posible responsabilidad en el homicidio la que condujo a que Vidal declarara mediante indagatoria y, por lo tanto, sin juramento de decir verdad.

Como surge del audio que acompañamos, el fiscal Long no dice la verdad. Ello pues no utiliza el término “testigo” en sentido coloquial, como sinónimo de “declarante” sino que se ocupa especialmente de aclarar que si el caso de Vidal es elevado a juicio, éste declarará en calidad de imputado y, en consecuencia, podrá mentir. La mejor prueba de ello es que el fiscal Long no ofreció como testigo a Vidal. Mal podríamos nosotros neutralizar a un “testigo” que no era tal, y que tampoco había sido ofrecido por el fiscal Long.

Este hecho es gravísimo. El fiscal no solo informa a la prensa sobre las intenciones de los abogados —cuando no ha podido acreditar las intenciones de ninguno de los imputados—, sino que, además, nos atribuye intenciones delictivas sabiendo que para ello debe engañar a la prensa sobre el derecho vigente.

III. 2. La arbitrariedad

Antes de ello, Long había rechazado una solicitud de los abogados de la AMBB para que se eleve a juicio junto con el caso de Colman el caso de su sobrino Vidal. En primer término, debemos tener en cuenta que es una regla general respecto de las resoluciones del MP el deber de motivarlas, exigencia que el fiscal Long acostumbra a ignorar. Según el art. 56, párrafo tercero, del Código Procesal Penal:

“Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos” (destacado agregado).

Veamos ahora la respuesta que le diera Long al abogado Mariano Silvestroni cuando éste solicitó que se elevara a juicio la causa de Vidal. La única respuesta que se dio fue que:

a) Esa decisión le corresponde al fiscal; y

b) que el plazo prorrogado para investigar no había sido agotado.

En este punto, por un lado, cabe recordar que Silvestroni sabía lo señalado en el punto a), y fue por ello que presentó el escrito ante el fiscal. Esta respuesta, entonces, no contesta nada, pues está claro que Silvestroni solicita la elevación a juicio por parte de Long ya que es el Ministerio Público quien debe cumplir esa tarea.

En segundo término, y lo que es mucho más grave, pone en evidencia el hecho de que el fiscal Long desconoce el sentido de un plazo que acota las facultades estatales para perseguir penalmente. El plazo del proceso no es un permiso para agotarlo, sino un límite. Además, no existe ninguna medida de investigación que la fiscalía haya producido de oficio respecto de Vidal en los últimos tiempos. En este sentido, no se comprende cómo se deja vencer el plazo de investigación sin haber pedido con anticipación medidas de prueba.

Así, el auxiliar investigador no cumple con su deber de indagar, sino que se limita a aceptar una decisión desincriminatoria. Ello significa que el tan mentado deber de objetividad en la persecución es desconocido para Long y su superior Fernández, que lo avala expresamente en este punto.

Veamos ahora qué circunstancias y elementos de prueba tomó en consideración el fiscal para archivar la investigación de Vidal. Los principales son los siguientes:

a) Los dichos del propio Vidal acerca de que fue engañado por Colman;
b) El día del hecho no descendió del automóvil, hecho corroborado por (Nombres de testingos);
c) Los tres testigos que reconocieron a Colman no lo hicieron respecto de Vidal;
d) Los testigos XX y XX lo ubican en el interior del vehículo.
e) Los testigos XX, XX, XX, XX y XX reconocen haber visto a Vidal una sola vez.

Respecto de los dichos de Vidal desentendiéndose del hecho delictivo que el mismo fiscal le atribuyó a fs. 5.025 y ss., poco queda por decir, más que, además de inverosímiles, no están corroborados y, aun así, son los únicos elementos, mediante los cuales el fiscal justifica que se cese de buscar la verdad en cuanto a la involucración de Javier Vidal en el asesinato de Felipe Glasman.

Si analizamos el pedido de que se libre orden de captura minuciosamente fundado por Long, veremos que, curiosamente, invoca para justificar la responsabilidad de Vidal a los mismos testigos que ahora invoca para fundar su falta de responsabilidad. Si bien el fiscal puede invocar el hecho de que le da valor de verdad a los dichos del imputado en su declaración indagatoria, no puede, al mismo tiempo, dar sustento a declaraciones testificales que ubican el automóvil en el que se conducían Colman y Vidal frente al local en el cual estaba trabajando el Dr. Felipe Glasman.

Es decir que los mismos testigos y las mismas declaraciones fueron utilizados para fundar —sin que el cuadro probatorio haya sido modificado en lo más mínimo— dos resoluciones totalmente contradictorias: una que incriminaba a Javier Vidal, otra que prácticamente lo exculpa por el hecho que se le atribuye. Esta manera de razonar, que sólo se limita a repetir dogmáticamente las conclusiones a las que el fiscal desea llegar, y no los motivos por los cuales llega a ellas, no cumple con el deber de motivar sus resoluciones que le impone el art. 56 del CPP.

Vayamos un poco más allá y veamos ahora cómo se utilizó el contenido de las declaraciones citadas. Así, nos resulta profundamente llamativo el hecho de que, luego de motivar profusamente la necesidad de la detención de Vidal —remitimos a las constancias obrantes a fs. 5.025 y ss.—, bastó que Vidal prestara declaración indagatoria, para ser desafectado entonces, y ahora, de la responsabilidad que le atribuyó el mismo fiscal del caso.

No hay prueba producida que apoye la conveniente versión de Vidal afirmando que éste desconocía los designios de Colman. Sólo su declaración indagatoria, que no concuerda con el resto del cuadro probatorio. El fiscal, sin apoyarse en ningún elemento objetivo de convicción, y de manera curiosa en una investigación de esta naturaleza, afirma creerle. Del análisis del cuadro probatorio es evidente que el imputado Javier Vidal falta a la verdad, esto es, miente. Así, su relato representa un claro intento de acomodar una versión desincriminatoria que no resulte opuesta a ciertos hechos probados. Es por ello que Vidal se ubica en tiempo y espacio en el escenario del homicidio y, simultáneamente, afirma no haber tenido conocimiento de nada de lo que sucedía. A pesar de ello, y por una cuestión extrínseca a la responsabilidad penal personal de Vidal, el fiscal Christian Long lo toma como su principal fuente de información.

En efecto, a pesar de la inverosimilitud de trascendentes aspectos de su descargo (como se señalaron anteriormente), sin evacuar siquiera una cita de su exposición, la Fiscalía se desinteresó de su afectación como detenido en el proceso. El propio Fiscal que lo imputó como coautor o cómplice necesario de un homicidio calificado, pocas horas después de su declaración, y sin que se hubiera agregado ningún elemento probatorio a los que motivaron su pedido de captura, dispuso su libertad.

Tomará luego, de los dichos de Vidal, argumentos para motivar el pedido de elevación a juicio respecto de Colman. Pero nada dirá de la importante cantidad de elementos probatorios que incriminan también al primero.

Por una parte, y sólo como ejemplo, la invocada existencia de un error sobre la situación objetiva de las acciones de Colman y de Vidal, que encuadran perfectamente en la tipicidad objetiva de la coautoría de homicidio doloso, y, más aún, la declaración de testigos creíbles que desmienten al imputado en indagatoria, exigen, sin ninguna otra posibilidad, la realización de un debate oral y público que, insólitamente, esta siendo impedido sin fundamentos por el fiscal a partir de su decisión procesal.

Tras la desafectación de este imputado como detenido, prácticamente ninguna actividad desplegó la Fiscalía para la confirmación –—o no— de su propia hipótesis delictiva. No produjo, en lo sustancial, ni una actividad probatoria tendiente a tal fin.

IV. Las “razones” de Fernández

IV. 1. Introducción

A continuación contrastaremos los argumentos invocados por el Fiscal General Departamental Juan Pablo Fernández, para rechazar las solicitudes de revisión presentadas con los hechos del caso. En primer término, es necesario analizar los dichos de Fernández en relación con la cuestión del criterio de objetividad en la conducta de los integrantes del ministerio público fiscal:

“Dicho esto, también es necesario destacar que la actividad procesal del Ministerio Público Fiscal debe ser desarrollada fundadamente y guiada por el principio de objetividad, que no es actividad imparcial debido al carácter de parte de este Ministerio, sino que ella refiere a la actuación estrictamente apegada a las normas constitucionales y al texto de una ley (art. 55 del CPP)” (p. 6).

Llama poderosamente la atención esta afirmación pues si hay algo que no caracteriza a la gestión de Long es que sus decisiones sean fundadas y que sean apegadas a las normas vigentes. Veamos un buen ejemplo, que es, precisamente, el manejo de los tiempos en los cuales a Long ordenó el archivo de la investigación sin apego a las exigencias del derecho vigente. Y ello surge de los mismos dichos del fiscal Fernández. En efecto, según el mismo fiscal Fernández, contradiciendo una de mis afirmaciones, dice sin ambigüedad alguna:

“… Lo que el legislador regló, y su inclusión en el presente artículo así se justifica, es la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de archivar causas iniciadas por cualquiera de los medios previstas en el rito procesal cuando no hubiere prueba suficiente sobre la existencia del hecho o la autoría”.

A continuación el fiscal Fernández corrobora nuestra tesis, esto es, que el fiscal Long archivó la causa sólo cuando lo consideró conveniente y no por las razones que Fernández pretende imponer como decisivas. En efecto, el mismo Fernández agrega:

“4.- En cuanto a las supuestas decisiones contradictorias esgrimidas por el Agente Fiscal interviniente debido a que había utilizado exactamente el mismo conjunto probatorio para solicitar la detención de Vidal como para proceder al archivo de la causa a su respecto, resulta una apreciación inexacta siempre que la declaración del imputado es un elemento de prueba… y, por tanto, valorable a la luz de la sana crítica racional, hecho que, como explicará el Sr. Agente Fiscal, ha permitido equilibrar los elementos de cargo y de descargo y, ante tal situación que impide avanzar hacia una acusación, empero a la vez no alcanza para el dictado de un sobreseimiento a su favor, aparece como razonable el archivo por insuficiencia dispuesto al respecto”.

Que la declaración del imputado constituye un elemento de prueba ya lo sabíamos. Lo que también sabíamos es que dado un cuadro articulado de diversos elementos probatorios enlazados entre sí que dan sentido a una hipótesis acusatoria, la mera declaración del imputado negando su posible responsabilidad no basta para “equilibrar” los elementos de cargo y de descargo.

Ello es lo que aquí sucedió, pues, como ya hemos señalado, los dichos de Vidal, tomados sin promesa o juramento de decir verdad, no resultaban suficientes —ni creíbles— con el consistente cuadro probatorio que señalaba su responsabilidad.

Finalmente, el jefe de Long impugna nuestro argumento referido al hecho de que, al momento de dictar el archivo de la investigación contra Vidal, que obra a fs. 6.611, no se había producido toda la prueba que esta parte solicitara y que, al ordenarla, el fiscal Long hizo propia y consideró medidas de prueba pertinentes y útiles. En este sentido, el CPP dispone:

“ARTICULO 59.- ( Según ley 13.078) Agente fiscal: el agente fiscal tendrá las siguientes facultades:

Dirigirá, practicará y hará practicar la investigación penal preparatoria actuando con la colaboración de la Policía en función judicial, solicitando las medidas que considere necesarias, ante los jueces o ante cualquier otra autoridad” (destacado agregado).

El fiscal Fernández agrega a lo ya dicho una circunstancia que, al contrario de lo que pretende, nos da la razón a nosotros y no al fiscal Long, a quien supone que defiende:

“A este respecto, cabe aducir que el diligenciamiento de la prueba a que refiere el revisionista luce a fs. 6569/6570, 6585 y 8712/8731, la que nada arroja al cuadro probatorio relacionado con la posible participación de Vidal en el hecho pesquisado, dado que todos los informes requeridos por el revisionista a fs. 6521/6522 dieron resultado negativo en relación a la prueba pretendida, por cuanto nada agrega a los fines valorativos que pudieran alterar las conclusiones vertidas en el escrito bajo revisión, como en la presente resolución” (destacado agregado).

Lo que el fiscal Fernández no comenta es que la prueba que él considera que diera resultado negativo, sólo había sido producida íntegramente después de que él rechazara nuestras revisiones. El fiscal no consideró que el objeto de la revisión era controlar la decisión de Long, y que cuando Long ordenó el archivo de la investigación, parte de la prueba que él mismo había ordenado se produjera aún no había sido incorporada.

IV. 2. La conducta de Long

En conclusión, lo que Long hizo, y que posteriormente fue corroborado por su fiscal superior Fernández, significa lo siguiente:

• Según lo dispone el derecho vigente en versión Long, la decisión de archivar, continuar investigando o elevar a juicio es exclusiva del agente fiscal y puede ser ejercida sin dar motivos fundados ni siquiera a los particulares damnificados.
• Tenga o no tenga pruebas, hasta que no se haya agotado el máximo del tiempo establecido del plazo legal, el fiscal es libre de hacer lo que desee.
• Cuando se ve obligado a resolver porque el plazo legal le vence, puede resolver aun si existe prueba pendiente de producción que puede ser relevante para la investigación.
• Cuando la AMBB solicitó la elevación a juicio de Vidal, Long no fundó su rechazo pues sólo invocó que se trataba de una decisión de su competencia —eso no es un fundamento, es sólo la constatación de un hecho— y que el plazo no había vencido —eso tampoco es un argumento— Por otra parte, según el fiscal Fernández, Long no podía mantener la investigación de Vidal sin archivar si no había pruebas y, también según Fernández, la falta de pruebas permaneció inalterable desde la misma declaración de Vidal, donde realizó su inverosímil descargo que tan bien le venía para mejorar su situación procesal. Al mismo tiempo, el fiscal Fernández pretende defender la arbitrariedad de Long de decidir mantener abierta la investigación contra Vidal, sin realizar ninguna medida de prueba. Mientras tanto, Long, en los medios, hacía de abogado defensor de Vidal y defendía su inocencia a través de declaraciones engañando a los periodistas y al público, y poniendo en duda la integridad de los particulares damnificados que cumplíamos nuestras funciones
• Si Long ordenó medidas de prueba solicitadas por uno de los apoderados de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, y no esperó que todas esas medidas fueran producidas, esto es, resolvió la situación procesal de Vidal ignorando elementos de convicción que ordenó porque consideró que eran necesarios, entonces no se puede afirmar ni que cumplió con la ley, ni que actuó objetivamente.
• Por último, la fecha elegida para ordenar el archivo sólo fue elegida por Long para que no se lo apartara del caso por mandato legal. Para resistir las solicitudes de apartamiento y las denuncias que presentamos la gran mayoría de los particulares damnificados y sus apoderados —v. gr., recusación de la AMBB; recusación de los hermanos Glasman; denuncia de la Dra. Nidia Moirano ante la Sra. Procuradora; denuncia ante el Colegio de Abogados de San Isidro de uno de los apoderados de los hermanons Glasman; denuncia penal de uno de los apoderados de los hermanons Glasman—, la cobertura política ya la tenía garantizada con Fernández.
• No es cierto, como dice Fernández, que la decisión de Long no se trató de un capricho sino de un deber funcional. El mismo Fernández explicó que su deber funcional consistía en ordenar el archivo en cuanto los elementos de convicción le impidieran avanzar hacia una acusación. Y eso ocurrió, también según Fernández, después de la declaración de Vidal ante el fiscal Long y la jueza.
• La mejor prueba de ello consistió en la decisión de ordenar las medidas de prueba que esta parte solicitara para luego no esperar su producción. Si la prueba era necesaria —si no, no se habría ordenado—, entonces no podía archivar, y la investigación debía continuar sin él.
• Y esa decisión no se trata de un deber funcional ni de nada que se le parezca, sino que, una vez más, el ministerio público fiscal insiste en mantener a un funcionario cuestionado por prácticamente todas las partes. Y estos cuestionamientos han incluido pruebas irrefutables de las razones por las que se lo impugna —v. gr., los correos electrónicos de Long a Eduardo Glasman, las declaraciones bajo juramento de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, la declaración bajo juramento de la Dra. Moirano; los dichos del propio Long ante el fiscal Fernández—.

IV. 2. ¿El Fiscal General puede “reprender” a los particulares damnificados?

I. En este aspecto del escrito de Fernández, el Fiscal General Departamental, prácticamente se identifica por completo con el cuestionado fiscal Long y, frente a un argumento de esta parte, nos “reprende” por ejercer los legítimos derechos que nos garantiza el ordenamiento jurídico vigente, mientras ignora las graves inconductas cometidas por el subordinado respecto del cual tiene el deber de controlar, algunas de ellas llevadas a cabo en su presencia.

Nuevamente se falta el respeto a las víctimas, ya que el Fiscal General Departamental Fernández afirmó en la resolución que confirmó el archivo de Vidal, lo siguiente:

“6.- Por último, el Dr. Bovino manifiesta que el decisorio que ataca contiene una motivación diversa a la expresamente contenida, que es la pretensión del Dr. Christian Fernando Long de no ser apartado de la presente investigación en los términos del art. 283 del rito procesal, dado que los plazos de investigación contenidos por el mismo estarían feneciendo respecto a Vidal.-

A esto cabe referir que, si bien es cierto que al momento en que el Agente Fiscal resuelve archivar la presente Investigación Penal
Preparatoria respecto de Vidal, el plazo de investigación del art. 262 del Código Procesal Penal se estaría venciendo, circunstancia que no fuera ocultada en modo alguno por el Sr. Agente Fiscal a cargo de la UFIJ Nº 5 (fs. 6602), ello no deslegitima por sí mismo la resolución bajo revisión. En cuanto a la finalidad del Fiscal interviniente de cumplir los plazos procesales para no ser apartado de la causa, antes que un capricho personal, constituye un deber funcional y la circunstancia de que algunos de los particulares damnificados pretendan su apartamiento no constituye en sí misma, una razón; máxime cuando en determinados casos, el particular damnificado se identifica con alguna de las personas sobre la que se sospecha de algún grado de participación en el hecho.-

Que desde la declaración de Vidal, la presente encuesta ha sumado más de tres mil (3000) fojas, muchas de las cuales refieren a diligencias probatorias encaminadas a corroborar o refutar la hipótesis fiscal del hecho y la autoría responsable en torno al homicidio del Dr. Glasman y la posible intervención de partícipes o instigadores del mismo, habiéndose atendido a los particulares damnificados en cuanto a la prueba que reclamaran, además de numerosos planteos de diversos órdenes de los letrados patrocinantes de la defensa y apoderados de los particulares damnificados entre los que se cuentan incidente de nulidad, interposición de recursos ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal departamental y pedidos de recusación del Agente Fiscal ante la Juez de Garantías actuante, todo lo que impide razonablemente concluir que existió inactividad procesal persecutoria del Agente Fiscal a cargo de la presente que, al mismo tiempo, permitiera calificar de ‘caprichosa’ su intervención”.

Es un hecho que Fernández admite que la circunstancia del vencimiento del plazo de la investigación fue determinante para la decisión cuya revisión le solicitamos oportunamente. A esta actitud la traduce en “… la finalidad [de Long] de cumplir los plazos procesales para no ser apartado de la causa, antes que un capricho personal, constituye un deber funcional…”.

Sin embargo, tal como lo aclaráramos, los plazos legales como el del art. 283 no representan autorizaciones para que los órganos del Estado agoten el plazo en todos los casos.

En este caso concreto, el mismo Fernández reconoció que en opinión de Long y suya —criterio que no compartimos—, los requisitos para archivar estaban dados con anterioridad a la fecha en que el archivo fue efectivamente ordenado. También Long reconoció la misma circunstancia pues, al rechazar la solicitud de la AMBB para que también se eleve a juicio el caso de Vidal contestó, como supuesta razón legítima para no hacer lugar al pedido, que el plazo legal no se había agotado.

Así, ambos funcionarios han reconocido expresamente que como acusadores estatales, tienen la facultad de ordenar el archivo en todos los casos al vencimiento del plazo legal, sin importar si se justifica o no esta decisión en las únicas razones que deben ser tomadas en cuenta para resolver sobre la cuestión: la subsistencia de la sospecha sustantiva de comisión del hecho punible cometido por el imputado y la posibilidad de que la investigación no quede paralizada sin poder alcanzar esa sospecha.

II. Por otra parte, no se comprende a título de qué, el Fiscal General Departamental, al resolver una revisión que impugna una decisión de su subordinado, el fiscal Christian Long, realiza un análisis en tono de reprimenda hacia los particulares damnificados por el legítimo ejercicio de sus derechos.

Máxime cuando el ejercicio de tales derechos no fueron un capricho de los Sres. Laura y Eduardo Glasman, sino, en todo caso, una reacción para proteger sus derechos frente a las reiteradas irregularidades cometidas desde la Fiscalía a cuyo cargo se halla el fiscal Long.

Más allá de ello, el Fiscal General carece de competencia para evaluar la conducta procesal de partes que han intervenido en el proceso con total buena fe y que en ningún caso han sido amonestadas o sancionadas.

Mucho menos se comprende, además de resultar agraviante, la siguiente afirmación:

“… máxime cuando en determinados casos, el particular damnificado se identifica con alguna de las personas sobre la que se sospecha de algún grado de participación en el hecho” (destacado agregado).

Aquí, nuevamente, el Fiscal General se hace eco de las opiniones sin fundamentos probatorios del fiscal Long. Piénsese que el Sr. Eduardo Glasman debió soportar el maltrato de Long cuando éste último lo acusó —a él y a su hermana—, de que no les interesaba descubrir a los responsables del asesinato de su padre.

En este aspecto, más allá de la absoluta ausencia de facultades legales que Long cree tener para tomar medidas de investigación en contra de los particulares damnificados y de sus apoderados, sin elementos de prueba que así lo justifiquen, la fiscalía utiliza afirmaciones agraviantes de este tenor y que no puede probar en modo alguno —sucedió con las imputaciones de Long respecto a lo que la Dra. Moirano supuestamente cobraba de la AMBB el año pasado; sucedió con las supuestas vinculaciones de uno de los apoderados de los hermanos Glasman con la AMBB, en perjuicio de nuestros clientes, y la indagación sobre quién se hacía cargo de los honorarios de uno de los abogados— para controlar a las demás partes del proceso.

Las únicas alternativas del fiscal son dos: a) o bien demuestra la existencia de un conflicto de intereses y aparta al letrado o a la parte del procedimiento; o b) mientras que tal hipótesis solo exista en su imaginación, no sólo no puede investigar una cosa semejante, sino que tampoco puede anunciarlo públicamente como un hecho existente y verificado.

En este sentido, es importante destacar que el fiscal Christian Long, luego de ocuparse de los apoderados anteriores de los hermanos Glasman, en un reunión celebrada entre los fiscales Long y Fernández con el Sr. Eduardo Glasman y en presencia de uno de nosotros, el Dr. Juan Pablo Chirinos, dijo sin tapujos al Sr. Glasman que él “a Bovino no lo [iba] a atender porque es un maleducado”. Así, el fiscal Long, esta vez de manera frontal y en presencia de su superior Fernández, una vez más, advirtió a uno de mis representados que no podría ejercer sus legítimos derechos de jerarquía legal y constitucional por su puro capricho.

Llama la atención que el fiscal Fernández tenga tanta paciencia con un Agente Fiscal encargado de una división de delitos complejos. No sólo le permite decirle a nuestro cliente que no accederá al expediente a menos que saque del juego a uno de sus apoderados. Fernández también le dijo al Sr. Eduardo Glasman, en la que estaba presente una de sus apoderados (Chirinos), cuando le preguntó por qué razones Long los investigaba a nuestros clientes y a uno de sus apoderados, que “debían entenderlo, porque Long veía fantasmas por todos lados”. En una palabra, admitió que Long era paranoico.

Por último, también es un hecho gravísimo que Long le mintiera en la cara al Sr. Eduardo Glasman respecto de que él no había dicho que a la Dra. Nidia Moirano le pagaba —hasta el año pasado— la Asociación Médica, y frente a su superior jerárquico, cuando todos saben que el fiscal Long se cansó de afirmar ese hecho absolutamente falso no solo a los miembros de la familia Glasman, sino, además y especialmente, a todos los medios de prensa.

IV. 3. Sobre la “objetividad” para archivar

La “objetividad” del Fiscal General Departamental Fernández ha sido demostrada de modo inequívoco si comparamos cómo decidió confirmar el archivo de un sospechoso de homicidio como Vidal, en un caso con pruebas ajenas al imputado y con parte de sus propios dichos que lo incriminan, con la decisión de revocar el archivo de una denuncia absurda hecha por el Dr. Asad[1] contra uno de los apoderados de los hermanos Glasman.

En el caso que se halla radicado ante el Tribunal Criminal Nº 1, y exclusivamente a raíz de las pretensiones de perito del abogado Miguel Ángel Asad, se hizo una denuncia por estafa procesal y por falsedad ideológica de instrumento público. Lo que Asad sostuvo fue que en un escrito de protesta presentado por Bovino ante el Tribunal Criminal Nº 1, por su análisis de su redacción y por sus conocimientos de dibujo y pintura, ese escrito no lo había redactado, firmado ni presentado Alberto Bovino. Todo ello sin un solo elemento de convicción y con la ayuda exclusiva de su imaginación. La calificación de estafa procesal, por supuesto, resultaba absolutamente inaplicable a los hechos imaginados por el abogado de la Sra. Sosnitsky. Ni que hablar de la comisión de falsedad ideológica a los mismos hechos, cuando se trata de un supuesto en el que, según Asad, sólo podría ser calificado como falsedad material. Esta sola circunstancia demuestra la incomprensión del abogado Asad del derecho vigente.

El 21 de diciembre de 2007, con criterios absolutamente apegados a derecho, el Agente Fiscal Eugenio Casas resolvió desestimar la denuncia por estafa procesal, y archivar la denuncia presentada por Asad y calificada como “falsedad ideológica de instrumento público” —cuando era claro que los hechos imaginarios sólo podían constituir una falsedad material de instrumento privado—.

El 27 de marzo de 2008 se vuelve a presentar Beatriz Sosnitsky de Glasman con el patrocinio de Asad y, escribiendo tanto su apellido de soltera como su apellido de casada de manera incorrecta, y sin dar una sola razón que lo justifique, pretende constituirse en particular damnificada en una causa que, según había sostenido en su escrito anterior, afectaba el bien jurídico del buen servicio de justicia.

Se insiste allí con la afirmación de que el escrito de apelación fue presentado con fines dilatorios, con la estafa procesal y con la falsificación ideológica. La Sra. Jueza, de manera ajustada a derecho, rechazó la constitución en parte de la Sra. Sosnitsky. El resto es historia conocida. Asad insiste solicitándole al fiscal que designe a su asistida como particular damnificada. EL fiscal le da a la apelación del abogado el tratamiento de la solicitud de revisión y remite al Fiscal General.

El Fiscal General, de manera predecible, resolvió la reapertura de la investigación con el argumento de que no se habían producido medidas de prueba para desvirtuar la hipótesis denunciada. La resolución sería correcta si no fuera que para iniciar investigación se requiere un mínimo de elementos objetivos que indiquen la posible participación de una persona en un hecho punible. El Fiscal General no puede decir que a pesar de que la opinión de Asad no es prueba de nada, se debería haber hecho peritaje caligráfico que niegue los hechos de la denuncia sin fundamento alguno.

Por otra parte, para solicitar la revisión —y no la apelación que presentó Asad—, la Sra. Beatriz Sosnitsky de Glasman debía ser particular damnificada o víctima, y no era ni lo uno ni lo otro. Pero lo más grave es como el Fiscal General Fernández resuelve de oficio desarchivar y reabrir la investigación. Si comparamos el criterio aplicado en este caso, y en el caso de un sospechoso de asesinato respecto del cual existen numerosas pruebas en su contra, su “actuar objetivo” es más que dudoso. Así, dice Fernández:

“Y tal requerimiento resulta razonable toda vez que no puede descartarse, a priori, que estemos en presencia del delito de falsificación material de un instrumento privado ya que, a partir de los dichos de la hoy recurrente, podría existir la confección de un documento falso, presentado en un expediente judicial, del que puede resultar perjuicio, en los términos del primer párrafo del art. 292 del Código Penal. Ello en tanto que, de dicho documento, pueden emanar efectos jurídicos (posibilidad recursiva, honorarios, etc.).
…

Por lo expuesto, considerando que existen medidas de investigación pendientes que pueden resultar pertinentes para el esclarecimiento del hecho denunciado, conforme al art. 83 inc. 8º del Código Procesal Penal, RESUELVO: Revocar la resolución que dispone el archivo de estas actuaciones…”.

Huelgan los comentarios.

Si atendemos a los hechos de este caso, resulta evidente que Long no controla su exposición mediática, y que utiliza a la prensa para atacar a las partes que no comparten su visión respecto del juicio, llegando al punto, además, de amenazar a los periodistas que no comparten su mirada del caso como posibles partícipes en el delito de encubrimiento.

Pero en lo que aquí nos ocupa, es autoevidente que Long ordenó el archivo del posible coautor del homicidio agravado del Dr. Felipe Glasman en forma inmotivada, extemporánea y contando con elementos que permitían llevar a Vidal a juicio, encerrándose en argumentos circulares que solo puede fundar las creencias o intuiciones de su intelecto carentes de todo elemento objetivo de convicción que les den sustento y que no resisten un análisis serio.

¿Cómo puede suceder esto? Muy sencillo: Long cuenta con la cobertura del Fiscal General Fernández, quien por un lado proclama la vigencia del principio de objetividad y a renglón seguido se desdice en su actuación práctica, al confirmar un archivo que o bien debió ser ordenado con un año de anticipación, o bien debió derivar en una acusación y posterior elevación a juicio; en tanto que revisa saltándose todas las formalidades legales, la investigación respecto de uno de los abogados que disienten con Long.

En el colmo del paroxismo de su cruzada mediática acusa a quienes pretendemos que Vidal sea juzgado por el homicidio del Dr. Felipe Glasman de que nuestra única intención consiste en “neutralizar a Vidal como testigo”, sabiendo a ciencia cierta no solo que Vidal no podría declarar como testigo (pues él mismo lo mantiene como imputado), sino porque ni siquiera lo citó en tal calidad para el juicio contra Colman. La mala fe de Long al hacer estas declaraciones es manifiesta y no hay manera de que sea justificada.

Pero por sobre todas las cosas, entendemos que la actitud constante de ambos fiscales en atacar, directa o indirectamente a nuestros representados, con medias verdades, que se constituyen en verdaderas mentiras, impropias para cualquier persona que participa de un proceso judicial, pero ética y procesalmente reprochable cuando estas maniobras son efectuadas por funcionarios públicos, importan una actitud que destruyó la concordia familiar, separó a la madre de sus hijos y les generó a estos innumerables padecimientos —.

Alberto Bovino Juan Pablo Chirinos

[1] El Dr. Miguel Ángel Asad es el actual apoderado de la viuda del Dr. Felipe Glasman. Apareció misteriosamente y ofreció sus servicios de manera gratuita a la viuda de Glasman, y además de “elogiar la excelente investigación de Long” a los cinco minutos de tomar el caso —no sabemos cuándo leyo todos los cuerpos que integran el expediente—, no ha realizado ninguna solicitud o presentación tendiente a beneficiar los intereses de su cliente, Beatriz Sosnitsky de Glasman. Sí ha tenido tiempo, sin embargo, para hostigar e insultar a uno de los apoderados de los hermanos Glasman (Bovino).

EXIGE DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y RESPUESTA

2008-08-27T08:54:00.000-07:00

Sres. Martín NOIR y Germán SASSO
Editores Responsables de
labrujulanet.com.ar

Alberto BOVINO, abogado, apoderado de los hermanos Sra. Laura GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN, en su calidad de particulares damnificados en la causa penal abierta en la que se investiga a los responsables del asesinato de su padre, el Dr. Felipe GLASMAN, con el patrocinio letrado de Andrea POCHAK y Diego MORALES, abogados del CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS), y de Juan Pablo CHIRINOS, exigimos por este medio se nos conceda derecho de rectificación y respuesta del cúmulo de falsas imputaciones que este medio de prensa me ha atribuido con la intención de desacreditarme.

I. ANTECEDENTES

Debo confesar que nunca en mi vida fui atacado en mi integridad profesional y personal con este nivel de ensañamiento, mucho menos en el contexto de un grave caso de homicidio como el del Dr. Felipe GLASMAN, y muchísimo menos por la prensa. Desde que vine por primera vez a Bahía Blanca, tanto en sus programas radiales como en las notas que aparecen en su página en la red, se han afirmado hechos y circunstancias falsos y de carácter agraviante hacia mi persona, ya que jamás han tenido el menor elemento de prueba para difamarme como lo han hecho.

Más allá de la irritación que he sentido en todo este tiempo por ser uno de los blancos preferidos del medio de comunicación del que son editores responsables, he optado por no enviar notas aclaratorias a su redacción porque la primera vez que lo hice, su “aclaración” consistió en mentir nuevamente y en no hacerse responsables de la información falsa o distorsionada que emitieron en su programa radial(1).

Además de estas afirmaciones, que no son informaciones veraces ni emitidas de buena fe, continuaron realizando afirmaciones falsas tendientes a atacar mi integridad profesional, conclusión que resulta incuestionable luego de la nota que publicaron en su página “labrujulanet.com.ar” el 7 de agosto de 2008 a las 18:10 (según consta en el sitio), titulada “Promueven el juicio político contra el fiscal que investiga el asesinato de Felipe Glasman”(2), y de manifestaciones que fueron emitidas en programas radiales de su empresa con anterioridad a la nota escrita que es el motivo de esta solicitud.

Así, entre otras afirmaciones falsas, dijeron en otro programa radial, luego de burlarse de mí por el consejo profesional que les dí a mis clientes, frente a una pregunta absolutamente impertinente que el fiscal LONG no podía hacer:

- ¿Quién paga? Que no se diga quién paga…

- Por favor, que no se sepa…

- Porque paga la Asociación Médica…

Ésa no fue la única vez que me relacionaron con la Asociación Médica cuestionando seriamente mi integridad profesional. En otra oportunidad dijeron, livianamente:

“… pero más allá de este análisis, también salió, eh…, uno de los abogados relacionados con la Asociación Médica de apellido BOVINO, y salió…” (destacado agregado).

También atacaron a mi cliente quien, actuando, como ustedes ya sabían y habían indicado en la nota anterior, siguiendo mi consejo profesional, contestó a una pregunta capciosa del fiscal LONG con otra pregunta. Sin embargo, Uds. dicen:

- … hace unos cuantos años trabaja Eduardo Glasman allí, y lo curioso es que cuando el fiscal le preguntó por este tema, si conocía esta entidad bancaria, Eduardo Glasman dijo que no…

De vuelta se falta a la verdad, pues Eduardo GLASMAN, siguiendo mi consejo, contestó con una pregunta para evitar dar respuesta a la pregunta de LONG.

>>>From: Glasman, Eduardo H

>>>Sent: Saturday, October 27, 2007 11:16 AM

>>>To: 'ufi5.bb@mpba.gov.ar'; ...

>>> ...

>>>Subject: Re: UFIJ 5
>>>
>>>Estimado Christian,

>>>En que contexto aparecieron estos datos?

Siempre he defendido la libertad de expresión, y jamás se me ocurriría querellar a un periodista, ni siquiera a Uds(3). Pero recordemos que, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades, la libertad de expresión tiene dos lados: el derecho a buscar y difundir información; y el derecho colectivo a recibir información, y que esta información sea veraz.

Es por este motivo que me veo obligado, frente a la reiterada y sistemática práctica del medio del cual son editores responsables de difundir información inexacta y agraviante respecto de este apoderado legal, a ejercer mi derecho de respuesta garantizado en el art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

II. EL DERECHO

Resulta evidente, tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como en la de nuestra Corte Suprema nacional, que el derecho de rectificación y respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención es exigible independientemente de si ha sido regulado por ley. Así, ha dicho la Corte Interamericana:

20. El artículo 14 dispone lo siguiente:

"1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley."

"2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

A ello, se agregó:

25. La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1 (La colegiación obligatoria de periodistas, supra 18). Recuérdese que la Resolución (74) 26 del Comité de Ministros del Consejo de Europa fundamentó el derecho de respuesta en el artículo 10 de la Convención Europea, sobre libertad de expresión.

26. Habiendo llegado a la conclusión de que la Convención establece un derecho de rectificación o respuesta, la Corte debe ahora desarrollar las consecuencias del criterio precedentemente afirmado.

En el mismo sentido se pronunció nuestra Corte Suprema en el caso “Ekmedjián”:

23) Que, el derecho de respuesta o rectificación tiene por finalidad la aclaración, gratuita e inmediata frente a informaciones que causen daño a la dignidad, honra e intimidad de una persona en los medios de comunicación social que los difundieron. En cuanto a su encuadre jurídico, no se reduce a los delitos contra el honor ni requiere el ánimo de calumniar o de injurias, ni el presupuesto de la criminalidad delictiva. No se trata de la querella por calumnias o injuriar, ni la acción por reconocimiento de daños y perjuicios.
…
Es decir, que así como todos los habitantes tienen el derecho de expresar y difundir, sin censura previa, su pensamiento —ideas, opiniones, críticas— por cualquier medio de comunicación; así también todo habitante —que por causa de una información inexacta o agraviante sufra un daño en su personalidad— tiene derecho a obtener mediante trámite sumarísimo una sentencia que le permita defenderse del agravio moral mediante la respuesta o rectificación, sin perjuicio del ejercicio de las restantes acciones civiles y penales que le pudieren corresponder (destacado agregado).

El problema que resta resolver es cómo hacer efectivo nuestro derecho de respuesta. Sobre este aspecto, nuestra Corte Suprema ha dicho:

29) Que, asimismo, la respuesta o rectificación tutela bienes de naturaleza civil no política ni electoral. La mayoría de las noticias contestables no son ilícitas y la respuesta es sólo un modo de ejercicio de la misma libertad de prensa, que presupone la aclaración razonablemente inmediata y gratuita en el mismo medio que publicó la información considerada ofensiva, en trámite simple y expeditivo, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles o penales que pudieran corresponder al afectado.

30) Que, en efecto, no cabe confundir las consecuencias de una condena criminal sustentada en el art. 114 del Cód. Penal —que presupone la tramitación de todo un proceso judicial ordinario con amplitud de debate y prueba— con el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. Aquella disposición tiende a que se repare el honor en la misma forma, modo o semejanza que la conferida por el ofensor en los casos en que la ofensa hubiere sido propalada por la prensa. Es así que, en tal supuesto, la reparación deberá hacerse en el mismo periódico, en el mismo lugar y con los mismos caracteres que la noticia injuriosa. Más aún, si la sola publicación del escrito de retractación fuera insuficiente para reparar el honor del ofendido, se ha considerado necesario que sea precedido por el comentario injurioso y que la declaración se refiera a él.

III. LAS EXPRESIONES FALSAS Y AGRAVIANTES

El 7 de agosto de 2008 publicaron en su página la nota titulada “Promueven juicio político contra el fiscal que investiga el asesinato de Felipe Glasman”(4), donde se vuelcan una larga serie de afirmaciones sobre actos que yo supuestamente estaría por realizar, como también de los motivos por los cuales yo habría realizado o estaría por realizar dichos actos. Todas estas afirmaciones son absolutamente falsas, y, por supuesto, no se cita un solo elemento objetivo que intente demostrar los hechos que se me atribuyen. Es muy sencillo, porque tales elementos no existen.

Veamos, entonces, las circunstancias que justifican mi derecho de réplica. Comencemos por el título: (mis comentarios están incluidos en su texto)

PROMUEVEN EL JUICIO POLÍTICO CONTRA EL FISCAL QUE INVESTIGA EL ASESINATO DE FELIPE GLASMAN

No hay verbos en tiempo condicional, se afirma lisa y llanamente que se pide el juicio político del fiscal Christian LONG. Más abajo se aclara con todo detalle que soy yo, “el abogado Alberto Bovino”, quien solicitaría el juicio político del investigador.

Tras innumerables frustrados intentos por apartar al “molesto” Dr. Christian Long de la investigación por el crimen de Felipe Glasman, uno de los abogados de los hijos de la víctima impulsaría un juicio político contra el fiscal por un “supuesto mal desempeño en funciones”.

Más allá de que ni los hermanos GLASMAN, como tampoco ningún miembro de mi equipo de trabajo, y tampoco yo, hemos pedido o estamos por pedir el juicio político de LONG, nótese que en la nota se me atribuye toda la responsabilidad por el supuesto pedido de enjuiciamiento. Además, al hablar de un “supuesto mal desempeño en funciones”, unido al párrafo final, queda claro que se me atribuye la intención de hacer una denuncia inmotivada contra el fiscal Christian LONG.

El abogado Alberto Bovino promovería el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal de la causa, luego de que todas las estrategias de la trouppe de letrados contratados por la Asociación Médica fracasaran en cuanto a la recusación del investigador.

No prosperaron los intentos de anular los allanamientos a la sede de la entidad médica ni las reiteradas denuncias en distintos estamentos y ante diferentes magistrados y tribunales.

El pedido del Dr. Bovino ocurre en un momento clave de la investigación por el mafioso crimen del médico. En menos de dos meses irá a juicio oral y público el acusado de ser el sicario contratado para eliminar a Glasman y se está a un pasó de probar la autoría ideológica del hecho.

Recordemos que, existen policías que fueron desafectados de la fuerza por el ministro de Seguridad y que están procesados por la irregular liberación de Vicente Colman a pocas horas del crimen de Glasman.

También, hay dos imputados por el encubrimiento del brutal crimen. Por un lado, se encuentra, uno de los máximos beneficiados por la muerte de Glasman, el médico Fernando Carignano. Por el otro, aparece el mediático empleado de prensa de la institución, el periodista de Radio Universal Jorge Palacio.

A todo esto se le suma la causa que se formó tras los allanamientos del año pasado a la AMBB, donde se secuestró gran cantidad de documentación de la que surgirían innumerables delitos de índole económico.

Pese a que, hacia fuera de la fiscalía que dirige Long, la causa pareciera inmóvil, los elementos probatorios y los indicios precisos y concordantes apuntan en una única dirección a la hora de identificar al autor intelectual del homicidio de Felipe Glasman.

Seguramente por el inevitable avance de la investigación es que se intentará, una vez más, parar al fiscal. Pese a que no existe la mínima preocupación en el equipo del Dr. Long, el trámite legal que se lleva a cabo cada vez que se denuncia a un funcionario judicial está en marcha.

Dentro de este marco de afirmaciones sobre hechos y opiniones, el lector se preguntará, con seguridad, ¿cómo es que el apoderado de los hijos de la víctima haría esto? Y la respuesta es afirmada como un hecho probado en el párrafo anterior: debo parar al fiscal por el inevitable avance de la investigación.

La Secretaría permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses es quien se encarga de recibir las denuncias contra fiscales o jueces y comenzar el procedimiento.

Dicho jurado está compuesto por once integrantes y es encabezado por el presidente de la Suprema Corte, que designa, a su vez, a cinco conjueces. Mientras que los otros cinco son legisladores, de profesión abogados, nombrados por el Senado bonaerense.

Una alta fuente judicial, comento ante LABRUJULANET, que “no existen elementos para iniciarle un juicio político a Long. Si no prosperaron simples recusaciones, mucho menos van a prosperar este tipo de denuncias”.

IV. MI RESPUESTA

Dados los hechos y circunstancias enunciados previamente, exijo que se difunda por su programa radial, y que se publique una nota en su página digital en donde señalaré la falsedad de las siguientes imputaciones:

• No es cierto que el Sr. Eduardo GLASMAN haya desconocido el nombre de la empresa donde trabaja desde hace años. Se limitó a contestar un correo electrónico del fiscal LONG con la pregunta de “en qué contexto había surgido tal afirmación”, por consejo de su apoderado Alberto BOVINO. Dicha pregunta jamás fue respondida.

• No existe, ni se ha demostrado vinculación alguna entre ninguno de los apoderados de los hermanos Sra. Laura GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN con la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA. Sólo este medio y el fiscal LONG han afirmado la existencia de esta vinculación, sin fundamento en elemento objetivo alguno que pudiera corroborarla.

• No es cierto que como ha afirmado este medio, y como ha pretendido investigar el fiscal LONG, este apoderado o algún otro miembro de su equipo de trabajo, hayan recibido dinero o cualquier otro bien o derecho de contenido patrimonial de parte de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA o de su presidente, el Dr. CARIGNANO.

• No es cierto que Alberto BOVINO, apoderado de los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN, haya promovido o esté por promover juicio político contra el fiscal Christian LONG por supuesto mal desempeño de funciones.

• No es cierto que Alberto BOVINO o cualquier miembro de su equipo de trabajo en el caso del asesinato del Dr. Felipe GLASMAN hayan solicitado medidas o actuaciones contra el fiscal Christian LONG de manera conjunta con los abogados de la ASOCIACIÓN MÉDICA DE BAHÍA BLANCA, o de manera autónoma, con el fin de detener el “inevitable avance de las investigaciones” del fiscal. Las medidas solicitadas por el apoderado de los hermanos GLASMAN, en representación de ellos o a título personal, se fundan en la defensa de los intereses de sus representados o en el suyo propio, y han sido presentadas acompañando elementos objetivos de prueba que lo corroboran.

Confiamos en que accedan a nuestra solicitud sin mayores complicaciones ni dilaciones, si es que desean obrar de buena fe. En caso contrario, nos veremos obligados a accionar judicialmente para lograr que se nos reconozca el derecho de respuesta e interpondremos las acciones civiles correspondientes.

Quedamos a la espera de una respuesta afirmativa,

Andrea POCHAK Diego MORALES
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES

Alberto BOVINO Juan Pablo CHIRINOS

(1) Nos referimos al hecho que la primera vez que me mencionaron afirmaron que fui representante de la Sra. Beatriz SOSNITSKY y que solo duré unas horas. Pueden escuchar los audios y leer mis aclaraciones en esta página.

(2) http://www.lbnteve.com.ar/noticias/full_hoy.php?subaction=showfull&id=1218143418&archive=&start_from=&ucat=3.

(3) Como muestra de mi trabajo incesante en defensa de la libertad de expresión puede verse los resultados de mi intervención profesional en el caso sobre censura indirecta mediante el uso arbitrario de la distribución de publicidad oficial que fue ganado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver documentos 01. Caso Rio Negro; 02. Encuentro censura indirecta.pdf, ps. 8, 12, 13 y 25), y en el caso del periodista Eduardo KIMEL, en el que se llegó hasta la Corte Interamericana y provocará, entre otras medidas de reparación, una reforma de las figuras penales de calumnias e injurias (ver 03. Caso Kimel; 04. Caso Kimel). Se adjuntan todos los documentos citados en copia simple.

(4) http://www.lbnteve.com.ar/noticias/full_hoy.php?subaction=showfull&id=1218143418&archive=&start_from=&ucat=3. LA FALSA NOTICIA YA HA SIDO RETIRADA DE LA PÁGINA.

SE PRESENTA. SOLICITA NULIDAD.

2008-07-07T12:15:00.000-07:00

SE PRESENTA. SOLICITA NULIDAD.
EN SUBSIDIO OFRECE PRUEBA Y PERITO DE PARTE

Sra. Jueza:

Alberto BOVINO, abogado, tº XXX, fº 436, del Colegio de Abogados de San Isidro, monotributista, CUIT 20-13188055-4, por derecho propio, en la IPP 138.340, constituyendo domicilio procesal en Palau 22 de esta ciudad, a la Sra. Jueza nos presentamos y decimos:

I. OBJETO

Para poner fin a todo esta maniobra desplegada por el abogado Miguel Ángel ASAD no estamos seguros de con qué objeto, nos presentamos en esta investigación con el objeto de solicitar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al archivo de la causa dispuesto a fs. 15. En subsidio acompaño cuerpo de escritura para realizar la pericia caligráfica y nos reservamos el derecho a designar perito de parte.

II. ANTECEDENTES

II. 1. LA APARICIÓN DE ASAD

I. Luego de toda las complicaciones generadas por los cambios de representación legal originadas en las particulares circunstancias de la causa abierta por el homicidio del Dr. Felipe GLASMAN, aparece de la nada Miguel Ángel ASAD, golpea la puerta de la Sra. Beatriz SOSNITSKY y le ofrece de manera gratuita sus servicios profesionales.

A pesar de no haber tenido tiempo material de leer ni siquiera un solo cuerpo de esa causa, inicia su serie de desatinos profesionales elogiando enfáticamente una investigación que no conoce, a cargo del fiscal LONG, ataca al Sr. Jorge JINKIS, y califica un escrito que yo presentara como “esperpento” ante la prensa.

Debe quedar en claro que no responsabilizamos a la Sra. Beatriz SOSNITSKY por los contenidos de éste y los siguientes escritos que llevan su firma y que fueran presentados por su propio derecho, con el patrocinio legal de ASAD —si es que tales presentaciones pueden ser calificadas de ese modo—. Detengámonos a analizar la redacción y el contenido de los escritos de ASAD.

II. 2. EL ESCRITO PRESENTADO PARA IMPUGNAR EL “ESPERPENTO”

I. Como surge claramente de los primeros escritos, el abogado ASAD ha iniciado una investigación penal con cualquier tipo de fin pero, seguramente, no el de representar los intereses de su cliente. Comencemos por el principio, veamos el encabezamiento del primer escrito, que dice:

“TOMA RAZON-SE NOTIFICA DE PRESENTACION-PLANTEA RECHAZO DE APELACION DE V. RESOLUTORIO EN ESCRITO QUE PIDO SE DECLARE INEXISTENTE ASI COMO QUE SE ORDENE LA APERTURA DE UNA INVES TIGACION PENAL SOBRE EL MISMO-ETC.”.

En primer término, no se entiende si el título fue escrito por TARZÁN o si su autor creía que estaba enviando un telegrama. Más allá de ello, como nota de color, nos encanta el "ETC.".

En segundo término, el núcleo de lo que solicita este buen señor consiste en "plantear el rechazo de la apelación". Ello en el supuesto de que una apelación haya sido interpuesta, lo que no ha sucedido en este caso. Por último, nos preocupó lo de la declaración de "inexistencia", institución interesantísima cuyo estudio quisimos profundizar. Sin embargo, no logramos dar con ninguna regla jurídica que hiciera mención a ella. Tampoco encontramos reglas vigentes, doctrina o jurisprudencia —o al menos consejos caseros— que nos pudieran explicar cómo realizar una investigación penal sobre algo que no existe por disposición judicial.

A continuación se afirma que [Alberto BOVINO] “flaco favor ha hecho al esclarecimiento de este CRIMEN MAFIOSO, publicando una solicitada en el diario La Nueva Provincia, en la cual OSA SUGERIR QUE HABRÍA QUE INVESTIGARME A MI”. A continuación agrega que mis dichos “habrían sido sugeridos por [sus] hijos”.

II. El caso fue iniciado por afirmaciones que ASAD puso en boca de la Sra. Beatriz SOSNITSKY. Y esto, como veremos al analizar los escritos presentados, es absolutamente irrefutable. Las razones para dejar de creer en esta historia oficial fueron el mismo tipo de razones esgrimidas por ASAD. En efecto, la Sra. SOSNITSKY no puede haber redactado ni dado los contenidos del segundo escrito presentado por ASAD a esta IPP, recibido en la UFI 3 el 27 de marzo de 2008, pues allí se dice:

“SEÑOR FISCAL:

Betty Sostnitsky [el primer apellido fue escrito originariamente como “Sostnisky”, y corregido a mano] “viuda de Glassman, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr MIGUEL ANGEL ASAD…”.

Con las fabulaciones propias de ASAD, yo podría decir que el escrito de ASAD no fue firmado por la Sra. Beatriz SOSNITSKY y que, por lo tanto, se deben investigar varios delitos. Pero no me parece un acto que respete las reglas de nuestra ética profesional. El argumento de ASAD sería que ésa no puede ser la firma de Beatriz SOSNITSKY pues su apellido fue mal escrito la primera vez, y cuando se intentó corregirlo también quedó escrito de manera incorrecta. Pero eso no es todo. Parece poco probable que la Sra. SOSNITSKY no supiera que el apellido de su marido no se escribía “Glassman” sino “Glasman”.

III. Antes de continuar, debemos dejar en claro que esta investigación carente de todo fundamento legal, continúa abierta porque se le ha concedido a las opiniones de ASAD carácter de “peritaje en estilo de redacción de Alberto BOVINO”, y “peritaje en caligrafía”. El brillante escrito redactado por quien calificara el mío como “esperpento” continúa:

“2.2-Sí me es imposible de obviar y de jar pasar , la presentacion [las palabras separadas en dos partes y el olvido de utilizar tildes son características del peculiar e inigualable uso del lenguaje escrito del autor] que obra a fs. 5800 de esta causa, que me permito adelantar LE HA SIDO ADJUDICADA COMO AUTORIA AL DR ALBERTO BOVINO,pero [¿"Le ha sido adjudicada como autoria al Dr Alberto Bovino". ¿Dónde aprendió castellano Miguel Ángel Asad? ¿En Senegal?] ello no puede ser cierto,y si mis – dudas se confirman, [¿Qué hace ese guión ahí?] se ha configurando una estafa procesal a Vs Es., una falsedad ideologica de instrumento publico, etc por todo lo cual solicito se ordene abrir una investigacion penal de Oficio, dando por perdido el derecho que en la misma se invoca,toda vez que en la ESTAFA PROCESAL la directamente damnificada es la recta administracion del servicio de la jus ticia, razon por la cual -y si a VE las razones que a continua cion expongo le parecieran prudentes, y en principio de peso como para merecer una investigacion –solicito se ordene una URGENTE PERICIA CALIGRAFICA-previo toma de cuerpo de escritura en distintas posiciones al Profesor Dr Bovino” (destacados agregados).

¿Qué habrá querido decir el autor con este nuevo tiempo verbal "se ha configurando"? ¿Estaremos frente a un genial neologismo para hacer referencia a delitos permanentes ya consumados y que continúan cometiéndose? Así, por ejemplo, "se ha secuestrando" significaría que una persona ha sido secuestrada —delito consumado—, y que continúa secuestrada.

Aclaración especialmente dirigida al autor, ya que él adjuntó mi CV a su presentación. Si hubiera leído lo que adjuntó a su escrito, se habría percatado de que no soy Doctor, ni Dr., y mucho menos "Dr", sino "doctorando", esto es, que he sido admitido por la Facultad de Derecho de la UBA como candidato a doctor en derecho.

¿Estafa procesal? ¿Falsedad ideológica de instrumento público? En qué libro de parte especial se explican estas figuras de este modo? Se ruega citar porque nos interesaría muchísimo saber cómo se puede justificar semejante absurdo. A menos —posibilidad que no creemos ni remotamente cierta— que al autor le hayan ordenado denunciarme de cualquier modo, sin importar demasiado por qué, por quién ni por cuánto. Basta señalar que los hechos denunciados, fueron denunciados y descriptos por él, y en su versión no presentaban ambigüedad alguna: alguien que no era yo redactó un escrito y falsificó mi firma. Ése es un caso típico de falsedad material, y hasta mis alumnos lo saben. Confundir la falsedad material con la falsedad ideológica es un error que demuestra un desconocimiento profundo y grave del derecho. Y afirmar que un escrito de protesta es un instrumento público es otra afirmación que va contra toda la interpretación de la doctrina y jurisprudencia. Según la teoría de ASAD, cuando el autor imaginario del que habla terminó de redactar el escrito y falsificó mi firma, lo que produjo fue un instrumento público.

Pero eso no es todo, el autor avanza arremetiendo contra todo, y solicita una "pericia" —en nuestra lengua, Sr. ASAD, se dice se dice peritaje o peritación— caligráfica, previa orden coactiva de que yo firme un montón de veces en distintas posiciones.

II. 3. LAS “RAZONES” DE ASAD

Esta es la parte más absurda del escrito, y, con la lógica de ASAD, como asumo que es su firma la que aparece en su denuncia, debería solicitarse que Miguel Ángel ASAD aporte su título de abogado, pues sus escritos no parecen redactados por un profesional del derecho. Sería aconsejable, también, que ASAD acredite haber finalizado sus estudios secundarios, pues su uso del idioma castellano pone en duda que tenga los conocimientos mínimos del uso de nuestra lengua, conocimientos que se adquieren en el ciclo secundario. Veamos:

“RAZONES EN QUE SE SUSTENTA EL PEDIDO:
1-Se trata de un “escrito” con distinta fac tura de escritura, cuando EL AGREGADO A MAQUINA(ELECTRONICA?) SOBRE A QUIEN VA DIRIGIDO NO PODRIA SER IGNORADO POR EL AUTOR SI SU AUTOR HUBIERA SIDO EL DR BOVINO como se lo pretende, TODA VEZ QUE EL DR BOVINO SABIA DE ANTES QUE ERA VE A QUIEN HABIA QUE DIRIGIR UN ESCRITO DE TAL TENOR.-

Tal agregado a máquina —electrónica o no— no existe. Más allá de ello, aun si hubiera existido, ¿de dónde infiere el autor quién hizo y cuándo se hizo tal agregado? ¿Cómo sabe el autor que yo "sabía de antes" a quién dirigía el escrito? Si se hiciera un peritaje, se vería que el "agregado" no es tal, pues ha sido impreso simultáneamente con el resto del escrito, con la misma impresora y con el mismo toner. La única "irregularidad" del supuesto agregado consiste en el hecho de que se ha usado una tipografía diferente.

“2-Una persona de la cultura que DENOTA EL ENJUNDIOSO CURRICULUM del Dr Bovino, NUNCA hubiera confundido expresar en su texto “..sentada..” por ..“asentada”.Esto, por una razon de cultura general y de expresion idiomatica”.

Con o sin cultura, resulta evidente que se trata de un error, como los que cualquiera comete. Independientemente de ello, un sinónimo de "asentada", según el diccionario, es "sentada", con lo cual no hay daño alguno. Más allá de ello, creo que el autor carece de competencia legal y de autoridad moral para hacer de crítico literario. Y de "expresiones idiomáticas" mejor ni hablar...

3-En lo que respecta a la expresion de ter minos juridico-procesales,UN PROFESOR DE DERECHO PENAL PROCESAL PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES [¿Una nueva rama del derecho? Para que quede registrado, yo no soy profesor de “derecho penal procesal penal”, ni en la UBA ni en ninguna otra universidad] como el Dr Bovino, jamás pudo haber escrito el siguiente párrafo:“..PROTESTA DE RECURRIR A LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS”(cuando se hubiera esperado: “SE DEJA ASENTADA FORMAL PROTESTA DE RECURRIR A” o” EN CASACION”) No entra en la sintaxis del Profesor Universitario Bovino, que se fuera a” RECURRIR A LOS RECURSOS”……sin siquiera tampoco citar res paldo en forma procesal alguna(EXIJENCIA INELUDIBLE CONTENI DA EXPRESAMENTE EN EL ARTICULO 448 del CPP inc. 1ero:….. el recurso(de casacion)solo sera admisible siempre que el inte resado haya hecho…”…”FORMAL PROTESTA DE RECURRIR EN CASACION”, pero en lugar de ello,la siguiente falta de precision: “…recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el de recho interno vigente”!!!!!!!!....”…como en numerosos instrumentos internacionales que integran un bloque constitucional” [nuestro escrito decía “que integran nuestro bloque constitucional”] citando el Art.75 inc 22 de la CN, pero sin identificar ni distinguir entre los Tratados a que alude el Articulo ci tado, porque no es lo mismo el tratado de Derechos Civiles y Politicos, que la CADH, que la CID del Niño, etc.Esta “redac cion” jamas podria haber pertenecido al Profesor Bovino”.

Todo lo que aparece en bastardilla son errores cometidos por el perito en sintaxis y redacción Miguel Ángel ASAD. No sabe usar el tilde, no sabe usar los signos de puntuación, no sabe usar las mayúsculas, no sabe transcribir un texto literalmente, y tampoco sabe derecho.
En el supuesto del derecho internacional de los derechos humanos, afirma las siguientes proposiciones:

a) El artículo 75, inc. 22, sólo alude a Tratados;

b) Cuestiona que no identifico ni distingo entre los diversos tratados mencionados por el art. 75, inc. 22.

c) cita como uno de los tratados del art. 75 al “tratado de Derechos Civiles y Politicos”.

En está crítica supuestamente sustantiva ASAD deja de lado que no todos los instrumentos que integran el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, son tratados, en el camino se olvida de las declaraciones universal (ONU) y regional (OEA) que, sin ser instrumentos convencionales —tratados—, integran el bloque de constitucionalidad y se les reconoce carácter vinculante. Seguramente ASAD no tenía una Constitución Nacional a mano cuando redactó su escrito, pues menciona un “tratado de Derechos Civiles y Politicos” que sólo podemos asumir que se trata del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del sistema universal (ONU).

Otro genial neologismo creado por ASAD es el del término “a bar un examen”. Eso es cierto, no suelo "a bar" a los estudiantes ni en exámenes ni en trabajos prácticos. Una de las únicas críticas racionales que se formulan consiste en el hecho de que el escrito de protesta presentado no menciona la causa. Sin embargo, esa carencia no generó problema alguno, pues hasta ASAD asume que de hecho la presenté en la causa a la que fue incorporada. Mal podría dicho error generar perjuicio alguno a cualquiera de las partes.

El formato del escrito es reiterativo y agrega datos de vital relevancia para su sagaz “descubrimiento”. Entre otras cosas, ASAD agrega que debajo de la firma “se ha tomado el recaudo de no ponerle el sello aclaratorio” con mis datos, a quien menciona como el “supuesto profesional a quien dice corresponder”. Me gustaría saber cómo es que apreció a través de sus sentidos que alguien “tomó el recaudo”, en vez de limitarse a decir que no estaba sellado el escrito.

Pero aún falta lo mejor. Así, de manera temeraria, y comprometiendo la eventual responsabilidad de su cliente, Asad agrega:

“6-Y llegamos a la firma, SUPUESTAMENTE del Profesor Alberto Bovino.Si se la coteja con la que dicho pro fesional estampó en su escrito de fs. (ahí sí se puso debajo el sello profesional del mismo), A MI ENTENDER PROFANO, LEGO en la materia, pero con muchos años en dibujo, pintura y plastica, ME SURGEN UNA SERIE DE DIFERENCIAS QUE ME HACEN SOSPECHAR QUE SE TRATA DE UNA BURDA IMITACION DE LA ORIGINAL del Profe sor A.Bovino.Razon por la cual, solicito se ordene la forma cion de una investigacion penal a su respecto-previa confeccion del cuerpo de escritura en distintas posiciones del Profesor A.Bovino ante caligrafo de la Oficina pericial Departa mental, TODO EN CARACTER DE URGENTE, Y QUE LUEGO SE TENGA POR INEXISTENTE A LOS FINES DE ESTA CAUSA DICHA PRESENTACION, y que la IPP a formarse lo sea a titulo de ESTAFA PROCESAL con tra Vs Es.,falsedad ideologica de instrumento publico(por su incorporacion a un expediente judicial) NO CONVALIDABLE POR RECONOCIMIENTO ALGUNO Vg por una supuesta alegacion de gestión util por parte de quien lo haya presentado.:(Antecedentes de caso similar, véase IPP seguida a la Dra MARGARITA PEREZ SANTANA por denuncia del Colegio de Abogados de B.Blanca, y de trámite antela UFIJ a cargo del Dr Petersende este Departamento Judicial, QUE EN LA SALVEDAD QUE EN EL CASO QUE NOS OCUPA, la autoría no le correspondería al Profesor Dr A. Bovino sino a un tercero cuya autoría se debe investigar).-”.

¿Cómo resumir esta delirante interpretación del simple hecho de haber presentado un escrito de protesta? En este párrafo se afirma:

a) Comienza mencionando que la firma es “supuestamente mía”;

b) Propone cotejar la firma del escrito “esperpento” con la firma del escrito de fs. ¿¿¿??? (foja indeterminada);

c) Reconoce que carece de idoneidad técnica para hacer un peritaje entre la firma del escrito “esperpento” y la de otro escrito indeterminado, pero que sus conocimientos de dibujo y pintura le permiten afirmar que se trata de “UNA BURDA IMITACIÓN DE MI FIRMA”. Llama la atención que la perito asignada al caso no se haya podido pronunciar con un análisis técnico de dos firmas tan tajantemente diferentes sobre ese punto, quizá porque no le ha prestado la debida atención al dibujo y la pintura.

d) ASAD, convencido que ha descubierto la pólvora, sube la apuesta, y pide medidas urgentes y absurdas, sin dar razones para ello.

e) El interés último de ASAD aquí se torna evidente; quitarle efecto a todo reconocimiento mío y obligarme a ser un cuerpo de escritura, para hacerme aparecer ante la opinión pública como una persona sospechosa.

Finalmente, la gota que rebalsó el vaso aparece al final del escrito de ASAD:

7-No se ha cumplimentado con las exigencias del art. 445 del CPP, porque tras la reforma de la ley 13260, “cualquier apelante”...bajo sanción de inadmisibilidad, deberá contener : “ LA INDICACIÓN De LOS MOTIVOS DE AGRAVIOS y de sus fundaentos”, -El libelo cumple-con las obervaciones apuntadas supra-con LA INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE AGRAVIO-….PERO DE NINGUNA CON SUS FUNDAMENTOS(“argumentos y razonamientos de hecho como de derecho, que debieran haberse dado para apoyar el motivo de agravio” al decir de Couture, en su vocabulario…….” pág. 229). Tam poco se han adunado las copias legitimadas(que son a cargo de la quejosa obtener y agregar), según la MANDA del articulo 443 del CPP y doctrina del art, 336 del CPP.

En el mismo escrito el abogado impugna el incumplimiento de las formas de mi escrito de protesta, y, sorpresivamente, en un último párrafo, invoca diversos incumplimientos de los requisitos para interponer recurso de apelación.

Por lo tanto, mal puede pedir que yo hubiera cumplido con los requisitos de admisibilidad de un recurso que yo no presenté. Pero, especialmente, no puede sostener al mismo tiempo que mi protesta sea declarada inexistente y que el escrito no cumple con los requisitos de la apelación.

III. LA CONTINUACIÓN DEL CASO

III. 1. Desestimación y archivo

El 21 de diciembre de 2007, con criterios absolutamente apegados a derecho, el Agente Fiscal Eugenio Casas resolvió desestimar la denuncia por estafa procesal, y archivar la denuncia presentada por Asad y calificada como “falsedad ideológica de instrumento público” —cuando era claro que los hechos imaginarios sólo podían constituir una falsedad material de instrumento privado—.

III. 2. APELACIÓN DE ASAD

El 27 de marzo de 2008 se vuelve a presentar Beatriz SOSNITSKY con el patrocinio de ASAD y, escribiendo tanto su apellido de soltera como su apellido de casada de manera incorrecta, y sin dar una sola razón que lo justifique, pretende constituirse en particular damnificada en una causa que, según había sostenido en su escrito anterior, afectaba el bien jurídico del buen servicio de justicia.

Se insiste allí con la afirmación de que el escrito de apelación fue presentado con fines dilatorios, con la estafa procesal y con la falsificación ideológica. La Sra. Jueza, de manera ajustada a derecho, rechazó la constitución en parte de la Sra. SOSNITSKY. El resto es historia conocida. Asad insiste solicitándole al fiscal que designe a su asistida como particular damnificada. El fiscal le da a la apelación del abogado el tratamiento de la solicitud de revisión y remite al Fiscal General.

El Fiscal General, de manera predecible, resolvió la reapertura de la investigación con el argumento de que no se habían producido medidas de prueba para desvirtuar la hipótesis denunciada. La resolución sería correcta si no fuera que para iniciar investigación se requiere un mínimo de elementos objetivos que indiquen la posible participación de una persona en un hecho punible. El Fiscal General no puede decir que a pesar de que la opinión de Asad no es prueba de nada, se debería haber hecho peritaje caligráfico que niegue los hechos de la denuncia sin fundamento alguno.

IV. NULIDAD

El proceso fue archivado por el Agente Fiscal, en uso de las facultades que le son propias, conforme el Art. 268 del CPP. Este archivo no nos fue notificado, contrariando lo dispuesto en dicha norma. Esta notificación tiene por objeto que la víctima o el particular damnificado puedan recurrir el archivo de la causa en caso de disconformidad.

Por el contrario, la Sra. Sosnitsky, con el patrocinio letrado del Dr. Asad, solicita ser tenida como particular damnificada y en dicha calidad “apelan” la orden de archivo. En dicho escrito, (en el que el Dr. Asad falsamente manifiesta que la causa se inició de oficio, cuando él mismo fue quien realizo la denuncia); esta apelación no prosperó, y no fue admitida la calidad de particular damnificada de la Sra. Sosnitsky(conforme su sentencia de fecha 9 de abril de 2008).

Sorprendentemente, el Agente Fiscal consideró la “apelación” como “revisión” en los términos del art. 83, inc. 8, del CPP y remitió las actuaciones al Fiscal General, quien luego ordenó el desarchivo de la causa.

Claramente se ha producido una violación a las reglas del proceso legal previo, pues la revisión del archivo sólo puede ser solicitada por la víctima o el particular damnificado, calidad que no reviste la Sra. Sosnitsky.

Claramente no es víctima, pues a tenor de la denuncia del Dr. Asad, tal calidad le corresponde a la justicia como órgano del Estado (ver a fs. 2 vta.). Si esto es cierto, es el Agente Fiscal el que representa a los órganos estatales y su voluntad debe ser tenida como la voluntad de la víctima. En este caso, el archivo no puede ser revisado de oficio por el Fiscal General, pues se entiende que la actuación de Ministerio Público es única y todos sus componentes expresan la voluntad del mismo.

Si entendiéramos que la Sra. Sosnitsky es una particular damnificada (sin perjuicio de señalar que nada se ha argumentado al respecto), esta calidad fue expresamente negada en la sentencia del 9 de abril de 2008, por lo cual la revisión del Fiscal General carece de sustento pues no fue válidamente instada.

Por último corresponde señalar que lejos de los desvaríos del Dr. Asad, lo cierto es que yo soy la única víctima real e identificable en autos, por lo cual hubiera sido el único que podría haber solicitado la revisión del archivo, pero nunca fui notificado, solo ahora al momento que ya se ha comenzado a realizar un peritaje es que me anoticio de la subsistencia de la causa.

De lo expuesto surge con claridad que se ha violado las reglas relativas a la intervención necesaria de mi persona en el control de la actividad probatoria, pero aún es mas grave, pues se ha reabierto una investigación, a través de un procedimiento contra legem que hace prevalecer la voluntad de un particular que carece de derechos en el marco de este proceso, por sobre la decisión del Ministerio Público como fuera señalado en la sentencia del 9 de abril.
Es por todo ello que solicito la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al archivo dispuesto a fs. 15, conforme lo dispuesto por el art. 202, inc. 2, del CPP.

V. RESERVA DERECHO A NOMBRAR PERITO DE PARTE

Hago saber que subsidiariamente es intención del suscripto nombrar perito de parte, respecto de la pericial caligráfica a producirte en autos, cuyos datos serán puestos en conocimiento e la oportunidad procesal oportuna. Por ello, solicito se me notifique con la debida antelación, la fecha en la que tendrá lugar la mencionada medida.

VI. PETITORIO

Por las razones invocadas, a la Sra. Jueza solicitamos:

1. Tenga por presentado el recurso de nulidad y constituido domicilio legal;

2. Oportunamente se haga lugar al recurso impetrado y se ordene el archivo de las actuaciones;

3. Subsidiariamente y para el caso en que no se haga lugar a dicha petición, se tenga haga lugar a la designación del perito de parte;

Proveer de conformidad
que es derecho

OTRO SI DIGO

Para el caso en que se disponga la realización de la pericia caligráfica ordenada en autos, suscribo frente al actuario las presente firmas a fin de ser tomadas como cuerpo de escritura.

Tenerlo presente,
SERA JUSTICIA

El escrito se dejó con varias firmas de Alberto Bovino realizadas en presencia de funcionarios del Juzgado de Garantías, para que, de ser necesario, sean remitidas para hacer el peritaje.

SOLICITAN REVISIÓN DEL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE VIDAL

2008-06-03T00:28:00.000-07:00

SOLICITA REVISIÓN

SR. FISCAL
CÁMARA DEPARTAMENTAL

Alberto BOVINO, tº XXX, fº 436, IVA responsable monotributo, CUIT e IIBB 20-13188055-4, apoderado de Laura y Eduardo GLASMAN, constituyendo domicilio procesal en la calle Palau 22 de la ciudad de Bahía Blanca, en el marco de la causa Nº 49.814 del registro de la Fiscalía nº 5, al Sr. Fiscal de Cámara Departamental decimos:

I. OBJETO

Concurrimos por esta vía, de acuerdo con el derecho que reconoce el artículo 83, inc. 8, del Código Procesal Penal de la Prov. de Buenos Aires —en adelante, CPP—, a formular, de manera expresa, nuestra intención de que se proceda a la revisión y posterior revocación del acto procesal dispuesto por el Sr. Fiscal a cargo de la Fiscalía 5, en cuanto decidió el archivo de las actuaciones labradas con motivo de la indagación de la responsabilidad penal del Sr. Javier VIDAL en la investigación por el asesinato del Dr. Felipe GLASMAN.

II. MOTIVOS

La decisión cuya revisión solicitamos en representación de los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN ha sido tomada en contra de disposiciones jurídicas expresas y por razones arbitrarias que, además, demuestran una vez más la obsesiva fijación del fiscal para conservar el manejo de este caso.

a) Las supuestas razones del archivo no están comprendidas en ninguno de los supuestos del artículo 56 bis del Código Procesal Penal;

b) las razones invocadas por el fiscal son contradictorias con sus propios actos;

c) la verdadera razón de la decisión de LONG de archivar el caso ha sido la de evitar que lo aparten de la investigación;

d) el fiscal Christian LONG antepone sus deseos personales al deber de cumplir con sus obligaciones funcionales.

III. ANTECEDENTES

El 15 de mayo de 2007, la fiscalía solicitó al juzgado interviniente la detención de Javier VIDAL, en el marco de la investigación del asesinato del Dr. Felipe GLASMAN, afirmando que existían elementos de convicción suficientes para considerarlo posible cómplice necesario de Vicente Guillermo COLMAN en la comisión del homicidio doloso agravado atribuido a este último en calidad de autor:

“Puede afirmarse que VIDAL ha tomado parte en el hecho delictivo ejecutado por COLMAN” (fs. 5.044).

El fiscal LONG, al motivar su pretensión, afirmó los indicios y valoraciones probatorias tomados en cuenta para ordenar la detención de Vicente Guillermo COLMAN, debían ser consideradas, en su totalidad, respecto de VIDAL. LONG afirmó que VIDAL formó parte, de manera dolosa y sustancial, en el hecho delictivo ejecutado por COLMAN. Así,

“Su participación consistió en cooperar con COLMAN en la comisión del homicidio, desde el momento en que realizó el mismo periplo, lo ayudó sumándose a su coartada en la pretendida labor en la selección de medias reses para la cadena de carnicerías que supuestamente tenía, condujo en alguna oportunidad su automóvil, visito la casa de Mónica MOLINOS acompañando a COLMAN, presentándose como empleado de éste sin serlo, sumándose así a la estratagema de su tío. También, estuvo en cercanías al lugar del hecho, esperando que COLMAN ejecutara su acción, para una vez finalizada ésta, se una al plan previsto, servirle de escape, tanto en la salida de esta ciudad, como en la huída de la zona, sorteando los controles policiales. En síntesis, actuó como cómplice, entendido tanto en el sentido vulgar como en el jurídico del término (art. 47 del Cód. Penal).

Jurídicamente, VIDAL hizo un aporte doloso al injusto doloso ajeno, ha contribuido a la causación del resultado disvalioso. Pero ese aporte, no obstante ser accesorio, fue indispensable para COLMAN” (fs. 5.044).

IV. SUPUESTO NO PREVISTO LEGALMENTE

IV. 1. EL MOTIVO ALEGADO

En la resolución de LONG que dispone el archivo de las actuaciones de la investigación contra Javier VIDAL se invocan los siguientes motivos:

a) que “no pudo obtenerse prueba determinante” del hecho cuya comisión se atribuyo a VIDAL con posterioridad a su declaración; y

b) que “no existen elementos que permitan tener por acreditados fehacientemente los hechos delictivos” atribuidos a VIDAL.

Por estos motivos, se dispone el archivo de las actuaciones respecto de Javier VIDAL por aplicación del artículo 268 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el artículo 268 del CPP regula otro supuesto distinto:

ARTICULO 268.- (Texto según Ley 12.059) - Iniciación.- La Investigación Penal Preparatoria podrá ser iniciada por denuncia, por el Ministerio Público Fiscal o por la Policía.

Cuando la iniciara el Ministerio Público Fiscal, contará con la colaboración de la Policía, la cual deberá cumplir las órdenes que aquél le imparta.

Si la investigación comenzara por iniciativa de la Policía, ésta comunicará al Fiscal actuante, quien ejercerá el control e impartirá instrucciones.

En caso que a juicio del Fiscal no hubiere prueba suficiente sobre la existencia del hecho o la autoría de él, podrá proceder al archivo de las actuaciones, comunicando la realización de este acto al Juez de Garantías y notificando a la víctima, rigiendo el artículo 83 inciso 8.

Esta regla jurídica nada tiene que ver como una situación como la de este caso, pues sólo resulta aplicable a supuestos en los que no se puede demostrar la ocurrencia del hecho ni individualizar a posibles partícipes, al inicio de la investigación penal preparatoria, que puede darse “por denuncia, por el Ministerio Público Fiscal o por la Policía”, y lo que se archiva es el caso entero (art. 268, cuarto párrafo). Está claro que el mismo título del artículo invocado por LONG lo torna inaplicable a este momento de la investigación: “Iniciación”.

Es el art. 56 bis el que rige aquí, que dice:

ARTICULO 56 bis.- (incorporado ley 13.183) Criterios especiales de archivo. [** ver ley 13.433 régimen alternativo de resolución de conflictos] El Ministerio Público Fiscal podrá archivar las actuaciones respecto de uno o varios de los hechos imputados, o de uno o más de los partícipes, en los siguientes supuestos:

1. Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante y siempre que la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de prisión;

2. Cuando, el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho torne desproporcionada, superflua o inapropiada la aplicación de una pena, excepto que mediaren razones de seguridad o interés público;

3. Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las de los otros delitos imputados.

Para aplicar estos criterios a un imputado, se considerará especialmente la composición con la víctima. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo. A tales fines, se convocará a una audiencia en la que aquel deberá ser asistido por su Defensor.

El archivo deberá ser motivado y podrá estar sujeto a condiciones. El particular damnificado o la víctima serán notificados y podrán impugnar el archivo conforme al artículo 83, inciso 8.

Sin perjuicio de lo anterior podrá también el Fiscal General proceder de oficio a la revisión de la razonabilidad y legalidad del archivo, para lo cual resultará obligatoria su comunicación.

De modo claro, el motivo por el cual el fiscal LONG archivó el caso contra VIDAL nada tiene que ver con esto. No se trata de un aporte insignificante de VIDAL en la afectación del bien jurídico: la vida del Dr. Felipe GLASMAN; tampoco se trata de un supuesto de pena naturalis sufrida por VIDAL; y mucho menos que la pena en expectativa sea carente de relevancia, pues se trata de la pena máxima de nuestro derecho penal común.

De modo claro, aun si admitiéramos la posibilidad de aplicar el artículo 268 al caso concreto, de ningún modo podría afirmarse que “no hubiere prueba suficiente sobre la existencia del hecho o la autoría de él”. En este momento procesal, a pesar de lo que intenta “dibujar” el fiscal, no se requiere certeza para elevar a juicio. Determinar la existencia de la certeza necesaria para condenar es la función principal del tribunal de juicio. Ante la duda, el fiscal tiene el deber legal de acusar. Y, como veremos, ni siquiera es posible creer que el fiscal siente tal duda.

IV. 2. LA INEXISTENTE FALTA DE PRUEBAS

En primer término, debemos tener en cuenta que es una regla general respecto de las resoluciones del MP el deber de motivarlas, exigencia que el fiscal Long acostumbra a ignorar. Según el art. 56, párrafo tercero, del Código Procesal Penal:

“Formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismos. Procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos” (destacado agregado).

Antes de entrar a analizar el superficial análisis con que se pretende justificar el archivo de la investigación de VIDAL, no podemos dejar de señalar la respuesta que le diera LONG al abogado Mariano SILVESTRONI cuando solicitó que se elevara a juicio la causa de VIDAL la única respuesta que se dio fue que:

a) Esa decisión le corresponde al fiscal; y

b) que el plazo prorrogado para investigar no había sido agotado.

En este punto, por un lado, cabe recordar que SILVESTRONI sabía lo señalado en el punto a), y fue por ello que presentó el escrito ante el fiscal, y, en segundo término, y lo que es mucho más grave, pone en evidencia el hecho de que el fiscal desconoce el sentido de un plazo que acota las facultades estatales para perseguir penalmente. El plazo del proceso no es un permiso para agotarlo, sino un límite. Además, no conocemos ninguna medida de investigación que la fiscalía haya producido de oficio respecto de VIDAL en los últimos tiempos.

Veamos ahora qué circunstancias y elementos de prueba tomó en consideración el fiscal para archivar la investigación de VIDAL. Los principales son los siguientes:

a) Los dichos del propio VIDAL acerca de que fue engañado por COLMAN;

b) El día del hecho no descendió del automóvil, hecho corroborado por (nombres);

c) Los tres testigos que reconocieron a COLMAN no lo hicieron respecto de VIDAL;

d) Los testigos (nombres)lo ubican en el interior del vehículo.

e) Las testigos (nombres)reconocen haber visto a VIDAL una sola vez en Punta Alta.

Respecto de los dichos de VIDAL desentendiéndose del hecho delictivo que con tanto ahínco el fiscal le atribuyó a fs. 5.025 y ss., poco queda por decir, más que, además de inverosímiles, son los únicos elementos, no corroborados, mediante los cuales el fiscal pretende garantizar la impunidad de Javier VIDAL.

Si analizamos el pedido de que se libre orden de captura minuciosamente fundado por LONG, veremos que, curiosamente, invoca para justificar la responsabilidad de VIDAL a los mismos testigos que ahora invoca para fundar su falta de responsabilidad.

Así, a partir de las fojas 5.028, bajo el título “III. ELEMENTOS PROBATORIOS”, se mencionan a los siguientes testigos: (nombres).

Es decir que los mismos testigos y las mismas declaraciones fueron utilizados para fundar —sin que el cuadro probatorio haya sido modificado en lo más mínimo— dos resoluciones totalmente contradictorias: una que incriminaba a Javier VIDAL, otra que prácticamente lo exculpa por el hecho que se le atribuye.

Esta manera de razonar, que sólo se limita a repetir dogmáticamente las conclusiones a las que el fiscal desea llegar, y no los motivos por los cuales llega a ellas, no cumple con el deber de motivar sus resoluciones que le impone el art. 56 del CPP.

IV. 3. LA SANA CRÍTICA EN VERSIÓN CHRISTIAN LONG

Vayamos un poco más allá y veamos ahora cómo se utilizó el contenido de las declaraciones citadas. Así, nos resulta profundamente llamativo el hecho de que, luego de motivar profusamente la necesidad de la detención de VIDAL —remitimos a las constancias obrantes a fs. 5.025 y ss.—, bastó que VIDAL prestara declaración indagatoria, para ser desafectado entonces, y ahora, de la responsabilidad que le atribuyó el mismo fiscal del caso.

No hay prueba producida que demuestre que VIDAL desconoció los designios de COLMAN. El fiscal, sin apoyarse en ningún elemento objetivo de convicción, y de manera curiosa en una investigación de esta naturaleza, parecería creerle. Del análisis del cuadro probatorio es evidente que el imputado Javier VIDAL falta a la verdad, esto es, miente. A pesar de ello, y por una cuestión extrínseca a la responsabilidad penal personal de VIDAL, el fiscal Christian LONG lo toma como su principal fuente de información.

En efecto, a pesar de la inverosimilitud de trascendentes aspectos de su descargo (como se señalaron anteriormente), sin evacuar siquiera una cita de su exposición, la Fiscalía se desinteresó de su afectación como detenido en el proceso. El propio Fiscal que lo imputó como coautor o cómplice necesario de un homicidio calificado, pocas horas después de su declaración, y sin que se hubiera agregado ningún elemento probatorio a los que motivaron su pedido de captura, dispuso su libertad.

Tomará luego, de los dichos de VIDAL, argumentos para motivar el pedido de elevación a juicio respecto de COLMAN. Pero nada dirá de la importante cantidad de elementos probatorios que incriminan también al primero. Por una parte, y sólo como ejemplo, la invocada existencia de un error de tipo y, más aún, la declaración de testigos creíbles que desmienten al imputado en indagatoria, exigen, sin ninguna otra posibilidad, la realización de un debate oral y público, que insólitamente esta siendo impedido sin fundamentos por el fiscal a partir de su decisión procesal.

Tras la desafectación de este imputado como detenido, prácticamente ninguna actividad desplegó la Fiscalía para la confirmación –—o no— de su propia hipótesis delictiva. No produjo, en lo sustancial, una actividad probatoria tendiente a tal fin.

V. FUNDAMENTOS CONTRADICTORIOS

Luego del rechazo no motivado que LONG hiciera de la solicitud de la AMBB, esta parte solicitó diversas medidas de prueba. El fiscal LONG las concedió, asumimos porque las consideraba pertinentes y útiles. Sin embargo, luego de haber ordenado la producción de las medidas de prueba, al resolver archivar el caso contra VIDAL, ha actuado de manera contradictoria.

Esta representación solicitó la producción de diversas pruebas, que en su momento se habían ordenado con relación al imputado COLMAN. Así, se solicitó, respecto de VIDAL, la indagación de bienes inmuebles y automotores que pudieran encontrarse a su nombre, o de la Sra. María Elena GHERSINICH, presentada en este proceso como su concubina, junto con la remisión de la documentación o legajos que acrediten cuanto resulte informado; información documentada respecto de si se encuentra registrado como usuario de armas; información tributaria y fiscal a distintos organismos de control, y la realización de estudios psicológicos y psiquiátricos, de acuerdo a las previsiones del artículo 64 del Código Ritual.

Este pedido se fundamentó al expresarse que esta actividad probatoria permitiría, eventualmente, incorporar información sobre ciertos aspectos que habían resultado de interés a la Fiscalía actuante. Se anticipó que las pruebas solicitadas, oportunamente habían sido ordenadas y producidas respecto del imputado Guillermo Vicente COLMAN. Y se dijo que esta circunstancia impondría, en sí misma, la necesidad de su producción, en tanto su pertinencia resultaba clara y evidente: similares medidas se produjeron con relación al imputado COLMAN, cuya relación con VIDAL, según la Fiscalía, ha sido indispensable para la consumación de los episodios investigados, en tanto este último
“… hizo un aporte doloso al injusto doloso ajeno. Ha contribuído a la causación del resultado disvalioso. Pero ese aporte, no obstante ser accesorio, fue indispensable para COLMAN. Su obrar no fue el de un mero encubridor, por cuanto su auxilio fue ex ante y durante el hecho, mientras que la colaboración posterior resultó ser la finalización del plan, su agotamiento …”. (ver. fs. 5.044).

Ahora bien, a partir de las constancias del expediente se puede apreciar claramente que al momento que LONG resolvió archivar el caso contra VIDAL, aún quedaban medidas de prueba pendientes de resolución. En efecto, diversas medidas fueron incorporadas con posterioridad al dictado del archivo.

Ello sólo puede significar dos cosas. O bien LONG consideraba necesarias tales medidas, razón por la cual no podía archivar el caso, o bien sólo las concedió para no ser criticado por esta parte. En ambos casos la conducta de LONG podría ser calificada como temeraria.

Ello pues si las consideraba necesarias, no debía resolver sino hasta que se hubieran producidos esos elementos de convicción. Y si no las consideraba necesarias, no puede gastar el dinero de los contribuyentes para no recibir críticas de los particulares damnificados.

VI. FALSOS MOTIVOS

En verdad, de la respuesta que le diera el fiscal Long a la AMBB y de la que da ahora surge de modo palmario el único motivo que mueve a Long a disponer el archivo del caso es la posibilidad de ser apartado de la investigación. Ello pues el art. 283 dice:

ARTICULO 283.- Vencimiento de plazos.- Si vencidos los plazos establecidos en el artículo anterior, el Agente Fiscal no hubiere concluido la Investigación Penal Preparatoria, el Juez de Garantías requerirá del Procurador General de la Corte la sustitución de aquél, debiendo tomar intervención un nuevo Agente Fiscal que completará la etapa preparatoria en un plazo improrrogable de dos (2) meses.-

Resultaría paradójico que el fiscal Christian LONG, luego de los desesperados esfuerzos y de la afirmación sistemática de falsedades para conservar el manejo de la causa, resulte apartado de ella por su propia negligencia.

Ello demuestra, además, que al fiscal LONG le interesa en mucho mayor medida satisfacer su capricho de conservar la causa aun cuando prácticamente todos los particulares damnificados como muchos abogados están abiertamente en contra de que él continúe al frente de la investigación.

VII. PETITORIO

Es por todo lo expuesto que al Sr. Fiscal de la Cámara Departamental, se solicita que se revoque de manera inmediata el acto procesal impugnado.

Proveer de conformidad,
que es derecho.

Alberto BOVINO

AMPLÍAN RECUSACIÓN

2008-05-05T18:24:00.000-07:00

AMPLÍA RECUSACIÓN Y OFRECE PRUEBA POR NUEVOS HECHOS

Sra. Jueza:

Alberto BOVINO, abogado, tº XXX, fº 436, del Colegio de Abogados de San Isidro, monotributista, CUIT 20-13188055-4, apoderado de los particulares damnificados Sra. Laura Rosana GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN, IPP 49.814, manteniendo el domicilio constituido en Palau 22 de esta ciudad, a la Sra. Jueza decimos:

I. OBJETO

Por los motivos que desarrollaremos en esta presentación, y con el objeto de demostrar acabadamente y en el contexto de las reglas del procedimiento, con elementos objetivos de prueba, la verdad de las razones invocadas por mis mandantes para que el fiscal Christian LONG sea apartado por la Sra. Jueza de la conducción de esta investigación, ampliamos nuevamente la solicitud de recusación presentada con anterioridad, dado el conocimiento de nuevos hechos y elementos de convicción que corroboran los motivos que así lo justifican.

II. EL ACCESO AL EXPEDIENTE

El lunes 28 de abril de 2008 el abogado Juan Pablo CHIRINOS —nuevo apoderado de los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN— concurrió a la sede de esa Fiscalía con el objeto de tener acceso al expediente y se le informó que no se hallaba allí. Por tal motivo se dejó un escrito solicitando vista de las constancias de la investigación, a las que siempre parece haber problemas para que se nos dé acceso a ellas.

Recuérdese el incidente ocurrido a fines del mes de enero de 2008 —24 de enero—, en el cual otro abogado que representaba a los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN se presentó a ver el expediente, y fue informado verbalmente por una empleada que trabaja en la Fiscalía, que Ud. se hallaba de licencia, que la causa la llevaba Ud., y que había dejado instrucciones de que no se permitiera a nadie, ni siquiera a las partes, ver las actuaciones.

El viernes 2 de mayo uno de los apoderados concurrió nuevamente a la Fiscalía, y, a pesar de que el expediente allí estaba, no se le permitió tomar vista —que aún no había sido resuelta— de las actuaciones con la excusa de que se “estaba preparando la causa para remitirla al tribunal de apelaciones”.

En el día de hoy, 5 de mayo de 2008, y a primera hora de la mañana, nuestro apoderado concurrió nuevamente a la fiscalía y se le informó que no se había resuelto aún la vista solicitada una semana antes, y que tampoco podían mostrarle el expediente porque los seguían preparando para enviarlo al tribunal de apelaciones. Por ese motivo, nuestro apoderado presentó un escrito —que se adjunta en copia simple—, solicitando se resolviera la vista y se le diera acceso al expediente. Casi al mediodía el abogado volvió a la fiscalía y nada había cambiado.

Creemos que estos hechos demuestran, una vez más, la absoluta falta de voluntad del fiscal de dejarnos acceder a los fundamentos del archivo del caso contra VIDAL, mientras él se ha cansado de defenderse a sí mismo a través de los medios de prensa. De ese modo impide o dilata el ejercicio efectivo de los derechos de los particulares damnificados para solicitar la revisión de la resolución del fiscal, para, como veremos en el punto siguiente, descalificarnos cuando nuestros mandantes hagan uso de su derecho legal.

Nótese que el texto que hemos intentado ver desde que nos enteramos, también por los medios —pues no hemos sido notificados formalmente a nuestro domicilio legal—, fue recibido por el Diario “La Nueva Provincia”. ¿Habrán presentado dos o tres escritos para lograrlo?

III. LA CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN DE LONG

I. En una nota publicada en el diario “La Nueva Provincia” de hoy, esto es, 5 de mayo de 2008 —se adjunta ejemplar impreso—, bajo el título Long decidió archivar la investigación sobre Vidal, se informa, entre otras cuestiones:

“La medida, que de acuerdo con el texto se toma ‘sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones en orden a la pesquisa de la instigación a cometer el delito y la autoría de los que hubiesen determinado cometerlo’, puede ser apelada por los particulares damnificados, en cuyo caso deberá resolver al respecto el fiscal general Juan Pablo Fernández.

En el texto de la resolución al que tuvo acceso ‘La Nueva Provincia’, Long expresa que ‘el plazo de duración de la investigación penal de referencia, en relación al coimputado Javier Daniel Alfredo Vidal, vence el 26 de abril de 2008, toda vez que su detención data del 26 de junio del año próximo pasado’".

Así, según informa LONG, no solo para no hacerse responsable de su negligencia, sino, además y especialmente, para atacar a mis mandantes, su decisión fue tomada por los siguientes motivos:

a) El plazo de la investigación respecto del coimputado VIDAL venció el 26 de abril de 2008, según dijera LONG casi textualmente;

b) En su declaración desconoció el propósito homicida de COLMAN;

c) “Pero, además, Vidal y su esposa hablan de ciertos contactos entre gente de la Asociación Médica de Bahía Blanca y la familia y abogados de Colman, para ayudarlo. Así, con la pretendida acusación a Vidal que le enderezan los directivos de la AMBB, se lo desea neutralizar como testigo, y paradójicamente, debilitan la acusación contra Colman”.

LONG sabe perfectamente que VIDAL no puede declarar como testigo en el juicio contra COLMAN. A pesar de ello, miente descaradamente para encubrir su propia negligencia pues, como él mismo lo ha señalado, se le venció el plazo para investigar a VIDAL el 26 de abril y, sin embargo, nada hizo para completar su investigación después de que le “creyó” la conveniente declaración a VIDAL.

Si LONG solo elevó a juicio a COLMAN para no neutralizar a VIDAL como testigo, entonces, ¿por qué no lo ofreció en tal calidad en su ofrecimiento de prueba? Porque hasta él sabe que VIDAL sigue siendo imputado.

II. Lo que sí sabe LONG es que su propia impericia lo ha llevado a un camino sin salida, pues al no haber hecho absolutamente nada con VIDAL —no continuó investigando para ver si debía elevar a juicio, para sobreseer o para archivar—, solo ordenó las medidas de prueba que esta parte solicitara, las mismas medidas que fueron pedidas por él en el caso de COLMAN. LONG ordenó su producción. Si lo hizo, fue porque las consideró conducentes para determinar la verdad. Si asumimos que tales medidas no han sido completadas, ¿cómo pudo archivar el caso existiendo prueba pendiente de producción?¿O será que ordenó la prueba al solo efecto de simular que investigaba a VIDAL?

La explicación del comportamiento del fiscal muestra su obsesivo interés de continuar con el caso. Ello pues el único motivo del archivo fue el de evitar que se aplique la solución prevista en el artículo 142 del Código Procesal Penal: el apartamiento de LONG debido, exclusivamente, a su negligencia y a su absoluto desinterés por investigar algo que vaya más allá de COLMAN.

III. Finalmente, el fiscal vuelve a mentir descaradamente al hablar de la actitud de mis mandantes:

LNP: “¿Por qué los hijos de Glasman lo atacan?”.

LONG: “En principio, pareciera incomprensible: atacan al único fiscal que logró avances en el homicidio de su padre. Pero eso lo hacen después de los allanamientos en la AMBB. Hasta ese momento, la relación era sumamente cordial y fluida.

Evidentemente, existe algo en torno de esos allanamientos que los ha unido a los directivos de la Asociación Médica. Tanto los ha unido que los mails que les enviaba, preguntándoles sobre ciertos datos, aparecieron en poder del abogado de la AMBB.

Y llama la atención porque ellos saben perfectamente que se traían falsedades a la causa para distraerla. ¿Cómo pueden unirse procesalmente con quienes obstaculizaban el esclarecimiento del crimen? Es algo que yo también me pregunto” (destacado agregado).

Como la Sra. Jueza ya ha advertido, y como se terminará de convencer luego de toda la producción de la prueba ofrecida, se ha demostrado que las pésimas relaciones entabladas por decisión del mismo fiscal y la omipresente Jorgelina comenzaron muchísimo tiempo antes.

Más allá de ello, qué elemento de prueba tiene como para afirmar públicamente la existencia de una “unión” entre los hermanos GLASMAN y la AMBB y, lo que es más grave, que los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN sabían de las falsedades y se han unido con quienes, según él, obstaculizan la investigación del asesinato de su propio padre.

IV. PETITORIO

Por las razones invocadas, a la Sra. Jueza solicitamos:

1. Tenga por ampliada esta recusación;

2. Incorpore la documental que se adjunta y, en caso de no ser reconocida por el fiscal, se libren los informes correspondientes a fin de obtener los documentos originales;

Proveer de conformidad
que es derecho

firma de Alberto Bovino

SOLICITA ACCESO A LA CAUSA

2008-05-05T18:20:00.000-07:00

SOLICITA SE RESUELVA VISTA SOLICITADA
SOLICITA SE DÉ ACCESO AL EXPEDIENTE A ESTA PARTE

Sr. Fiscal Christian LONG:

Alberto BOVINO, abogado, tº XXX, fº 436, del Colegio de Abogados de San Isidro, monotributista, CUIT 20-13188055-4, apoderado de los particulares damnificados Sra. Laura Rosana GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN, IPP 49.814, manteniendo el domicilio constituido en Palau 22 de esta ciudad, al Sr. Fiscal decimos:

El lunes 28 de abril de 2008 el abogado Juan Pablo CHIRINOS concurrió a la sede de esa Fiscalía con el objeto de tener acceso al expediente y se le informó que no se hallaba allí.

Por tal motivo se dejó un escrito solicitando vista de las constancias de la investigación, a las que siempre parece haber problemas para que se nos dé acceso a ellas. Recuérdese el incidente ocurrido a fines del mes de enero de 2008 —24 de enero—, en el cual otro abogado que representaba a los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN se presentó a ver el expediente, y fue informado verbalmente por una empleada que trabaja en la Fiscalía, que Ud. se hallaba de licencia, que la causa la llevaba Ud., y que había dejado instrucciones de que no se permitiera a nadie, ni siquiera a las partes, ver las actuaciones.

El viernes 2 de mayo concurrió otro de los apoderados de los particulares damnificados a la sede de esa Fiscalía y tampoco pudo acceder a las actuaciones. Además, la vista solicitada el 28 de abril aún no ha sido resuelta. Por otra parte, hemos tenido noticias de que se habría archivado la investigación del imputado VIDAL, resolución que no nos ha sido notificada hasta la fecha.

Por todas estas razones, solicitamos al Sr. Fiscal resuelva de manera inmediata la vista solicitada, nos notifique del eventual archivo de la investigación de Vidal, y nos brinde libre acceso a las actuaciones.

Firma de Alberto BOVINO

DOCUMENTAL SOBRE LA RELACIÓN BOVINO-SILVESTRONI

2008-05-02T09:14:00.000-07:00

ADJUNTA DOCUMENTAL
SOLICITA INFORMACIÓN

Sres. jueces del
Tribunal Criminal Nº 1:

Alberto BOVINO, abogado, del Colegio de Abogados de San Isidro, Monotributista, CUIT 20-13188055-4, apoderado de los particulares damnificados Sra. Laura Rosana GLASMAN y Sr. Eduardo GLASMAN, en la Causa Original Nº 698/07, a los miembros del tribunal decimos:

A los pocos días que prestáramos declaración testifical en el incidente tramitado con motivo de la recusación interpuesta por la AMBB contra el fiscal Christian LONG, este tribunal dictó su resolución rechazando lo solicitado por la Asociación Médica. Hemos leído con asombro que en dicha resolución, en el voto del Juez MONTIRONI se dice:

“En cuanto al testimonio del Dr. Alberto Bovino, el mismo al comenzar su deposición, manifestó que lo une con el Dr. Silvestroni una relación comercial, ya que tienen una sociedad editora “Editorial del Puerto S.R.L.”, siendo el deponente gerente editorial, habiendo publicado libros de derecho”.

Y más adelante agrega:

“Como dato anecdótico señalo que la obra citada precedentemente fue editada por ‘Editores del Puerto S.R.L.’, empresa que integran los Dres. Mariano H. Silvestroni y Alberto Bovino, como gerente de la editorial”.

Es por este motivo que adjunto una certificación notarial fechada el 28 de marzo de 2008, en la cual el escribano Juan Carlos NARDELLI MIRA, a mi solicitud en mi carácter de socio gerente de EDITORES DEL PUERTO S.R.L., da cuenta de todas las personas que fueron socias y gerentes de dicha sociedad.

Como surge de la simple lectura, en ningún sitio del instrumento público que adjuntamos, se hace referencia alguna al Prof. Mariano H. SILVESTRONI.

Es por esta razón —dado el hecho de que la audiencia oral de recusación se celebró a puertas cerradas— que solicito se me haga saber quien ingresó falsa información al proceso, y de qué manera, con el objeto de inducir a error a los Sres. Jueces. La temeraria acción de quien ha inducido a error a los miembros del tribunal no solo ha logrado éxito sino que, además, me expone a una posible investigación penal por el delito de falso testimonio, puesto que mis dichos no coinciden en nada con lo afirmado por el tribunal.

Con la esperanza de que mi documentada aclaración permita dilucidar a los miembros del tribunal si alguna de las partes o testigos han obrado de mala fe, es que presento esta documentación para que puedan llegar a su noble misión de determinar la verdad.

Téngase presente,
que es derecho.

Alberto BOVINO
CASI, tº XXX, fº 436

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

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AMPLIACIÓN DE LA RECUSACIÓN PRESENTADA POR LOS HERMANOS GLASMAN

2008-04-22T07:09:00.000-07:00

SE AMPLÍA RECUSACIÓN Y, ADEMÁS, SE SOLICITA MÁS PRUEBA QUE CORROBORA LA INJERENCIA ILEGÍTIMA DEL FISCAL EN EL PROCESO QUE CULMINÓ CON LA REVOCACIÓN DEL PODER DE LOS DRES. HERNÁN Y MATÍAS BERTCONELLO

En la mañana de hoy se presentó ante el Juzgado de Garantías el siguiente escrito, que amplía la recusación al fiscal Long presentada previamente.

AMPLÍA RECUSACIÓN Y OFRECE PRUEBA POR NUEVOS HECHOS

I. OBJETO

Por los motivos que desarrollaremos en esta presentación, y con el objeto de demostrar acabadamente y en el contexto de las reglas del procedimiento, con elementos objetivos de prueba, la verdad de las razones invocadas por mis mandantes para que el fiscal Christian LONG sea apartado por la Sra. Jueza de la conducción de esta investigación, ampliamos la solicitud de recusación presentada con anterioridad, dado el conocimiento de nuevos hechos y elementos de convicción que corroboran todos y cada uno de los motivos que así lo justifican.

II. LA RESPUESTA DE LONG

II. 1. LOS HECHOS ATRIBUIDOS EN NUESTRA RECUSACIÓN Y SU PRUEBA

En este punto sintetizaremos los hechos y circunstancias que los Sres. Laura y Eduardo GLASMAN han invocado —y respecto de los cuales se han ofrecido elementos de prueba tendientes a corroborarlos— para fundar que el fiscal LONG debe ser apartado. Los desarrollos que siguen tienen como objeto exclusivo justificar la necesidad de citar a nuevos testigos y de brindar nuevas razones sobre la necesidad de que Christian LONG, como cualquier otro habitante, sea citado a declarar como testigo y por una vez asuma la responsabilidad de sus dichos.

a) Quien no está de acuerdo con sus intuiciones y sus métodos de investigación, encubre, prevarica o entorpece la investigación.

b) El fiscal cree que puede ejercer sus facultades legales para cualquier fin, y sin dar justificaciones válidas.

c) Interferencias reiteradas en las relaciones abogado-cliente de mis mandantes, según los hechos invocados a los apoderados de los hermanos GLASMAN: BERTONCELLO, MOIRANO y BOVINO.

d) Incumplimiento del deber de informar a los particulares damnificados.

e) Intromisión en las relaciones de los familiares del Dr. Felipe GLASMAN.

f) Maltrato —o trato absolutamente inadecuado proviniendo de un funcionario estatal con deberes constitucionales y legales al respecto— de ciertas víctimas.

g) Sometimiento ilegítimo e infundado a la investigación de los hijos del Dr. Felipe GLASMAN.

He aquí los puntos invocados por los particulares damnificados —y no por este apoderado a título personal—. Sobre esos hechos versa la prueba ya ofrecida y que ahora ofrecemos. El fiscal podrá pensar muchas cosas de nuestra solicitud, pero lo que jamás podrá decir es que la presentación realizada en nombre e interés de mis mandantes es infundada, y mucho menos que la prueba ofrecida no “echará luz sobre ningún aspecto pasible de decisión jurisdiccional” (Contesta vista, LONG, Petitorio).
Creo que a la Sra. Jueza le ha quedado claro, con solo recibir la declaración testifical de la Sra. Laura GLASMAN, realizada bajo juramento de decir verdad, que la dogmática afirmación del fiscal es absolutamente falsa.

II. 2. LA METODOLOGÍA PROBATORIA DEL FISCAL LONG

I. El escrito del fiscal LONG es una nueva falta de respeto a los particulares damnificados que representamos y que, además, repite el particular pensamiento mágico del fiscal, que parece creer que todo aquello sobre lo cual él está convencido es verdadero, independientemente de que lo pueda justificar y de que existan elementos de prueba que den sustento a sus singulares creencias.

En efecto, como ya nos tiene acostumbrados, el funcionario cuyo apartamiento se solicita —y cuya actuación funcional ha sido severamente cuestionada prácticamente por todas las personas que de un modo u otro han intervenido en este procedimiento— ha presentado un escrito en el cual, por un lado, niega o afirma hechos mediante una larga serie de proposiciones dogmáticas cuyo valor de verdad no puede ser verificado, ya que se limita a predicar —eso sí, con mucho énfasis— su existencia o inexistencia, sin dar razón alguna que lo apoye en sus dichos ni ofrecer elementos de prueba que permitan que la Sra. Jueza los corrobore.

Fiel a su metodología, solicita a la Sra. Jueza que rechace toda la prueba que esta parte ha ofrecido sin justificación alguna más que su afirmación —que ni él puede creer, ya que, entre otras cosas, con este pedido estaría reconociendo la impertinencia de dos de los tres elementos de prueba que él ha ofrecido—. En efecto, el fiscal, luego de que ofrece como prueba el incidente de recusación tramitado ante el Tribunal Criminal Nº 1 y la declaración testifical de la Sra. Beatriz SOSNITSKY, solicita que tales medios de prueba sean rechazados, ya que ambos fueron ofrecidos en nuestro escrito de recusación. El artículo 56 del Código Procesal Penal es absolutamente ignorado por LONG, que no comprende en qué consiste su deber legal de “motivar” sus requerimientos.

II. Por otro lado, el fiscal intenta dar argumentos con el objeto de que se rechace nuestra presentación, que no solo es absolutamente ajustada a derecho sino que, además, su ejercicio está establecido como derecho de las partes, pero su tentativa jamás alcanza la consumación, pues no justifica nada de lo que pretende y, lo que es mucho más preocupante, indica un grave desconocimiento de ciertos aspectos elementales del ordenamiento jurídico .

Así, por ejemplo, veamos a modo de ejemplo dos de sus “argumentos” jurídicos. En primer término, dice:

“El suscripto no investiga a las personas de Laura y Eduardo Glasman, como afirma la parte recusante, sino hechos”.

En menos de dos renglones, pretende negar su gravísima inconducta. Como lo demuestra el Sr. Jorge JINKIS, no se necesita ser abogado para apreciar la orfandad argumental del fiscal:

“Usted declara que no investiga a Laura y Eduardo, sino hechos. Volvamos al sentido común porque me parece que su lógica flaquea: que yo sepa, usted no investiga fenómenos naturales como la caída de granizo o la velocidad de rotación de la tierra; usted investiga hechos ilícitos presumiblemente realizados por esos seres que estamos habituados a llamar humanos. ¿Usted investiga hechos sin investigar a las personas?
¿No le parece un pobre recurso dialéctico para quien se presenta como portavoz de Aristóteles?” (JINKIS, Jorge, ¿Sin respuesta otra vez? Y van…, en “La causa Glasman” ).

En segundo término, y en relación al mismo tema el fiscal afirma en su escrito:

“Los pedidos de informes bancarios respecto a cuentas en el exterior fueron medidas sugeridas en el informe pericial contable por el perito que lo realizó y diligenciadas desde esta Fiscalía. No se trata de una decisión infundada y con deseos de causar ofensas como sostiene la parte recusante, sino justamente basado en dicha pericia, a la cual V.S. tiene acceso sin necesidad de bilateralizar o dar ahora a publicidad —por ser materia de investigación— y al cual remito por razones de brevedad” (destacado agregado).

Aquí el fiscal entra en una serie de contradicciones consigo mismo. Más allá de ello, no se comprende cómo LONG le atribuye la responsabilidad al perito por una supuesta sugerencia efectuada en el informe de su peritaje, cuando tal peritaje no había sido finalizado. Por otra parte, LONG parece olvidar que, según sus propios dichos, él es el dueño y señor de la investigación, y que la supuesta sugerencia del perito, aun si existiera, no lo obliga a él a solicitar la medida sugerida, y mucho menos la medida que efectivamente ordenó. También olvida que mis mandantes tenían derecho, legalmente establecido, a ser notificados de la decisión de realizar el peritaje contable y, también, a proponer a su propio perito de parte (art. 247, CPP Buenos Aires). Ello pues tal derecho ha sido establecido en el Código Procesal y, además, porque si un perito —es decir, una persona con “pericia”— confunde un número telefónico con un número de cuenta bancaria, no merece tal calificación. Tal derecho, por supuesto, no fue respetado por LONG.

También se contradice cuando le endilga la responsabilidad al perito, ya que previamente a utilizar esta nueva justificación para explicar su irracional decisión de investigar a los hermanos Laura y Eduardo GLASMAN, en concordancia con lo dicho por Jorgelina FILINICH —y probablemente porque fue grabada— al Sr. Eduardo GLASMAN, realizó declaraciones públicas y absolutamente falsas sobre las razones que pretendieron justificar esa investigación. La falsedad de sus dichos, los contenidos de esos dichos, y la investigación “paralela” consistente en interrogar de manera capciosa al Sr. Eduardo GLASMAN son prueba fehaciente de ello. Recordemos que LONG dijo a la prensa que ordenó la medida debido a que los hermanos GLASMAN “desconocieron” tales cuentas, cuando ha quedado demostrado que se libraron los oficios un día antes de que el fiscal se comunicara con el Sr. Eduardo GLASMAN para preguntarle sobre cuentas bancarias.

III. DECLARACIONES TESTIFICALES

III. 1. EL HECHO NUEVO Y LOS DOS NUEVOS TESTIGOS

Como surge de la grabación de audio que adjuntamos (“Laura.Skype.mov”), durante la declaración testifical que realizó la Sra. Laura GLASMAN ante esta Sra. Jueza el 9 de abril de 2008, la testigo hizo mención a la intervención personal de LONG en la revocación del poder a los abogados Héctor y Matías BERTONCELLO que firmara la Sra. SOSNITSKY.

Luego agregó que posteriormente se comunicó telefónicamente y se quejó frente al fiscal LONG de su intromisión en las relaciones entre los apoderados de la familia y los miembros de su familia, a lo que LONG respondió, en relación al episodio de la revocación del poder, que la Dra. MOIRANO tenía conocimiento o también había intervenido en el proceso.

Cuando la Sra. Laura GLASMAN mencionó estos hechos, según nos acaba de informar, escuchó que el Sr. Sergio MANCINI, que se hallaba presente en representación del Ministerio Público, dijo por lo bajo, a modo de advertencia como para que la testigo lo escuchara, que también la Dra. MOIRANO tenía relación con este hecho.

Por este motivo, dado que los dichos de MANCINI confirmarían lo que el fiscal niega, resulta indispensable que se cite tanto a Sergio MANCINI como a la abogada María Clara GABELLA, para que den cuenta de estos hechos. Por otra parte, dado que MANCINI involucró a LONG en voz baja, sólo fue escuchado por la Sra. Laura GLASMAN, ya que este apoderado estaba ubicado lejos de donde se hallaba el abogado del ministerio público. Pero seguramente sus dichos fueron escuchados por la abogada GABELLA, razón por la cual también es necesaria su presencia como testigo.

III. 2. LA DECLARACIÓN DE LONG

Resulta imperioso, luego de estas nuevas circunstancias, que LONG declare bajo juramento, pues él ya ha negado toda posible intervención en el episodio de la revocación del poder de BERTONCELLO.

En la resolución que dictara el Tribunal Criminal Nº 1 sobre otra recusación presentada contra este mismo fiscal, se señaló que la Dra. MOIRANO, bajo juramento, declaró sobre un “escrito que redactó el Dr. Long para revocar el mandato del Dr. Bertoncello” , en referencia al episodio que ya hemos descripto. Luego se agrega que LONG, en su descargo final, como parte de su alegato y sin estar bajo juramento, afirmó “… Que jamás hizo escrito alguno a la Sra. Betty de Glasman, es completamente falsa esta acusación” . Si fuera cierto lo que dijo LONG en esa oportunidad, no se comprende cómo ni él ni los miembros del tribunal solicitaron que se investigue a la Dra. MOIRANO por la presunta comisión del delito de falso testimonio (ver bitácora “La Causa Glasman”, sección “Documentos judiciales”, Escrito del Dr. Bertoncello ).

Por otra parte, muchos de sus dichos, además de ser falsos, representan una nueva afrenta a los particulares damnificados Laura y Eduardo GLASMAN. El fiscal LONG ha dicho en su escrito presentado en este incidente que “no ha existido, ni existe una estrategia de neutralización de los particulares damnificados, ni de interferir en las relaciones interpersonales de abogado-cliente. Aunque sí se asumen estrategias de investigación de hechos delictivos o presuntamente delictivos y de su posibles autores”.
La reacción de la Sra. Laura GLASMAN al leer el documento que hemos citado, que recibió recién hace unos días vía correo electrónico, ha provocado que comience a escribir una nueva entrada destinada a la bitácora “La Causa Glasman”, en uno de cuyos párrafos expresa, con razón, su indignación:

“El fiscal ha interferido claramente en nuestra relación con nuestros abogados, no constituyendo el hecho de que al abogado LONG no le caiga bien el Dr. BERTONCELLO, que la Dra. MOIRANO no cobre honorarios o que el abogado Bovino los cobre, delito alguno que merezca ser investigado. La sola repuesta del fiscal, sembrando dudas sobre nuestros abogados de confianza sin pruebas que lo justifiquen, es una demostración de nuestra imputación en cuanto constituye una interferencia flagrante a la relación cliente abogado.

El fiscal debe explicar a qué conflictos de intereses se refiere, qué pruebas o hipótesis tiene en tal sentido, y quiénes son las personas que tornan inviable la colaboración con un ministerio público que actuó a costa de nuestra intimidad, salud emocional y familiar e impidió nuestra expresión en el marco de la causa. El fiscal también debe explicar a qué se refiere cuando incluye un comentario sobre el entorpecimiento de la investigación en la recusación iniciada por los hermanos GLASMAN y nombra a los abogados que son funcionales a intereses que no nos conciernen”.

Por otro lado, el fiscal LONG se ha cansado de repetir ante los medios de comunicación que este apoderado “desembarcó” en el caso, y que mis mandantes decidieron cambiar de abogado después de los allanamientos a la Asociación Médica. Y ahora, sin ninguna razón que lo justifique, pretende atacar mi integridad negando lo que ha dicho públicamente, ya que manifiesta que “Bovino dice haberse reunido el martes 18 de septiembre de 2007 por la noche —aunque sin precisar el lugar— con la Dra. Graciela Cortázar, quien resulta ser —además de defensora oficial— esposa de un encumbrado directivo de la AMBB. Huelgan los comentarios y a confesión de parte relevo de prueba”.

Lo que en verdad huelgan son las razones que justifiquen este comentario hecho de mala fe, no solo porque no menciona que en el texto del escrito de recusación —del cual saca estos datos para usarlos fuera de contexto— se informa que quienes nos reunimos con la Dra. Cortázar fuimos mi colega Federico Pinto y yo, sino también que está demás el “aunque sin precisar el lugar”. Por lo demás, su desconocimiento del derecho resulta manifiesto una vez más cuando dice “a confesión de parte, relevo de prueba”, ya que según creo, éste es un caso penal.

III. 3. CONCLUSIONES

La ocurrencia del nuevo hecho que hemos descripto, y la necesidad de citar a declaración testifical a las dos personas ofrecidas, representan razones adicionales a las ya desarrolladas al momento de presentar la recusación, para que el fiscal LONG también declare como testigo.

Este apoderado, previa autorización de sus representados, así lo hizo, igual que la Dra. MOIRANO. Y, en este incidente es absolutamente indispensable que el fiscal LONG preste declaración bajo juramento para que la Sra. Jueza pueda obtener la información necesaria para tomar una decisión conforme a derecho.

IV. PETITORIO

Por las razones invocadas, a la Sra. Jueza solicitamos:

1. Tenga por ampliada esta recusación;

2. Incorpore la documental que se adjunta con el audio de la Sra. Laura Glasman;

3. En el momento oportuno, cite a declarar en la audiencia a realizarse en este incidente, en calidad de testigos, a Sergio MANCINI, María Clara GABELLA, y Christian LONG, quienes pueden ser notificados en la sede de la Fiscalía.

Proveer de conformidad
que es derecho.

CONVERSACIÓN DEL SR. EDUARDO GLASMAN CON JORGELINA FILINICH

2008-04-16T21:25:00.000-07:00

Puede escuchar el audio de la conversación telefónica aquí.

DECLARÓ LA SRA. LAURA GLASMAN

2008-04-16T20:49:00.001-07:00

PASEN Y VEAN. ÉSTA ES LA DECLARACIÓN DE UNA TESTIGO BAJO JURAMENTO

(Haga click en cada página para verla en tamaño normal)

DECLARARÁ LAURA GLASMAN EN EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN DE LONG

2008-04-11T04:30:00.000-07:00

SE HIZO LUGAR AL PEDIDO DE LA PARTICULAR DAMINIFICADA DE QUE SE LE TOME DECLARACIÓN ANTICIPADA EN EL INCIDENTE POR LA RECUSACIÓN DEL FISCAL LONG

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Declaración de Laura Glasman en la recusación de Long.

2008-04-09T11:58:00.000-07:00

CONSTITUYE NUEVO DOMICILIO
SOLICITA ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE PRUEBA

I. CONSTITUYE NUEVO DOMICILIO

Informamos a la Sra. Jueza que constituimos nuevo domicilio procesal en Palau 22 de esta ciudad.

II. ANTICIPO DE PRUEBA

El 3 de marzo de 2008 solicitamos a este tribunal que nos tenga por parte en esta investigación y, también, que se nos informara de un auto que, según le dijera el fiscal LONG a mi representado Eduardo GLASMAN, debería existir en este procedimiento. Fuimos notificados de las resoluciones correspondientes recién el 4 de abril de este año, es decir, más de un mes después de presentados los escritos.

El día 26 de marzo de 2008 presentamos ante este tribunal el pedido de apartamiento del Agente Fiscal Christian LONG. Allí solicitamos que el “juicio oral y sumario” previsto en el artículo 54 del Código Procesal Penal se realizara en los días 9 o 10 de abril, ya que la Sra. Laura GLASMAN reside en Estados Unidos y ha viajado especialmente para declarar como testigo en la audiencia. Dado que reside fuera del país y trabaja, no cuenta con tiempo disponible para ausentarse en cualquier momento, y le significó mucho esfuerzo viajar hasta aquí para ejercer su derecho constitucional a ser oída en la audiencia.
Sin embargo, el tribunal no ha tomado decisión alguna al respecto, mientras sí ha resuelto una solicitud idéntica presentada por la defensa con posterioridad. Asumimos que el retraso del tribunal no implica mala fe alguna. Por tal motivo, y dado que se dan los requisitos del artículo 274 del Código Procesal Penal (un “obstáculo difícil de superar”), que son de aplicación supletoria pues el “juicio oral y sumario” del artículo 54 no está regulado en el ordenamiento procesal —razón por la cual se deben aplicar las reglas del debate común en lo que corresponda—, solicitamos que se fije para el 10 de abril de 2008 una audiencia de anticipo probatorio a fin de que pueda prestar declaración testifical la Sra. Laura GLASMAN en los mismos términos planteados en el escrito de recusación. Ello pues la Sra. GLASMAN debe regresar a los Estados Unidos el 11 de abril.
De no hacerse lugar a nuestra solicitud, se estaría negando el derecho a ser oída de la Sra. Laura GLASMAN, derecho de jerarquía constitucional (art. 18, Constitución Nacional; art. 8.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1, Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos), razón por la cual desde ya planteamos la reserva de la cuestión federal involucrada.

Proveer de conformidad
que es derecho

Alberto BOVINO

ESCRITO DEL DR. BERTONCELLO

2008-04-08T20:48:00.000-07:00

SOLICITA FOTOCOPIAS CERTIFICADAS. DEJA CONSTANCIA.-

SEÑORES JUECES:

HÉCTOR JORGE BERTONCELLO, abogado, inscripto al Tº II Fº 170 del CABB, por mi propio derecho, en la causa Nº 698/07, Orden Interno Nº 1963, caratulada “COLMAN VICENTE GUILLERMO S/ HOMICIDIO AGRAVADO POR PRECIO O PROMESA REMUNERATORIA”, ratificando el domicilio constituido en calle Lamadrid 62, oficina 2, entrepiso, a V.E. digo:

I)- Que, a fin de concretar presentaciones ante la Procuración de la SCBA y Colegio de Abogados de Bahía Blanca, solicito se expidan dos juegos de fotocopias de la audiencia de debate en relación a la Recusación del Fiscal Longo, con las declaraciones y transcripciones de los dichos de la Dra. Moirano.-

II)- Al margen de lo expuesto, dejo constancia de mi sorpresa, ante la falta de decisiones por el Tribunal por las declaraciones de la Dra. Moirano y por la gravedad de su contenido, cuando ha expresado que el Fiscal Long confeccionó el escrito por el cual la Sra. Sosnitsky revocara mi designación y la de Matías Leandro Bertoncello.-

El pasado 31 de marzo he cumplido 39 años de profesión como abogado y nunca, al menos en Democracia, he sufrido que un funcionario judicial solicitara a un cliente que cambiara de representante legal. Creo que, la gravedad del tema, no contemplado por el Tribunal, pues no se ha promovido denuncia contra la Dra. Moirano por Falso Testimonio, imponía que, de oficio, el Tribunal ordenara la investigación sobre la posible existencia del delito, conforme art. 248 del Código Penal.-

La conducta atribuida al representante del Ministerio Público ha violado, además, las normas de protección al abogado, conforme art. 56 inc. b) última parte de la ley 5177, plenamente vigente sin perjuicio de la posibilidad de existencia de delito.-

Recuerdo un precedente similar, en la investigación al Padre Grassi por Abuso Sexual reiterado, cuando a una de las víctimas se la “indujo” a renunciar al patrocinio de su abogado, con el argumento que quien lo defendía era el Fiscal. Este escándalo llegó a Casación, anulándose la audiencia realizada del art.338 del CPP y permitiendo a la víctima ofrecer prueba. Lógicamente, tuvo la ayuda de a Sra. Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pero el caso es similar.-

Otro precedente en relación a mi persona, ya en Democracia, lo puedo encontrar en la actuación del Ex Juez Federal Balaguer, cuando me imputó de delitos, y fue condenado en la Justicia Federal por ello, luego del Desafuero y su condena por delitos.-

Esta reflexión, me la permito atento la gravedad de las expresiones de la Dra. Moirano y la inexistente resolución del Tribunal, para al menos intentar dilucidar la cuestión, que constituye un escándalo que excede el marco de la causa en tratamiento, sino, tiene relación al respeto del ejercicio de la profesión de abogado.-

Es evidente que a más de 20 años de Democracia, hay personas que se resisten a considerar el mandato de abogado en su ejercicio, como esencial al Estado de Derecho, y no en vano tantos abogados pagaron con su vida y libertad ese precio, desde 1974 a diciembre de 1983.-

Proveer de conformidad
SERÁ JUSTICIA.-

H. J. BERTONCELLO

INTERPONE RECUSACIÓN

2008-03-27T11:02:00.000-07:00

Por último, no se comprende qué necesidad existe de mantener a un funcionario tan conflictivo y cuestionado por prácticamente todas las partes en este procedimiento. Nadie impugna aquí el necesario protagonismo que según el régimen jurídico vigente debe tener el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no lleva el nombre y apellido del fiscal del caso. Por el contrario, los acusadores públicos son muchísimos y además, son fungibles. Las víctimas, en cambio, sí tienen nombre y apellido. Y no son fungibles. Y tienen derechos en su calidad de tales.

Sra. jueza:

Alberto Bovino, abogado, tº XXX, fº 436, del Colegio de Abogados de San Isidro, Monotributista, CUIT 20-13188055-4, apoderado de los particulares damnificados Sra. Laura Rosana Glasman y Sr. Eduardo Glasman, IPP 49.814, manteniendo el domicilio procesal en Calle Viamonte 210 de esta Ciudad a la Sra. Jueza decimos:

I. Objeto

Conforme lo disponen los artículos 47, inc. 13, y 54, del Código Procesal Penal de la Prov. de Buenos Aires —en adelante, CPP—, solicitamos se aparte de esta investigación al fiscal Christian Long, ya que se da una de las causales reguladas en el art. 47, inc. 13, del CPP:

“13.- Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad”.

II. Introducción

II. 1. La actitud general de Long

Desde que la investigación ha sido atribuida a la Unidad de Delitos Complejos a cargo de Christian Long, han ocurrido una serie de irregularidades, algunas de las cuales analizaremos en esta presentación. Es por este motivo —y por sus reiteradas e indebidas intromisiones en las relaciones familiares y privadas de mis mandantes—, que siguiendo expresas indicaciones de los particulares damnificados Sra. Laura Glasman y Sr. Eduardo Glasman, solicito que, luego del trámite legal, se aparte al Fiscal Christian Long de la investigación de esta causa.

Al momento en que le fue asignada al fiscal Long la investigación por el asesinato del Dr. Felipe Glasman, la Dra. Nidia Moirano representaba a la Sra. Beatriz Sosnitsky, a la Sra. Laura Glasman y al Sr. Eduardo Glasman. Lo mismo ocurría con el Dr. Héctor Bertoncello, quien, además, representaba a la Asociación Médica de Bahía Blanca —en adelante, la Asociación Médica, la Asociación, o la AMBB—.

El representante de la vindicta pública, en este caso concreto, ha asumido dos presupuestos que vulneran sus mandatos constitucionales y legales. El primer presupuesto es tan sencillo como erróneo: quien no está de acuerdo con sus intuiciones y sus métodos de investigación, encubre, prevarica o entorpece la investigación. Así, como demostraremos —más allá de que es un hecho por todos conocido— el Fiscal no ha dejado abogado de las partes ni particular damnificado que haya discrepado con él sin investigar, difamar e imputar, y lo ha hecho sobre la base de suposiciones puramente “intuitivas”, sin fundamentos en elementos probatorios válidos.

El segundo presupuesto no es tan sencillo pero es tan erróneo como el anterior: el fiscal cree que puede ejercer sus facultades legales para cualquier fin, y sin dar justificaciones válidas. Así, por ejemplo, a pesar de que el art. 56 obliga de modo imperativo al fiscal a fundar sus opiniones y requerimientos, no existe una sola justificación en la solicitud de que se investiguen las “cuentas bancarias” neoyorquinas que existirían a nombre de los hermanos Glasman de manera conjunta con Carignano. Y así sucesivamente.

Cuando el Dr. Silvestroni solicitó en un escrito que —equivocado o no—, se eleve a juicio también al otro imputado, esto es, a Vidal, la única respuesta que se dio fue que: a) esa decisión le corresponde al fiscal; y b) que el plazo prorrogado para investigar no había sido agotado. En este punto, por un lado, cabe recordar que Silvestroni sabía lo señalado en el punto a), y fue por ello que presentó el escrito ante el fiscal, y, en segundo término, y lo que es mucho más grave, pone en evidencia el hecho de que el fiscal desconoce el sentido de un plazo que acota las facultades estatales para perseguir penalmente. El plazo del proceso no es un permiso para agotarlo, sino un límite. Además, no conocemos ninguna medida de investigación que se haya producido respecto de Vidal en los últimos tiempos.

A estos dos presupuestos irracionales se agrega el hecho de que el fiscal y una de sus colaboradoras creen y difunden la teoría según la cual quien no se deja investigar, aun en cuestiones absolutamente extrañas al proceso y ajenas a sus competencias legales, de algo es culpable. Y esta teoría es difundida públicamente por el fiscal y reproducida por ciertos medios periodísticos (Audio Long postrecusación[1], 03:15-04:20). Claramente, esto es inaceptable. “Algo habrán hecho” no puede ser el lema de un fiscal que pretende intervenir en la administración de justicia en un Estado de derecho y a 25 años de la finalización de la dictadura militar.

Aplicando estos presupuestos a sus prácticas en el marco de este proceso, el fiscal ha tomado medidas que muestran su enfrentamiento personal con casi todas las partes, llegando al gravísimo hecho de depositar sospechas sobre los propios hijos de la víctima, esto es, sobre mis representados, los hermanos Laura y Eduardo Glasman. Como si esto no fuera suficiente, ha ordenado medidas de investigación sobre la posible participación de los hijos de la víctima en el hecho investigado, presumiendo su colaboración con la persona a quien el fiscal atribuye la autoría intelectual del hecho. Y con posterioridad a ordenar esas medidas de prueba que tenían por exclusivo objeto verificar si existían elementos que incriminaran a los Sres. Laura y Eduardo Glasman, también pretendió interrogar a quienes consideraba sospechosos fuera de la presencia de sus abogados, de manera capciosa, sin advertencia alguna de sus derechos y, por supuesto, sin justificación alguna.

A esto se agrega la actitud discriminatoria de Long tanto hacia los Sres. Eduardo y Laura Glasman, como hacia la hermana y cuñado de la víctima, a quienes se les ha negado acceso a la causa, se les ha mezquinado información sobre su marcha que sí se filtro a la prensa, e incluso se les ha faltado gravemente el respeto, obligándolos a realizar repetidos llamados y pedidos para ser recibidos a fin de recibir información que el fiscal tiene el deber de proporcionarles. La actitud de Long hacia las víctimas es tal que en su último viaje, la Sra. Laura Glasman prefirió no solicitar una entrevista con el fiscal por la desconfianza y resquemor que los ataques y desplantes de éste le inspiran (Audio Entrevista a Sara Glasman realizada por Luis Cano[2], 04:00-06:40; Audio Entrevista a Laura Glasman realizada por Héctor Gay[3], 02:05-05:45; Audio Entrevista a Eduardo Glasman realizada por Héctor Gay[4], 01:00-02:15).

En conclusión, desde que asumimos la representación legal de Laura y Eduardo Glasman, no hemos podido intervenir activamente en la investigación para cumplir con nuestro mandato legal: lograr que se juzgue y condene a todos los partícipes del terrible crimen ordenado y cometido para poner fin a la vida del Dr. Felipe Glasman. Y ello ha sido así debido a la propia conducta del fiscal Long, quien con cada uno de sus actos nos ha tenido ocupados, primero, defendiéndonos de sus acusaciones arbitrarias, tanto contra nuestros representados, acusadores particulares en la causa, como a sus apoderados. Segundo, comunicándome y analizando cada problema con las víctimas, a quienes las maniobras del fiscal Long con las partes y con la prensa han puesto en innumerables situaciones conflictivas, a nivel familiar y personal.

El fiscal Long ha definido, frente al legítimo ejercicio de los derechos de las víctimas, que se trata de “ataques personales”, y que tanto la AMBB como los apoderados de los hermanos Glasman pretendemos apartarlo. Creo que ambas representaciones legales, al presentar una recusación en su contra, tenemos en claro y hacemos público que es nuestra intención, con el objeto de proteger los intereses que nos han sido confiados, lograr el apartamiento de Long.

El fiscal Long se niega a recibir a los hijos y a la hermana de la víctima. Abusando de su poder funcional, somete a investigación a las víctimas y a sus abogados. No nos permite acceder a la causa a pesar de nuestros derechos consagrados legalmente.

En el camino se resiste, actuando prácticamente como defensor, a someter a juicio al otro imputado como coautor material o partícipe necesario del homicidio doloso agravado del Dr. Felipe Glasman, esto es, a Javier Vidal.

De esta manera, con ataques, negativas y desinformación Long ha neutralizado a todas las partes que no coinciden con sus métodos y su objeto de investigación, esto es, ha hecho todo lo contrario a las disposiciones jurídicas que regulan su función (Audio Entrevista a Eduardo Glasman realizada por Héctor Gay[5], 02:18-04:10).

II. 2. Derechos de los hermanos Glasman y deberes del fiscal Long

a) Derecho internacional de los derechos humanos

Uno de los instrumentos internacionales que definen los derechos de las víctimas y los deberes de los fiscales es, sin duda, la Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder. Estos instrumentos del sistema universal de Naciones Unidas no tienen el mismo carácter vinculante que un instrumento contractual —v. gr., tratado, convención—. Sin embargo, diversas circunstancias los van tornando obligatorios con el tiempo. Uno de los factores más importantes en este proceso es el de la invocación de tales instrumentos por parte de los tribunales del ámbito interno, uno de cuyos casos paradigmáticos fue el de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el habeas corpus colectivo presentado por el CELS contra la provincia de Buenos Aires en el caso “Verbitsky”:

“Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas —si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal— se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional que, de confirmarse y continuarse la situación planteada, estaría claramente violado en la Provincia de Buenos Aires” (CSJN, “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, cons. 39 del voto de la mayoría, destacado agregado).

Así, la Corte Suprema dejó en claro que la aplicación de estos instrumentos no convencionales denominados genéricamente como soft law, son de aplicación obligatoria y resultan operativos:

“… Después de la reforma de 1994, con jerarquía constitucional, la Nación está obligada por tratados internacionales de vigencia interna y operativos, que fortalecen la línea siempre seguida por la legislación nacional en la materia: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el art. XXV que ‘todo individuo tiene también un tratamiento humano durante la privación de su libertad’; el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que ‘toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’; fórmula ésta que recepta de modo similar el art. 5 inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (CSJN, “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, cons. 39 del voto de la mayoría, destacado agregado).

Nótese que la Corte Suprema utiliza como primer ejemplo de instrumento internacional que equipara a los tratados la Declaración Americana, instrumento que no es de carácter convencional y que, claramente, no es un tratado. En la misma decisión, con anterioridad, se afirmó de manera expresa el deber de respetar estos instrumentos:

“Asimismo existe cuestión federal suficiente pues se cuestiona la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la Constitución Nacional, como así también la violación al art. 18 in fine del mismo cuerpo, y a diversas normas contenidas en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional".

A mayor detalle, cabe destacar que al hallarse cuestionadas garantías del derecho internacional, el tratamiento del tema resulta pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, puesto que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional” (CSJN, “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, cons. 13 del voto de la mayoría, destacado agregado).

En este contexto, la doctrina internacional más autorizada —en realidad, no se trata de la opinión del autor, sino de la de un órgano de las Naciones Unidas— hace referencia al importante papel que cumplen instrumentos como la Declaración de los derechos de las víctimas, al ser utilizadas por los órganos internacionales de protección como fuente de interpretación de disposiciones contenidas en instrumentos de carácter vinculante para los Estados parte:

Estas disposiciones relativas al trato de la víctima tienen mucha relevancia en la interpretación del contenido del derecho a un recurso (O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los derechos humanos, Ed. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, 2004, p. 504).

Cabe aclarar que cuando se habla del derecho a un recurso, o a un recurso judicial efectivo, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, no se trata de tener derecho a utilizar un recurso, esto es, un medio de impugnación contra una resolución judicial[6]. Se entiende por recurso, de acuerdo con la interpretación pacífica de los órganos internacionales, el derecho a un procedimiento sencillo, rápido y efectivo para la protección de los derechos de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados parte[7].

En este sentido, en cuanto a los mecanismos judiciales que el Estado debe garantizar a las víctimas de hechos delictivos, la regla 6 es, probablemente, la que prevé la mayor cantidad de prestaciones que deben ser puestas a disposición de la víctima en el marco de los procedimientos judiciales, con especial referencia al procedimiento penal. Así, la regla citada establece los siguientes deberes:

“6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información.
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial.
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia.
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas” (destacado agregado).

Como se puede apreciar, la regla citada contiene todo un programa que reconoce derechos sustantivos a la víctima en lo que se vincula con los procedimientos iniciados a raíz del hecho delictivo.

La regla de la Declaración se complementa con disposiciones de las Directrices sobre la función de los fiscales, otro instrumento de la ONU, en cuyos considerandos se puede leer:

“Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder se recomienda la adopción de medidas en los planos nacional e internacional a los fines de mejorarel acceso de las víctimas de delitos a la justicia y a un trato justo, al resarcimiento, la indemnización y la asistencia…”.

De manera consistente con dicho principio, la regla 2.b de las Directrices dispone:

“2. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para que:
[…]

b) Los fiscales tendrán una formación y capacitación adecuadas y serán conscientes de los ideales y obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección que la Constitución y las leyes brindan a los derechos del sospechoso y de la víctima, y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional” (destacado agregado).

Más allá de las reglas de estos instrumentos de soft law, también resultan aplicables las reglas de los instrumentos de carácter vinculante. Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos —en adelante, Corte Interamericana, o Corte IDH—:

“Los Estados Partes (en la CADH) se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción”12.

Por otra parte, tanto la reforma constitucional como en los desarrollos jurisprudenciales de los tribunales del ámbito interno han provocado una cambio de trascendencia en las reglas que regulan el procedimiento penal. Cafferata Nores ha dicho, en este sentido:

3. b. Función de las garantías

Las garantías procuran asegurar que ninguna persona pueda ser privada de defender su derecho vulnerado (por el delito) y reclamar su reparación (incluso penal) ante los tribunales de justicia, como así también que ninguna persona pueda ser sometida por el Estado, y en especial por los tribunales… O sea que, en el proceso penal, las garantías se relacionan con quien ha resultado víctima de la comisión de un delito, a quien se considera con derecho a la ‘tutela judicial’ (arts. 1.1, 8.1 y 25, CADH) del interés (o derecho) que ha sido lesionado por el hecho criminal, y por lo tanto con derecho a reclamarla ante los tribunales (art. 8.1, CADH) penales, actuando como acusador, aún exclusivo (véase apartado 5. b). También se erigen como resguardo de los derechos del acusado, no sólo frente a posibles resultados penales arbitrarios, sino también respecto del uso de medios arbitrarios para llegar a imponer una pena.

3. c. La “bilateralidad”
…
Pero aquel virtual “bloque normativo-interpretativo” también deja perfectamente en claro otros dos conceptos. El primero es que la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de “garantizar el derecho a la justicia de las víctimas” a las que se reconoce la atribución de reclamarla ante los tribunales (derecho a la tutela judicial efectiva, arts. 1.1, 8.1 y 25, CADH); y el segundo, es que “por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercitarse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”.

Estos conceptos son los que basan nuestras estimaciones precedentes sobre que las obligaciones estatales de respetar los derechos humanos y asegurar su plena vigencia impuestas por la normativa supranacional, se proyectan bilateralmente en el área de la procuración y administración de la justicia penal, expresándose en salvaguardas que pueden ser, o comunes para las víctimas del delito que reclaman justicia y para aquellos a quienes se les atribuye la comisión, o específicas para cada uno de ellos: todas se conocen, genéricamente, como garantías. Y no obsta a esta bilateralidad, el hecho de que en el texto de la normativa supranacional "las garantías procesales del debido proceso están diseñadas claramente en beneficio del imputado" y que su "aplicación a los afectados por el hecho ilícito" sea un aspecto que no "fue debidamente desarrollado, por ejemplo por la CADH, ya que no es menos cierto que las opiniones y decisiones de los organismos regionales encargados de velar por su aplicación y guía aceptada para su interpretación (véase punto 1) han evolucionado decididamente en “sentido bilateral”. Basta señalar como ejemplo, que luego de entender que el papel del derecho penal es el de sancionar el delito, distinguiéndolo de la función del derecho humanitario que es la de proteger y reparar a la víctima, han ido incluyendo, posteriormente, a la sanción penal del culpable como un modo de protección o reparación de la víctima del delito, a la que se le reconoce el derecho de procurar su castigo ante los tribunales penales (véase apartado 5. b)” (Cafferata Nores, José I., Proceso penal y derechos humanos, Ed. del Puerto/CELS, Buenos Aires, 2008, 2ª ed., ps. 14 y siguientes) .

Debemos señalar la relevancia de los derechos en juego, gran parte de ellos con jerarquía constitucional. Este solo planteo me permite hacer reserva de caso federal. Ello pues, en caso de que no se realice una audiencia pública, o de que luego de la audiencia se confirme a Long en su puesto, se abriría la vía internacional para plantear el caso ante la Comisión Interamericana

b) El derecho interno

La Ley Orgánica del Ministerio Público, por su parte, establece en su artículo 35:

“El Ministerio Público atenderá y asesorará a la víctima, garantizando sus derechos y facultades establecidos en el Código Procesal Penal, suministrándole información que le posibilite ser asistida como tal por el Centro de Asistencia a la Víctima” (destacado agregado)."

En cuanto al Código Procesal Penal, respecto del particular damnificado y de la víctima, éste dispone:

“ARTICULO 79.- (según ley 13.183) Derechos y facultades.- Quien haya sido admitido en calidad de particular damnificado, durante el transcurso del proceso sólo tendrá los siguientes derechos y facultades:

1. Solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito y descubrir a los culpables, siendo de aplicación lo previsto en los artículos 273[8] y 334 segundo párrafo. Sin perjuicio de ello,******podrá reiterar su solicitud en la oportunidad determinada en el artículo 338;
2. Pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas. Dichas medidas serán procedentes cuando se reúnan los requisitos del artículo 146 incisos 1, 2 y 3. El Juez de Garantías determinará la naturaleza y cuantía de la medida y fijará la adecuada contracautela. La resolución deberá ser fundada y será impugnable por recurso de apelación a pedido del particular damnificado o el imputado ante la Cámara de Apelación y Garantías en el plazo establecido en el artículo 441;
3. Asistir a las declaraciones de los testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones;
4. Intervenir en la etapa de juicio dentro de los límites fijados en este Código;
5. Recusar en los casos permitidos al imputado;
6. Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa;
7. Recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal”.

“ARTICULO 83.- (Texto según Ley 12.059) Derechos y facultades.- Se garantizará a quienes aparezcan como víctimas los siguientes derechos y facultades:
1 - A recibir un trato digno y respetuoso;
2 - A la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho de la investigación;
3 - A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate;
4 - A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento;
5 - A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este Código;
6 - A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada;
7 - A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código;
8 - A procurar la revisión, ante el Fiscal de Cámara Departamental, de la desestimación de la denuncia o el archivo;
9 - A reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del Agente Fiscal interviniente.

En los procesos por lesiones dolosas, cuando la convivencia entre víctima y victimario haga presumir la reiteración de hechos del mismo carácter, el Juez de Garantías podrá disponer como medida cautelar, la exclusión o la prohibición del ingreso al hogar. Una vez cesadas las razones que motivaran fundadamente la adopción de la medida, se podrá requerir su inmediato levantamiento”.

Hasta aquí una sintética mención de las reglas y los principios aplicables de nuestro derecho vigente que deben guiar la decisión del tribunal. Como demostraremos acabadamente con los elementos de prueba acompañados y ofrecidos en la audiencia oral y pública, el fiscal ha violado gran cantidad de estas reglas, y no por negligencia o descuido, sino que ha establecido estas prácticas contrarias a derecho como sistema de actuación funcional.

II. 3. La relación con las partes

Veamos entonces cuál es y cuál ha sido la relación del fiscal con las partes y sus representantes legales.

Son particulares damnificados:
01. Sra. Beatriz Sosnitsky
02. Sra. Laura Glasman
03. Sra. Sara Glasman
04. Sr. Eduardo Glasman
05. Asociación Médica de Bahía Blanca
Son imputados como autores materiales:
06. Vicente Colman
07. Javier Vidal

Son/fueron defensores de los imputados:
08. Sebastián Martínez
09. Juan Gentile
10. Gustavo Dorrego

Son/fueron representantes de los particulares damnificados:
11. Nidia Moirano (ex-apoderada de la Sra. Beatriz Sosnitsky; y de sus hijos Sra. Laura Glasman y Eduardo Glasman)
12. Mariano Silvestroni: abogado actual de la Asociación Médica de Bahía Blanca, cuyo Secretario General, Fernando Carignano, está imputado por Long por encubrimiento agravado.
13. Héctor Bertoncello: apoderado actual de la Sra. Sara Glasman y ex apoderado de Beatriz Sosnitsky, Laura y Eduardo Glasman.
14. Alberto Bovino: apoderado actual del Sr. Eduardo Glasman y de la Sra. Laura Glasman

Veamos ahora qué ha sucedido con cada uno de ellos respecto de su relación con el fiscal Long.

Beatriz Sosnitsky: Le hizo firmar un escrito revocando el poder de Bertoncello. Es la única acusadora que está de acuerdo con su versión. Pero no ha sido ésa la misma versión que defendiera antes de la intromisión de Long.

Sara Glasman: No contesta sus mensajes y tiene problemas personales con ella.

Eduardo Glasman: Investigado por posibles cuentas bancarias conjuntas con Carignano. Fue interrogado de manera capciosa y sin la presencia de su abogado sobre tales cuentas.

Laura Glasman: Investigada por posibles cuentas bancarias conjuntas con Carignano. Long trató de interrogarla de manera capciosa y sin la presencia de su abogado sobre tales cuentas.

AMBB: Solicitó sea apartada como particular damnificada. No la considera como “verdadera” damnificada.

Vicente Colman: Requirió su juzgamiento.

Javier Vidal: Lo protege como si fuera su defensor.
Sebastián Martínez: Denunciado por prevaricato.

Juan Gentile: Denunciado por prevaricato.

Gustavo Dorrego: Denunciado por prevaricato.

Nidia Moirano: La acusa de estar cobrando actualmente de la AMBB. La acusó bajo juramento de ser una de las autoras de las represalias tomadas en su contra por no seguir las “advertencias mafiosas” que recibió.

Mariano Silvestroni: Lo acusa de actuar de manera conjunta con Bovino para apartarlo del caso. Lo acusó bajo juramento de ser uno de los autores de las represalias tomadas en su contra por no seguir las “advertencias mafiosas” que recibió.

Bertoncello: Investigado por encubrimiento del homicidio de Glasman.

Alberto Bovino: Lo acusa de actuar de manera conjunta con Silvestroni para apartarlo del caso. Lo investigó por recibir honorarios de la AMBB sin prueba ni fundamento alguno. Lo acusó bajo juramento de ser uno de los autores de las represalias tomadas en su contra por no seguir las “advertencias mafiosas” que recibió.

III. Los hechos

III. 1. La situación previa al ingreso de Long

Como hemos visto, tanto la víctima como el particular damnificado cuentan con un sinnúmero de derechos sustantivos conforme al derecho vigente en el ámbito territorial en el cual ocurrió el homicidio, donde se está llevando a cabo su investigación, y donde será juzgado el único presunto responsable cuyo proceso ha alcanzado la etapa de juicio.

Sin embargo, el fiscal Christian Long, con la ayuda de sus colaboradores cercanos, ha logrado, en los hechos, primero impedir que los hijos y la esposa de la víctima intervengan de manera efectiva en este procedimiento con una representación legal única. En este sentido, ha dicho textualmente la Sra. Laura Glasman:

“Gracias a la oportuna intervención de la Sra. Jorgelina [se refiere a la asistente del fiscal Long], la posibilidad de tener un abogado que represente a toda nuestra familia estaba definitivamente perdida”.

Segundo, ha influido en que se rompa todo contacto entre la viuda y sus hijos, y entre la viuda y la hermana de Felipe Glasman.

Ello significa que la intromisión indebida del fiscal y de sus colaboradores provocó dos graves perjuicios a la familia Glasman: a) imposibilidad de ejercer de manera efectiva sus derechos de información y de intervención en el procedimiento penal abierto contra los partícipes en el homicidio del Dr. Felipe Glasman; y b) ruptura familiar entre los hermanos Laura y Eduardo Glasman y su madre, debido a injerencias ilegítimas del fiscal y sus colaboradores.

El Dr. Felipe Glasman fue asesinado la noche del 28 de agosto de 2002. El mismo día se inició formalmente la investigación, por parte de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 4, a cargo de la Dra. Claudia Lorenzo. Iniciado el procedimiento, existieron diversas líneas de investigación que luego quedaron inconclusas. Así, entre otras, las siguientes:

1. Por un conflicto en el Hospital Español, en octubre del 2002 se libró oficio a la empresa Bahisur, para que informara los datos de las personas que trabajaban de seguridad en el Hospital Español, y luego fueron citados a declarar Daniel Roldan, Héctor Canales y Carlos Villagran, vigilantes destinados a ese Hospital (fs. 815). A fs. 832 se ordena profundizar la investigación sobre la empresa de seguridad que es propiedad de Vidili (Bahisur S.A.) y se requiere su legajo (fs. 872). Luego se pide informe al Renar sobre Héctor Fabián Canales, Carlos Tulio Villagran Nuñez y Daniel Oscar Roldan (fs. 1.664).

Dentro de la misma línea de investigación se pidió al Banco de la Nación Argentina, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Galicia, Banco Rio, Citibank, Bank Boston, Banco Bisel, Banco Bansud, Banco Credicoop y Banco La Pampa, que remitieran movimientos bancarios de Francisco Luis Vidili, Máximo Sanchez, Andres Osvaldo Ferro, Gustavo Mena, Viviana Dusserre, y Clinica Nueva Vida SRL (fs. 804).

Además se requirieron informes sobre titularidad registral de armas de Máximo Javier Sánchez, Francisco Luis Vidili, Víctor Horacio Pizani, y Andres Osvaldo Ferro, y también se recabaron datos filiatorios de los cónyuges de Sánchez, Mena y Vidili.

2. Por otro lado, se solicitó la remisión de expedientes civiles donde tanto el Dr. Felipe Glasman como la Asociación Médica figurasen como actores o demandados. De allí se tomo conocimiento de un desalojo contra Luis Vidili, y de un expediente por daños y perjuicios promovido por Felipe Glasman, también en contra de Luis Vidili (fs. 513 y 518, respectivamente).

3. También se tomo conocimiento y se incorporó a las actuaciones, documentación de un fraude que presuntamente había sido cometido por miembros de OSECAC contra la Asociación Médica, pero luego no se profundizó (fs. 2.406 y s.).

4. Una situación similar se corroboró con un conflicto con el PAMI a nivel nacional, pero no se incorporaron datos, más que con una declaración a Corchuelo Blasco, quien el mismo día del homicidio había firmado con Glasman un nuevo convenio.

5. A fs. 4.826 y ss. el Dr. Bertoncello acompaña un “informe relacionado con una de las líneas de investigación que se ha[bía] tenido en cuenta e relación al homicidio del Dr. Glasman, solicitando estricta reserva para preservar el éxito de la investigación”. En él se menciona un conflicto entre algunos dirigentes de la Clínica Punta Alta —Ricardo René Cadenas, Daniel Fernando Cassola y Hugo Imposti— y el Dr. Felipe Glasman en su calidad de Presidente de la AMBB. Este conflicto, que provocó importantes perjuicios económicos a los directivos de la Clínica Punta Alta, también fue desatendido por el fiscal Long.

Esto demuestra que una vez iniciada la investigación se fueron trazando distintas líneas de pesquisa que con la intervención del Fiscal Long fueron dejadas de lado sin argumentación alguna. Ello no quita que las funcionarias intervinientes en esta etapa no hayan sido cuestionadas por varios de los particulares damnificados (Audio Entrevista a Sara Glasman realizada por Luis Cano[9], 02:00-03:39).

III. 2. La neutralización de los particulares damnificados

La conducta del fiscal Long a lo largo de toda su intervención en la investigación del asesinato de Felipe Glasman ha consistido en una suerte de fuente inagotable de verdades a medias, de información falsa, dispersión “estratégica” de rumores y comentarios acerca de la personalidad, hábitos, y salud mental de los distintos involucrados en el caso, todo esto acompañado de absoluta reticencia a escuchar las opiniones y dar información a las víctimas, quienes tienen derechos exigibles a ser escuchadas e informadas.

a) Interferencias reiteradas en la relación abogado-clientes

I. Las irregularidades, en este sentido, comenzaron como un “ronroneo” desde el mismo inicio de la gestión de Long. Según la Sra. Laura Glasman, las dos primeras noticias que tuvo sobre el fiscal Long cuando éste asumió fueron, primero, que la Sra. Beatriz Sosnitsky lo había interrogado sobre su supuesta vinculación con el Sr. Vidili. Segundo, que el fiscal no toleraba al Dr. Bertoncello. Esta evaluación negativa del fiscal con respecto al abogado Bertoncello fue confirmada personalmente a la Sra. Glasman por la secretaria del fiscal, Jorgelina, en marzo de 2006. Así, en reiteradas oportunidades, Long expresó directamente o a través de su secretaria, su desagrado por el Dr. Bertoncello.

Finalmente, unos días antes de la detención del presunto asesino del Dr. Glasman, Long logró desembarazarse del Dr. Bertoncello en su calidad de apoderado de la Sra. Beatriz Sosnitsky con un acto que puso de manifiesto su mala fe y la plena conciencia de lo que estaba haciendo. Según manifestara la Dra. Moirano, alguien se comunicó con ella desde la fiscalía para informarle que debía presentarse a constituir nuevo domicilio, debido a que la Sra. Sosnitsky le había revocado el poder al Dr. Bertoncello. El mismo día fue notificada.

La Dra. Moirano fue a ver a la Sra. Sosnitsky y resultó sorprendida al escuchar que su representada le dijo que había revocado el poder al Dr. Bertoncello porque se lo había pedido expresamente Christian Long. La Sra. Sosnitsky también refiere que le llevaron el escrito y lo firmó, por agradecimiento hacia el fiscal por su trabajo en la identificación e inminente detención de Colman. La Dra. Moirano no recuerda si la Sra. Sosnitsky le dijo que quien le había llevado el escrito había sido Long o Jorgelina. Sin embargo, cuando le preguntó al fiscal quién había redactado el escrito, Long “reconoció que había sido él quien lo había hecho, a lo que agregó que si esto trascendía le costaba el puesto” (declaración de la Dra. Nidia Moirano).

Según el fiscal, así lo había hecho porque “Bertoncello entorpecía la investigación”. Es importante aclarar que la Sra. Beatriz Sosnitsky afirmó a su hija Laura que “me hicieron renunciar a mi abogado”, afirmación que a Laura le pareció irregular, pero que calló dado el inminente arresto de Colman.

Por otra parte, es evidente que el hecho de que “Bertoncello entorpecía la investigación”, juicio absolutamente subjetivo y arbitrario de Long que sólo expresaba su falta de coincidencia con su propia percepción de la investigación, no puede justificar el gravísimo hecho de que el fiscal se entrometa en la relación del Dr. Bertoncello y sus clientes con el objeto de que uno de los miembros de la familia le revocara el poder de representarlo por decisión exclusiva de la fiscalía.

Reiteramos, Long se ocupó de manera voluntaria y premeditada, de redactar un escrito que le hizo firmar a la Sra. Sosnitsky para que revocara el poder para que Bertoncello la representara. Y ello porque era de su desagrado y porque a su criterio, “entorpecía la investigación”. El derecho vigente prevé diversos mecanismos para evitar que las partes entorpezcan la investigación. Y a tal punto es ilícita una intromisión como la de Long, que él mismo ha reconocido ante la Dra. Moirano que le “podía costar el puesto”.

II. En cuanto a la Dra. Nidia Moirano, en mayo de 2007, fue a visitar a la Sra. Beatriz Sosnitsky, y al llegar se encuentra con la secretaria del fiscal, Jorgelina. En un momento de la conversación, en presencia de la Dra. Moirano, Jorgelina le dice a Beatriz ya como despedida:

“Bueno Betty nosotros te vamos a llamar, te vamos a decir en qué momento tenés que hablar, con quién tenés que hablar y los nombres que tenés que decir” (declaración de la Dra. Nidia Moirano).

Al escuchar esto, asombrada, la Dra. Moirano le dice a Jorgelina que la abogada de la Sra. Sosnitsky es ella, y que si la fiscalía tiene alguna estrategia tendrían que hablarlo, consensuarlo, considerando los perjuicios y beneficios para su representada y para la causa. Hubo un intercambio de palabras no cordiales, y la señorita Jorgelina, mirando a la Sra. Sosnitsky, le dice: "Betty, nosotros te vamos a seguir dando toda la información solamente a vos, por más que mucha gente diga que estás mal de la cabeza". Tras lo cual se levantó y se fue.

Al día siguiente, la Dra. Moirano fue a hablar con el fiscal Long, comentándole lo sucedido, y ante su asombro, le dijo que él no había instruido esa visita, y que desconocía su contenido. A partir de ese momento, la relación de la fiscalía con la apoderada de la Sra. Sosnitsky fue variando (declaración de la Dra. Nidia Moirano).

Al tomar conocimiento de estos hechos, Laura y Eduardo Glasman se comunicaron telefónicamente con el fiscal a fin de apoyar a su abogada y de solicitarle a Christian Long que cesaran las conductas irregulares de miembros de la Fiscalía. Como mencionamos, la Dra. Nidia Moirano ya le había planteado reclamos por la actitud de Jorgelina. Sin embargo, el fiscal pretendió desconocer el incidente en esa comunicación. De todas maneras, aun si se le creyera que no conocía esos hechos, es evidente que nada hizo para evitar que continuaran con cada vez mayor frecuencia.

Ante la queja de Laura y Eduardo Glasman de que se estaba obstruyendo el trabajo de sus abogados, primero con críticas y ataques al Dr. Bertoncello y, luego con faltas de respeto a la Dra. Moirano, el fiscal explicó que no tenía objeciones para con la Dra. Moirano, quien lo dejaba trabajar sin interferencias —así entiende el fiscal el trabajo armonioso con las partes—. En cambio, les reconoció que sí había planeado el alejamiento del abogado Bertoncello porque no lo toleraba (declaraciones de Laura y Eduardo Glasman).

En el período entre mayo y octubre de 2007, a través del trato con personal de la fiscalía, la Sra. Beatriz Sosnitsky se sintió convencida de que el fiscal odiaba a miembros de la familia —como los tíos de Laura y Eduardo Glasman—, y, además, de que no necesitaba abogados, ya que Long la representaría en el juicio a Colman. Según Beatriz, la afirmación de que no necesitaban un abogado la hacía el fiscal Long, quien también se había mostrado reticente a que mis representados contrataran un abogado penalista ante la sugerencia de la Dra. Moirano. La Sra. incluso pidió a su hijo Eduardo que hablara del tema con Long para ver si contrataban a uno. La Sra. Sosnitsky también refería que Long era su abogado, y que Long —o Jorgelina— le decía cuándo hablar con la prensa y qué decir (declaración de Eduardo Glasman). No queda duda, entonces, de quién instruía a la Sra. Beatriz Sosnitsky (la Sra. Beatriz, ahora convencida con Long de que la AMBB estaba involucrada; con anterioridad, había afirmado que los responsables de la muerte de su marido eran personas allegadas a Larraburu y Linares, ver Anexo 05, Nota de Miguel Bonasso, sobre la opinión de Beatriz Sosnitsky).

Frente a esta conflictiva situación, la Dra. Moirano renunció a seguir representando a la Sra. Beatriz Sosnitsky y envió una gacetilla de prensa a los medios con el objeto de dejar bien clara la verdad respecto de su renuncia. Inmediatamente la Sra. Beatriz Sosnitsky salió a decir que la Dra. Nidia Moirano no había renunciado sino que ella le había pedido la renuncia, y algún medio difundió que el motivo era su falta de idoneidad y, también, que había dejado de representar a mis actuales clientes (Audio Nº 2, 07:48).

Entretanto, el fiscal Long declaró en una entrevista radial que resultaba paradójico que la abogada Moirano renunciara a la representación de Beatriz Sosnitsky y continuara representando a Laura y a Eduardo Glasman, ya que cobraba de la Asociación Médica (Audio Nº 1, 05:50). Pero no se quedó allí; dijo, sin aportar prueba alguna que sostuviera sus agraviantes afirmaciones, que la Dra. Moirano. “sigue siendo abogada de Carignano” (Audio Nº 3, 01:44-01:48). El fiscal Long, de este modo, cuestionó severamente la integridad profesional de la abogada sin tener elemento de prueba alguno.

Por otro lado, Long debería, según el derecho vigente, haber optado entre dos alternativas: o bien denunciarla, si como sugiere en la nota de prensa, cree que podría estar cometiendo prevaricato; o bien callar si carecía de pruebas, como se ha visto hasta ahora. Lo que de ningún modo podía hacer era difamar y presionar a las personas con versiones que arrojan sospecha sobre ellas, especialmente si carece de pruebas que lo avalen.

Long, por otro lado, no sólo lo anunció por los medios, sino también le dijo directamente a Eduardo Glasman que la Dra. Moirano cobraba honorarios de la AMBB. El Sr. Eduardo Glasman les dijo, entonces, tanto a Beatriz como al fiscal, que renunciarían —él y su hermana— a la representación de la Dra. Moirano si le presentaban pruebas que indicaran inequívocamente que la Dra. Moirano aún representaba a la AMBB (declaración de Eduardo Glasman).

El material nunca les fue indicado y ni siquiera enviado mediante copia simple a mis clientes. En su lugar, se les hizo llegar un documento donde el fiscal afirmaba que, dado que la Dra. Moirano no percibía honorarios de la familia Glasman, y que el trabajo no se presume gratuito, podía asumirse que los honorarios de la abogada provenían de la AMBB. Sin embargo, a sabiendas de que no podía probar estas afirmaciones, y a sabiendas del conflicto y angustia que estos procedimientos causan en la familia Glasman, el fiscal Long insistió con esta imputación a la abogada Moirano, al menos, hasta fines de 2007. Dos problemas: ¿qué relación extraña se establece entre el hecho de que el trabajo no se presume gratuito y, por lo tanto, lo estaba pagando la AMBB? ¿Dijo esto quizá Long del abogado Asad?

Nuevamente, la fiscalía arremetió contra otra de las abogadas de confianza de Laura y Eduardo Glasman, y de Beatriz Sosnitsky. La táctica de la fiscalía tendía a desacreditar a la abogada con mentiras. Por si existiera alguna duda, el Tribunal Criminal Nº 1, en el voto de Montironi, se estableció:

“… E incluso con la Dra. Moirano, se ha comprobado en la audiencia que existe un problema personal entre ellos…” (Tribunal Criminal Nº 1, Incidente de Recusación.- Causa Original Nº 698/07.- Orden Interno Nº 1.963, 19 de marzo de 2008, p. 10)

III. Al enterarse, supuestamente por grabaciones ilegales, de que Alberto Bovino asumiría como apoderado de Laura y Eduardo, Long comenzó una campaña de desprestigio en su contra, que afectó a terceras personas. En primer término, a pesar de que Eduardo Glasman le explicó que nos habían contratado por recomendación expresa de íntimos amigos de Laura de Buenos Aires, el fiscal le “informó” la “versión real” del proceso de contratación, esto es, que la Dra. Graciela Cortázar fue quien recomendó a la Dra. Nidia Moirano que convocaran a este apoderado. Independientemente de que la Dra. Graciela Cortázar merece nuestra más alta estima personal y profesional, el vínculo con ella —del cual, probablemente por casualidad, también se hizo eco el diario digital La Brújula— se pretendía establecer por el hecho de que la Dra. Cortázar está casada con un directivo de la Asociación Médica. Esta “versión real” de Long cierra perfecto con la estrategia que desplegó para difamarnos (ver abajo la cuestión sobre quién pagaba nuestros honorarios).

El 11 de octubre de 2007 Eduardo llegó a Argentina y consolidó nuestra relación, apoderando a algunos miembros de mi equipo de trabajo y a mí, ante escribano público, para representarlos en esta causa y cualquier otra relacionada con el asesinato de su padre, poderes que han sido presentados ante este Juzgado. Sin embargo, nuestra relación había comenzado varios meses atrás. En primer término, según lo puede declarar la Sra. Laura Glasman y se prueba con la copia de varios correos electrónicos (ver Anexo 06), la relación abogado-cliente entre los hermanos Laura y Eduardo Glasman y su nuevo apoderado ya estaba en curso al 27 de junio de 2007.

De hecho en un Informe preliminar preparado por Federico Pinto y por mí, remitido por correo electrónico el 28 de septiembre de 2007, y cuya copia no podemos presentar por obvias razones de secreto profesional, se informa que Federico Pinto y yo viajamos a Bahía Blanca por primera vez el martes 18 de septiembre de 2007, y nos reunimos esa misma noche con la Dra. Graciela Cortázar. Al día siguiente, 19 de septiembre, tuvimos una reunión con el Dr. Pablo Tolu por la mañana, y una larga entrevista con el Dr. Bertoncello por la tarde. El 20 de septiembre regresamos a Buenos Aires. Entre el 20 y antes del 28 de septiembre, nos reunimos —también Federico Pinto y yo— con la Sra. Sara Glasman y el Sr. Jorge Jinkis, en la casa de ellos.

El mismo 28 de septiembre, según figura en ese informe preliminar, me comuniqué telefónicamente con el Dr. Mariano Silvestroni, quien ya había recibido la propuesta de la AMBB y me dijo que estaba pensando si tomaba el caso. El 20 de septiembre, yo ya sabía que lo iban a entrevistar porque se me presentaron unas personas de la Asociación Médica a quienes no conocía, y ni recuerdo quienes eran, solo que uno de ellos era abogado, y me contaron sobre su reunión con Silvestroni.

A los pocos días, Long trató de obtener información de manera directa de quienes consideraba sospechosos —Laura y Eduardo Glasman—, esta vez preguntándole al Sr. Eduardo Glasman quién pagaba mis honorarios. Aconsejé al Sr. Glasman no proporcionar ninguna información, y contestar con una pregunta. El mensaje remitido por el fiscal al Sr. Eduardo Glasman vía correo electrónico decía:

“Teniendo en cuenta el serio conflicto de intereses existentes en la causa, sería vital saber quién se hará o se hizo cargo de los honorarios del Dr. Bovino?”.

Los hechos descriptos hablan por sí mismos, el fiscal Long se deshizo del abogado Bertoncello como apoderado de la Sra. Beatriz Sosnitsky, mintió sobre el hecho de que la Dra. Moirano cobraba honorarios de la AMBB, y ahora hacia algo similar respecto de Alberto Bovino.

De este correo electrónico, tampoco se comprende cuál es el “serio conflicto de intereses” existente en la causa. Queda claro que eso es lo que el fiscal afirmó como hecho cierto a mi cliente para hacerle una pregunta que no puede hacer pues permanece dentro del secreto que protege la relación abogado-cliente, cuestión que ella y su hermano eran quienes abonaron mis honorarios, con posterioridad a que se conociera el fallo del Tribunal Criminal Nº 1 que rechazó la recusación presentada por la AMBB, el fiscal cambió su versión para expresar que “podría haber un conflicto de intereses”, pero no ya porque me pagara la AMBB, sino porque conocía al Dr. Silvestroni (Audio Long postrecusación, 05:33-05:43).

Estos hechos muestran que Long y su asistente Jorgelina sembraron severas dudas sobre la integridad de los abogados Moirano y Bovino, con el ánimo de que mis representados desconfiaran de nosotros. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta que de los hechos tal cual acontecieron, surge que desde la fiscalía se trató de alejar a los abogados de todas las partes para que no “interfirieran”, esto es, no discreparan ni impugnaran lo que hacía el fiscal.

Si leemos los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, nº 16 y ss. (“Garantías para el ejercicio de la profesión”, otro instrumento de soft law de Naciones Unidas), advertiremos cómo el fiscal ha ignorado las exigencias internacionales puestas al Estado:

“Garantías para el ejercicio de la profesión
16. Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.
…
21. Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso se facilitará lo antes posible” (destacado agregado).

A raíz del correo electrónico mediante el cual Long seguía intentando librarse de otro abogado que no le caía bien —este apoderado—, en el cual afirmaba la existencia de un grave conflicto de intereses que no demostró jamás, y en relación a un supuesto conflicto distinto, terminamos de comprobar el carácter sistemático de las prácticas del fiscal Long. Si escuchamos la conversación telefónica que mantuvieron Jorgelina y Eduardo Glasman, y que está grabada en audio en el documento “Audio Jorgelina”, veremos como Jorgelina informa al Sr. Eduardo Glasman (Audio Jorgelina, 04:23).

“El conflicto de intereses se refiere entre la Asociación Médica como particular damnificado, y la víctima como particular damnificado”.

“… los mismos abogados, digamos, no pueden defender a dos partes que tengan intereses contrapuestos… si en algún momento le imputás un delito a una de esas partes y el mismo abogado defiende a esa parte y a otra parte que es víctima comete un delito que se llama prevaricato, que es lo que pasó con los abogados de Colman”.

Toda la versión de Jorgelina es una suma de falsedades por lo siguiente: a) el conflicto de intereses que da como ejemplo requiere que se impute un delito a una de las partes; b) este apoderado jamás defendió o representó a la AMBB, o tomó medidas con el fin exclusivo de beneficiar a la entidad sin pensar en los intereses de Laura y Eduardo Glasman; c) la AMBB no puede, no pudo, ni podrá cometer delitos tales como un homicidio; d) esta situación no es similar a la de los abogados de Colman, pues en ese caso ellos representaban formalmente como defensores de confianza a los dos imputados como partícipes del homicidio del Dr. Felipe Glasman.

De todos modos, es más que cuestionable que exista conflicto en ese caso, pues ello depende necesariamente, de aceptar la teoría de Long respecto del hecho de que es cierto que Vidal es inocente. Y a menos dos de los particulares damnificados no lo creen así.

b) Desinformación

Una de las maneras más eficaces para apartar y neutralizar a los particulares damnificados utilizada como práctica reiterada por Long consistía en el incumplimiento sistemático de su deber legal de proporcionar información a las partes.

Luego de la detención de Colman, Long hizo pública su intención de involucrar a varios miembros de la AMBB como sospechosos. En abril de 2007, esta intención era muy clara. Aun así, el fiscal respondía a los cuestionamientos de los particulares damnificados sobre su peculiar interpretación de hechos que no eran delitos con el argumento de que desconocían todas las pruebas de las cuales él disponía. Sin embargo reiteradamente se negó a dar acceso a tales pruebas. En verdad, casi un año después, no hemos podido obtener copias de los legajos “secretos” que se mencionan en la orden de allanamiento y que, se supone, contienen las famosas pruebas contra la AMBB, y que el Fiscal no esta dispuesto a mostrar o no tiene qué mostrar.

Dada esta situación, la Dra. Nidia Moirano, apoderada de los dos hermanos Glasman y su madre, les aconsejó esperar a que el fiscal abriera los archivos reservados con los que estaba trabajando y los pusiera a disposición de las partes. Ella, presuponiendo una buena fe inexistente en la conducta del fiscal, y dada la falta de sustancia de las acusaciones que mencionaba Long, asumía que sus sospechas debían estar sustentadas en hechos y elementos de prueba más contundentes. La abogada Moirano y los dos hermanos Glasman esperaron cinco meses en silencio los resultados de la investigación del fiscal Christian Long, sólo para darse cuenta de que se habían equivocado.

Entre junio y octubre de 2007, los particulares damnificados y su apoderada observaron cómo paulatinamente la única fuente de información de los pasos del fiscal de la que pudieron disponer fue el diario digital La Brújula (http://www.labrujulanet.com.ar/). Notaron que ese diario siempre se adelantaba a los otros medios en cuanto a noticias sobre la causa, y que anticipaba las estrategias e intenciones del fiscal. En agosto, la Dra. Nidia Moirano renunció a acercarse a la fiscalía en busca de información ya que le resultaban más informativos los rumores de pasillo o los trascendidos de la prensa (declaraciones de Dra. Nidia Moirano, Laura Glasman y Eduardo Glasman).

El fiscal Long no sólo se negaba a dar información sino que también faltaba a la verdad. En efecto, tal como sucedió con sus afirmaciones sobre el hecho de que la Dra. Moirano cobraba honorarios de la AMBB en el año 2007, jamás cumplió con su promesa de poner a disposición de los particulares damnificados los elementos de prueba sobre tal hecho, a pesar de los reiterados pedidos en ese sentido.

En el mes de enero, la arbitrariedad con que se maneja Long para impedir el legítimo acceso a la causa a las propias partes llegó al máximo. En clara violación de las reglas legales vigentes, durante los últimos días de la feria, antes de irse de licencia, Long impidió que consultáramos el expediente sin más razón que su capricho. En efecto, la mañana en que el colega bahiense que colabora con nosotros en la procuración del caso se presentó a la fiscalía a consultar a causa, una de las personas que allí trabaja y que lo atendiera le dijo, más o menos textualmente, que no podía verla por lo siguiente: a) esa causa la lleva el fiscal Long; b) el fiscal Long está de licencia; y c) antes de irse ordenó expresamente que no permitiera ver la causa ni siquiera a las partes.

Si uno escucha con atención el audio de la entrevista que fue subido a la página del diario digital La Brújula luego de que tomara la decisión el Tribunal Criminal Nº 1 rechazando la recusación planteada por la AMBB (Audio Long postrecusación), descubre que casi todas las afirmaciones de Long son falsas, y así lo demostraremos en la audiencia.

c) La intromisión en las relaciones familiares de los Glasman

Long y algunos miembros de su equipo —Jorgelina otra vez— planificaron cuidadosamente una estrategia para captar a la Sra. Beatriz Sosnitsky y enfrentarla a sus hijos. Aquí mencionaremos algunos de los hechos de esta estrategia que serán probados acabadamente con la prueba ofrecida durante la audiencia oral.

El día en que la Dra. Moirano presenció el episodio en el cual Jorgelina le dijera a la Sra. Beatriz que desde la fiscalía le transmitirían qué debía decir y a quien —episodio ya mencionado en el punto anterior—, ocurrió un hecho que pone en evidencia la cruel manipulación que Long puso en práctica sobre la Sra. Sosnitsky.
Luego de que se retirara Jorgelina, la Dra. Moirano vio que Betty estaba conmocionada, y Beatriz le dijo:

“… no sabés la cinta que [Jorgelina] me trajo para escuchar, no lo puedo creer, es una conversación grabada al señor Partnoy con Vidili, no te puedo contar nada”.

A pesar de lo dicho, la Sra. Sosnitsky dijo a la Dra. Moirano que en la cinta escuchada el señor Partnoy había dicho que “no importaba quién había matado a Felipe”. Este hecho angustió profundamente a la viuda de Glasman, cuestión que resultaba irrelevante para el fiscal, a pesar de sus deberes legales. Los Sres. Laura y Eduardo Glasman se quejaron expresamente por este episodio en la comunicación telefónica que tuvieron con el fiscal.

En esa comunicación telefónica, Laura y Eduardo Glasman volvieron a cuestionar la forma en que la fiscalía manejaba la relación con su madre, quejándonse duramente del hecho de que le hayan hecho escuchar grabaciones de conversaciones telefónicas que la angustiaron y la pusieron hostil con personas que conocía desde hacía largo tiempo, y que era muy improbable que fueran sospechosos. El fiscal negó terminantemente que dichas grabaciones hubieran salido de la fiscalía —¿de dónde, si no?—. Sin embargo, su carácter lo traicionó cuando indicó que “jamás” habría hecho escuchar a Betty grabaciones en las que personas que habían compartido con ella el día del amigo afirmaban que “no importaba quien hubiera matado a Felipe”, dado que ello era extremadamente irrespetuoso para con el muerto (declaración de Laura y Eduardo Glasman).

Sin embargo, ésa no fue la única vez que mis representados se quejaron ante el fiscal Long. A pesar de los reiterados pedidos de los hermanos en este sentido, tanto los investigadores de la UICO como personal de la fiscalía visitaban a su madre con asiduidad, siempre sin la presencia de terceros, hasta el punto que se le tomó declaración sin conocimiento de su abogada, y, lo que es peor, en cuanto a dichos de la Dra. Moirano que no existieron. Además, en algún punto entre mayo y octubre, la Sra. Beatriz Sosnitsky comunicó a sus hijos que se le sugirió que evite discutir información sobre la causa con su abogada ya que, según le habían informado, la Dra. Moirano “estaba con la AMBB” (declaraciones de la Dra. Nidia Moirano, y de Laura y Eduardo Glasman).

Así, por ejemplo, Long le tomó declaración testifical a la Sra. Beatriz Sosnitsky (20 de marzo de 2007, fs. 17, Legajo Fiscal Nº 1, Cuerpo 1). La declaración de Beatriz Sosnitsky es la que se menciona en el escrito supuestamente fundado de solicitud de allanamiento presentado y difundido a los cuatro vientos por el republicano fiscal Long. En su declaración, la Sra. Sosnitsky dijo, entre otras cosas, que la Dra. Moirano le había informado que Palacios había recibido dinero en efectivo, posiblemente para un hecho que lo involucraba con el encubrimiento del asesinato del Dr. Felipe Glasman.

La Dra. Moirano se enteró de la existencia de esta declaración cuando leyó los considerandos de la solicitud de orden de allanamiento. Le preguntó a Beatriz Sosnitsky cómo declaró algo que ella jamás le había dicho, y la respuesta que recibió fue "que ella no se acordaba de nada” (declaración de Nidia Moirano).

El 10 de octubre de 2007 Beatriz Sosnitsky afirmó a la prensa afín a Long, que la clave del crimen está en la AMBB y da nombres de supuestos asesinos. Eduardo Glasman —que estaba viajando a Argentina— se comunica con su madre, con la Dra. Moirano, y con la secretaria del fiscal, la siempre presente Jorgelina, para solicitarles a todos que la Sra. Beatriz se abstuviera de dar nombres a la prensa. Beatriz Sosnitsky habló ante la prensa a pesar de los consejos de su abogada y de sus hijos, reconociendo que seguía indicaciones de la fiscalía (declaraciones de la Dra. Nidia Moirano y de Eduardo Glasman).

Todo esto demuestra que, además de que Long falta a la verdad cuando declara en una entrevista —realizada por una de esas tres personas de “La Brújula”—, que él ha estado con “Betty Glasman en aproximadamente siete u ocho oportunidades como estoy con todas las víctimas…”, y que él le tiene “muchísimo afecto” (Audio Nº 3, 00:35), ha manipulado y separado de su familia a la Sra. Beatriz Sosnitsky con el único objeto de obtener un apoyo simbólico de quien el fiscal ha constituido en única víctima.

Por último, otra muestra más de la estrategia de la fiscalía para influir sobre la Sra. Sosnitsky en relación a su representación legal y a su relación con sus hijos, fue la llamada telefónica que hizo Jorgelina inmediatamente después de que este apoderado se retiró de la fiscalía a mediados de octubre de 2007. Mi ex secretaria, la Srta. Soledad González Odriozola, había concertado con Jorgelina una reunión con el fiscal Long. Durante la comunicación telefónica que tuvo Soledad con la asistente del fiscal, ésta maltrató y fue muy mal educada con Soledad. De todos modos, yo tuve que hablar personalmente con Long por teléfono el día previsto para la reunión y, luego de prácticamente rogarle al fiscal que me recibiera, acordamos en que me vería si yo iba en ese momento a la fiscalía. Cuando llegué, el fiscal no me atendió, pues estaba reunido con una jueza, y luego de esperar media hora sin que nadie me informara si Long me atendería o no, me retiré de la fiscalía, luego de una pequeña discusión con Jorgelina, en la que me trató de manera absolutamente inapropiada, sin razón alguna que lo justificara. En su versión, contada al Sr. Eduardo Glasman: “vino, se peleó conmigo y se fue. No quiso esperar” (Audio Jorgelina, 06:50).

d) De víctimas a victimarios

Una percepción normal en Long es aquella que ve confabulaciones en su contra por todos lados. En realidad, no sabemos si se trata de paranoia en sentido estricto, o de una inexistente tolerancia a cualquier crítica u opinión que no coincida con él en términos absolutos.

En los últimos tiempos, especialmente desde el año pasado, época en la cual tanto mis representados como Sara Glasman —hermana de Felipe— y Jorge Jinkis —su pareja—, dejaron de confiar en las promesas jamás cumplidas del fiscal Long, a averiguar ciertos hechos por su propia cuenta, y a cuestionar públicamente su actuación funcional. Como consecuencia directa de esta “insubordinación”, éste y algunos miembros de la fiscalía agudizaron el maltrato hacia esos familiares del Dr. Felipe Glasman.

Por último, los dos hechos más graves que demuestran la falta de límites del fiscal Long para agraviar a quienes no están de acuerdo con él en términos absolutos, consistieron en: a) las imputaciones dirigidas contra los dos hijos del Dr. Felipe Glasman, que se expresan a través de la decisión de investigarlos como posibles partícipes del encubrimiento del asesinato de su padre; y b) las imputaciones dirigidas contra la Dra. Moirano y este apoderado a quienes bajo juramento el fiscal Long señaló, sin el menor elemento de prueba, como ejecutores de las “represalias” que han sido tomadas en su contra por el hecho de que solicitó el allanamiento de la sede de la Asociación Médica.

En este sentido, el 25 de octubre de 2007 el fiscal Long ordenó que se libraran sendos oficios dirigidos a los bancos Goldman Sachs y Cía., y al Banco Francés, “a efectos de solicitar informe sobre la existencia de una caja de ahorros, cuenta corriente y/o caja de seguridad cuyos titulares sean o hayan sido” Laura Glasman y/o Eduardo Glasman y/o Fernando Carignano.

La explicación dada por su asistente, Jorgelina es, que el perito había pedido información al propio fiscal para continuar con la investigación.

En un extraordinario trabajo de investigación se hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo de los cinco años de investigación del crimen mafioso más resonante de la historia de Bahía Blanca: se halló la agenda de la asistente del actual secretario general de la Asociación Médica, Fernando Carignano (¿o era la asistente del secretario general anterior, Felipe Glasman, o de los dos?) ¿Y qué había allí?

Según cuenta el fiscal Long, “en los allanamientos llevados a cabo en la AMBB, fue secuestrada —entre otras cosas— la agenda de la secretaria de Fernando Carignano… y dentro de sus anotaciones se halló la siguiente inscripción: ‘Eduardo Glasman (New Jersey) oficina: Goldman Sachs y Cia. 1 New York Plaza, 44 CH FLOOR. Tel: (212) 357-2483. Fax: (212) 357-9609, caja de ahorro en dólares Banco Francés Nº N 16/037788/1 conjunta: Eduardo Hernán y Laura Glasman’. También leíamos que “en la agenda de esa mujer, conocida como ‘Pinky’, se detectó una serie de números con inscripciones que hacen sospechar que se tratan de cuentas abiertas, hace algunos años, en la ciudad de Nueva York. Una de las cuentas se encontraría en el famoso banco de inversión estadounidense ‘Goldman Sachs’ y la otra en una sucursal del Banco Francés”.
Ante tal hallazgo, algunos titularon “Caso Glasman: el fiscal rastrea la existencia de dos cuentas en Nueva York” y minutos preciosos de aire en la radio y la TV se dedicaron al tema. A pesar de sus esfuerzos por resolver el misterio, el (a veces) inquisidor fiscal no notó que los datos de la cuenta del banco de inversión estadounidense que, según dicen, “no queremos que se investigue”, eran sospechosamente parecidos a un número de teléfono…. ¿Porqué la fiscalía no tuvo el sentido común de llamar a ese teléfono? Quizás pensó que ello arruinaría la posibilidad de anunciar que estaba investigando ¡Cuentas en Nueva York! O probablemente temió encontrar que este podría ser el número de teléfono de ‘algún poderoso’ representante de intereses corporativos de nombre Eduardo Glasman, que trabaja en el famoso banco de inversión desde el año 1994. Nota para los que intenten llamar al número de teléfono: ese fue el teléfono de la oficina de Eduardo en Nueva York hasta el año 2001, antes de la muerte de Felipe.

Si el número de "cuenta" en el famoso banco de inversión estadounidense es, en realidad, una dirección y número de teléfono. ¿De qué se trata, entonces, la otra "cuenta neoyorquina"? Nada menos que de una caja de ahorro en la sucursal Catalinas del banco Francés (un poco lejos de Manhattan) que fue cerrada en el año 2002 antes de la muerte de Felipe (Una pregunta retórica para colaborar con los investigadores del crimen mafioso de nuestro padre, ¿desde cuándo la mafia guarda su dinero en cajas de ahorro en bancos nacionales, con 1% de interés anual y sujetos a corralitos y corralones?)

Para justificar su pesquisa, el fiscal declaró “Ante la existencia de una cuenta bancaria a nombre de los hijos de la víctima, cuyos datos aparecen en la agenda personal de la secretaria del Secretario General de AMBB” (y de quién más…? Ah! de Felipe) “y, además, cuya existencia es desconocida por quienes figuran como sus titulares, se libraron los oficios correspondientes a fin de requerir datos fehacientes…” “… como puede observarse, se trata de investigar circunstancias objetivamente dudosas y que tiene relación con el homicidio, otra vez la interpretación de los hechos se ha tergiversado en forma maliciosa."

Es llamativa la afirmación “cuya existencia es desconocida por quienes figuran como sus titulares”, dado que jamás expresamos conocer o desconocer estas “cuentas” (ver abajo el intercambio de correos electrónicos con el fiscal). Aunque lo más llamativo de dicha afirmación ¡es que los oficios se libraron ANTES de que se nos hiciera cualquier pregunta respecto a tales cuentas!

El sorprendente hallazgo ha sido aprovechado por el fiscal para hacer gala, una vez más, de su independencia de criterio y su voluntad de investigar a quien sea, si estos “han tenido participación en los hechos”. Nos contaba el fiscal “ante todo debo dejar en claro que la actuación de esta Fiscalía se ha enderezado en función de la comprobación de hechos delictivos, independientemente de las personas involucradas en ellos [destacado agregado], la apelación esgrimida por el recusante sugiere intentar actos complacientes por parte de este Ministerio Público que, tal como ha quedado evidenciado, no se repliega ante la posibilidad de cuestionar el accionar de persona alguna si es que la misma ha tenido participación en los hechos”.
Perdón, ¿cuáles son los fundamentos de la pesquisa? Sobre todo considerando que el oficio con fecha del 25 de octubre del 2007 no estaba dirigido a determinar si estas cuentas existían, sino a establecer si confabulábamos con quién, según algún creativo criterio, podría estar involucrado en el encubrimiento del asesinato de nuestro padre (ver abajo) ¿No debe una investigación estar guiada por hipótesis viables? ¿O son manotazos de ahogado para encontrar la cuenta gringa que se desespera encontrar? ¿Cuántos años se retrasará la investigación del asesinato de Felipe Glasman con este tipo de medidas? Sí, estimados lectores, así gastan los funcionarios de justicia el dinero de la gente. Y así manipula la prensa interesada la información en el caso Glasman, con la colaboración y el consentimiento de la fiscalía a cargo.

Sr. Fiscal, usted no sólo nos ha ofendido a nosotros, ha ofendido a nuestro padre y a su trabajo de toda la vida, ha abusado de nuestros derechos y de los derechos de nuestra madre, a quien le negó la posibilidad de confiar en sus abogados y rodeó de “amigos” que publican declaraciones que van en contra de sus propios intereses, además de separarla de su familia.

Usted nos ha demostrado que no sabe o no quiere trabajar con las partes, no sabe o no quiere investigar seriamente al autor intelectual del asesinato de nuestro padre, no sabe o no quiere saber derecho, y no sabe o no quiere tratar con los afectados por un crimen.

Nos preguntamos. Afirmar bajo juramento que el abogado Alberto Bovino ha presentado una denuncia penal en su contra, ha presentado una denuncia en el Colegio de Abogados de San Isidro, y una “denuncia” (nota) al Centro de Estudios Legales y Sociales, y que tales hechos son consecuencia del denunciado solicitó y logró allanar las dependencias de la Asociación Médica, hecho que, además de ser falso, no es sustentado por elemento de prueba alguno, ¿no se parece demasiado a la figura del falso testimonio?

¿Cómo interpretar los siguientes dichos de quien se llama a sí mismo “representante de la sociedad”, quien de manera perversa y sin elementos de pruebas —pues no existen—, le suma al sufrimiento de los hijos del Dr. Felipe Glasman, además de la falta de resultados por su propia ineficiencia, imputarles que podrían ser cómplices de quien el perseguidor público afirma —aunque no ha podido demostrarlo— que es responsable del encubrimiento del asesinato de su porpio padre? Es por ello que frente a la prensa se atreve a decir —sin tener que sufrir consecuencia alguna por sus dichos— que está investigando a los Sres. Laura y Eduardo Glasman por haber tenido algún grado de participación en el encubrimiento agravado que atribuye a terceras personas. Así, Long dice en inequívoca referencia a los hermanos y a este apoderado:

“La causa está plagada de cuestiones que llaman la atención. El discurso o de manera eufemística es ‘nosotros queremos llegar a una sentencia justa respecto de Vicente Colman’…” (Audio Long postrecusación, 06:40-06:58).

En síntesis, el fiscal republicano, que ha demostrado con cada uno de sus actos una intolerancia absoluta hacia cualquier tipo de disenso con sus continuas decisiones carentes de justificación, ha pasado a una segunda etapa en su relación con los hermanos Laura y Eduardo Glasman. Ya no se trata de que no los atiende, o de que les miente, o de que interfiere en sus relaciones familiares, o de que no les proporciona información, en violación a todos sus derechos. Ahora, directamente, ha pasado a someter a los hijos del Dr. Felipe Glasman a investigación en relación con el asesinato de su propio padre, y lo ventila públicamente en cada oportunidad. ¿Es eso una actuación independiente, imparcial y respetuosa del principio de legalidad en el marco de un Estado de derecho? No, no lo es.

IV. La prueba y la audiencia

IV. 1. La prueba

A los efectos de demostrar acabadamente las imputaciones que formulamos al fiscal Christian Long, circunstancias que ponen en evidencia la absoluta imposibilidad de que no sea apartado de esta investigación, ofrecemos los siguientes medios de prueba a fin de que sean incorporados o producidos en la audiencia dispuesta en el artículo 54, párrafo II, del CPP Buenos Aires.

a) Documental que se adjunta
• Anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
• 37 audios contenidos en soporte digital —DVD—.

b) Documental de acceso público que se halla en la red internet
• Copia simple de la denuncia penal presentada contra el fiscal Christian Long por Alberto Bovino[10].
• Copia simple de la carta enviada por Alberto Bovino a la Sra. Beatriz Sosnitsky[11].
• Comunicado de prensa de los particulares damnificados Laura y Eduardo Glasman[12].
• ¡Cuentas, cuentas y más cuentas!, nota publicada en el blog “La Causa Glasman”[13].
• Presentación de la Dra. Nidia Moirano ante la Procuración de la Provincia[14].
• Nota en el blog “La Causa Glasman”, La declaración de Long bajo juramento[15].

c) Otra documental
• Solicitud ante este Juzgado de garantías de copia del auto fundado permitiendo la intercepción telefónica de una conversación entre las Dras. Graciela Cortázar y Nidia Moirano.
• El incidente de recusación presentado por la AMBB ante el Tribunal Criminal Nº 1.
• La totalidad de las actuaciones de la IPP 49.814.
• Nota en el Diario “La Nueva Provincia”, del 14/11/2007, titulada “El Doctor Alberto Bovino criticó la actuación de Christian Long”.

d) Declaraciones testificales
Solicitamos se cite a prestar declaración testifical a las siguientes personas:
• Sr. Christian F. Long, Agente Fiscal de la UFI Nº 5, sobre las relaciones con los particulares damnificados Laura Glasman, Sara Glasman, Eduardo Glasman y Beatriz Sosnitsky. Puede ser notificado en la sede de su fiscalía.
• Sra. Laura Glasman, sobre las relaciones entre el Agente Fiscal Christian Long y sus familiares. Puede ser notificada en mi domicilio procesal. Dado que la Sra. Laura Glasman vendrá a nuestro país especialmente para concurrir a la audiencia, solicitamos que se fije fecha de audiencia los días 9 o 10 de abril. El tiempo que resta hasta esa fecha es más que suficiente, razón por la cual no debería haber problema. En este aspecto, es de crucial importancia que se oiga a la víctima, pues sólo ella, en su calidad de tal, puede proporcionar información de primera mano.
• Dra. Nidia Moirano, sobre las relaciones entre el Agente Fiscal Long, el Dr. Bertoncello, la Sra. Beatriz Sosnitsky y los hermanos Laura y Eduardo Glasman, con domicilio en Estomba 637 de esta ciudad.
• Dra. Sara Glasman, sobre las relaciones entre el Agente Fiscal Christian Long y sus familiares. Puede ser notificada en mi domicilio procesal.
• Sra. Beatriz Sosnitsky, sobre sus relaciones con el Agente Fiscal Long, su asistente de nombre Jorgelina, su ex apoderado el Dr. Bertoncello y otras partes en este procedimiento.
• Sra. Norma (Pinky) Bodelón, sobre los registros realizados en su agenda relacionados con el Sr. Eduardo Glasman, puede ser ubicada en la sede de la Asociación Médica
• Sr. Eduardo Glasman, que puede ser notificado en mi domicilio procesal.
• Jorgelina Filinich, en la sede de la fiscalía, por sus relaciones con los particulares damnificados y sus apoderados.
• Silvana B. Compagnucci, Av. de los Constituyentes 751, sobre quiénes visitaban a la Sra. Beatriz Sosnitsky en su domiclio.
• Dra. Graciela Cortázar, en la sede laboral, sobre la relación con este apoderado.
• Dr. Marcelo Diéguez, en la sede de la Asociación Médica, sobre mi relación con la Asociación Médica.

e) Informativa
• Se corra vista al Agente Fiscal Christian Long, a fin de que remita a este Juzgado copia certificada del pedido del perito oficial referido a los datos aparecidos en la agenda de la Sra. Bodelón sobre supuestas cuentas bancarias a nombre de Eduardo Glasman y Laura Glasman. Dicho pedido fue mencionado por la Sra. Jorgelina en su conversación telefónica con el Sr. Eduardo Glasman.
• Se libren oficios a los medios de prensa de los cuales se han adjuntado copias simples impresas o remitidos a sus direcciones electrónicas, sólo si el ministerio público no reconoce valor probatorio a lo ya ofrecido o presentado.
• Se libren oficios:

1) a la empresa “Telefónica Argentina” a fin de que informe la totalidad de las llamadas entrantes —con sus respectivos números telefónicos— al número telefónico de la Sra. Beatriz Sosnitsky, (0291) 456-2552, durante el período de los meses de marzo de 2007 al presente, certificadas por la autoridad competente de la empresa prestataria de dicho servicio público. A tal fin, se libre oficio de estilo.

2) a la empresa “Telecom Argentina” a fin de que informe la totalidad de las llamadas entrantes, como también todos los mensajes de texto entrantes indicando teléfono y lugar de los que provienen, con el contenido del mensaje al número telefónico de la Sra. Beatriz Sosnitsky, (0291) 15-571- 4670, durante el período de los meses marzo de 2007 a la actualidad, ambos inclusive, certificadas por la aurtoridad competente de la empresa prestataria de dicho servicio público. A tal fin, se libre oficio de estilo.

3) a la empresa Editores del Puerto s.r.l., para que informe quiénes han sido sus socios a lo largo de la vida de esa casa editorial, y si ha existido alguna relación formal con el Dr. Mariano Silvestroni más allá de contratos de edición. El oficio se puede dirigir a nuestro domicilio procesal.

f) La intervención del fiscal Long
Solicitamos a la Sra. Jueza que requiera a la autoridad competente del Ministerio Público que designe a otro Agente Fiscal para intervenir en la audiencia de este incidente de recusación. Ello por dos razones. En primer lugar, pues en una audiencia similar, hace unos días, el fiscal Long aprovechó su situación funcional para hacer una verdadera “declaración testifical” durante su alegato de cierre, sin coasto alguno para él al no estar bajo juramento.
En la resolución que dictara el Tribunal Criminal Nº 1 sobre otra recusación presentada contra este mismo fiscal, se señaló que la Dra. Moirano, bajo juramento, declaró sobre un “escrito que redactó el Dr. Long para revocar el mandato del Dr. Bertoncello”[16], en referencia al episodio que ya hemos descripto. Luego se agrega que Long, en su descargo final, como parte de su alegato y sin estar bajo juramento, afirmó “… Que jamás hizo escrito alguno a la Sra. Betty de Glasman, es completamente falsa esta acusación”[17].

Además, es un hecho cierto que en el voto de Montironi se dio por comprobado la existencia de una claro antagonismo entre la Dra. Moirano, que está ofrecida como testigo en este incidente, y el fiscal Long: en el caso de “la Dra. Moirano, se ha comprobado en la propia audiencia que existe un problema personal entre ellos, que no enerva para nada la actuación que le cupo a éste en la investigación del hecho”[18].

Por este motivo, no se puede permitir que sea Christian Long quien represente al Ministerio Público en esta audiencia, y así lo solicitamos.

IV. 2. La audiencia

a) Audiencia oral

Solicitamos, finalmente, que se realice una audiencia oral con la presencia de todas las partes. La audiencia oral a la que se refiere el artículo 54, párrafo II, del CPP Buenos Aires, establece como exigencia, para resolver sobre la recusación de un miembro del Ministerio Público Fiscal, la realización de un “juicio oral y sumario”.
La oralidad es un principio fundacional del procedimiento, un principio que informa y estructura cualquier proceso, alterando de manera sustantiva la forma, y disponiendo cuál será el papel que ésta cumplirá en el marco de la tramitación de los casos judiciales.

No tener en cuenta al principio de oralidad como exigencia produce como consecuencia una pérdida del sentido de la función sustantiva que la oralidad aporta a todo marco regulatorio de un procedimiento concreto.

El procedimiento oral no es una manera más de regular las reglas procesales. Es un modo de producir decisiones que se caracteriza por imponer ciertos principios sustanciales en el método de toma de decisiones jurisdiccionales. Principios tales como la inmediación, la celeridad, la concentración, la continuidad y, especialmente, la publicidad, adquieren un vigor inusitado mediante la oralidad, determinando el contenido de las decisiones que se toman en un contexto oralizado, elevando la calidad de sus decisiones[19].

Por otra parte, se analiza la oralidad del procedimiento como si fuera un principio político disponible, cuando en realidad es una exigencia derivada del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su art. 14.1:

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil… (destacado agregado).

En este sentido, se ha señalado que es de “especial importancia en la materia la doctrina del Comité [de Derechos Humanos de Naciones Unidas] que considera el procedimiento penal escrito incompatible con el derecho del acusado a un proceso público” y que “la opinión del Comité, reiterada subsecuentemente… se aplica a todo proceso penal escrito”[20].

En síntesis, el principio de oralidad de los juicios penales tiene jerarquía de norma imperativa para el legislador y no puede ser materia de transacción. Así, el procedimiento penal, al menos en lo que se refiere a su etapa de juicio y sentencia, debe ser oral y público, pues se considera que el procedimiento escrito no cumple con las exigencias impuestas por el Pacto Internacional[21]. A lo que habría que agregarle, en el caso de CPP Prov. de Buenos Aires, la audiencia de recusación.
A pesar de lo dicho hasta aquí, debemos tener en cuenta que, según se afirma, tal como sostiene Binder, la oralidad es sólo un instrumento:

“… la oralidad es un instrumento, un mecanismo previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio penal. En especial, ella sirve para preservar el principio de inmediación, la publicidad del juicio y la personalización de la función judicial”[22].

La relevancia de la oralidad, en este sentido, es que ella se confunde con los principios que la caracterizan. De allí su especial importancia. Lo que no se puede dejar de lado, sin embargo, es que la oralidad da contenido a estos principios, y, por ello, no es un instrumento neutro:

“Esta importancia de la oralidad proviene del hecho de que ella es el único modo eficaz que nuestra cultura ha encontrado hasta el momento para darle verdadera positividad o vigencia a los principios políticos mencionados. ¿De qué nos valdría proclamar la publicidad, la inmediación o la personalización de la judicatura, si luego no tenemos medios eficaces para ponerlas en práctica? Al ser condición necesaria de la eficacia de estos principios, la oralidad se convierte en un instrumento de primer orden y con esa importancia debe ser estudiado”[23].

La oralidad, en consecuencia, es un modo de comunicación, esto es, un método de ingreso de información y de discusión en el marco de un procedimiento, y, también, es mucho más que ello. En efecto, sus particularidades permiten que la oralidad opere como cristalización de una serie de principios políticos estructurales del procedimiento penal. De allí la especial relevancia de la oralidad, a pesar de su carácter instrumental.

b) Juicio público

Las reglas de la recusación nada más dicen respecto de cómo se debe llevar a cabo la audiencia oral obligatoria que debe preceder a la decisión sobre el fondo. Por este motivo, la única referencia al “juicio oral y sumario” del art. 54, párrafo II, del CPP, nos conduce, ineludiblemente, a la aplicación supletoria de las reglas del juicio común. Ello indica que se trata de un juicio público, en el sentido más amplio del término.

Debemos considerar al principio de publicidad, antes que nada, como un principio fundamental y estructurante del procedimiento penal, de carácter esencialmente político, que involucra diversos intereses. Como expresa sintéticamente Binder:

“… la publicidad constitucional de los juicios penales es una decisión política de gran magnitud. Ella marca una política judicial definida, propia de un Estado democrático, republicano y limitado en el ejercicio de sus funciones”[24].

La complejidad del principio surge de su carácter de garantía irrestricta del imputado y —al mismo tiempo— de su consideración como derecho político de los ciudadanos de controlar los actos de gobierno en una república. En este sentido, para el caso de la publicidad del juicio, ha sido señalado en una opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la finalidad que persigue la exigencia de publicidad consiste en “asegurar el control del poder judicial por el público para salvaguardar el derecho a un juicio justo”[25].

La función política de control del poder judicial que cumplen los particulares, a
través de su presencia en un acto judicial público, consiste, precisamente, en la verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y presupuestos jurídicos del procedimiento por parte de quienes desempeñan la tarea de administrar justicia[26].

Según el principio de publicidad, entonces, resulta indudable que la asistencia del público a los juicios penales es una exigencia inevitable en un régimen político republicano y democrático, cuya finalidad es el control de los actos de quienes administran la justicia penal.

Este control de los actos judiciales contiene, entre sus preocupaciones centrales, la protección de los derechos y garantías de la persona perseguida penalmente. Más allá del respeto de los derechos del imputado, el control ciudadano se orienta, además, a la verificación de la correcta actuación de los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento penal.

En este sentido, el público no sólo tiene derecho a verificar el respeto de los derechos del acusado, también tiene derecho a comprobar que los funcionarios estatales cumplan correctamente con sus deberes legales. En consecuencia, el ciudadano siempre tiene derecho a controlar, por ejemplo, que el representante del ministerio público desempeñe correctamente su actividad persecutoria sin favorecer ilegítimamente a ninguna de las partes.

Si, como se ha cansado de repetir el mismo fiscal Long —que por primera vez parece molesto por la publicidad— para justificar la entrega a los medios de prensa de su solicitud de allanamiento[27], dicha solicitud debía difundirse por ser un acto de gobierno en el contexto de una organización republicana, existen mayores razones para que esta audiencia sea pública. En efecto, la decisión que se tome en esta audiencia será un acto de gobierno, pero no un acto cualquiera, sino un acto que tiene por objeto controlar los excesos funcionales que ha cometido un órgano estatal, control que ha sido solicitado por las víctimas, no por un agente estatal.

Por lo demás, el caso judicial por el asesinato del Dr. Felipe Glasman excede el interés que puede expresar un delito común, pues ha adquirido una dimensión institucional. Más allá de ello, la multiplicidad de denuncias, imputaciones, acusaciones, impugnaciones, y otras expresiones críticas ha alcanzado a todas las partes pero también a muchas personas que nada tienen que ver con el caso.

Funcionarios políticos, dos instituciones profesionales como la AMBB y el Colegio de Abogados, el propio Long y sus colaboradores, las víctimas, los abogados de las partes, periodistas, la defensora general, etcétera.

Tantas imputaciones de graves hechos no solo merece, sino que además, exige una audiencia pública pues la comunidad bahiense y bonaerense debe saber. Ya no se trata de que “el pueblo quiere saber”, se trata de que “el pueblo debe saber”. Es por ello que se ha señalado:

“Los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura disponen, como se indicó, que ‘Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho (…)’. En el caso Karttunen, el Comité de Derechos Humanos define la imparcialidad como sigue:

La imparcialidad del tribunal y la publicidad de las actuaciones son importantes aspectos del derecho a un juicio justo en el sentido del párrafo 1 del artículo 14. La ‘imparcialidad’ del tribunal supone que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes” (O’Donnell, Derecho internacional de los derechos humanos, p. 378).

“La Convención Americana reconoce el derecho a un proceso público ‘salvo, en lo que
sea necesario para preservar los intereses de la justicia’ –excepción bastante amplia y nebulosa–, mientras que el PIDCP reconoce la legitimidad de las restricciones destinadas a proteger los bienes jurídicos enumerados taxativamente en el primer párrafo del artículo 14, entre ellos la moral, el orden público y la seguridad nacional (O’Donnell, p. 383).

En el estado actual de esta investigación se está solicitando que se determine si se trata de la actuación de un funcionario encargado de la persecución penal que utiliza su función de manera arbitraria, cometiendo todo tipo de excesos que afectan gravemente derechos tanto de las víctimas como de terceras personas o, por el contrario, si existe una conspiración ilegítima para apartar al fiscal, tarea que según se afirma, es llevada a cabo por personas y profesionales cuyo único interés sería el de obstruir la investigación de un grave delito.

Por último, no se comprende qué necesidad existe de mantener a un funcionario tan conflictivo y cuestionado por prácticamente todas las partes en este procedimiento. Nadie cuestiona aquí el necesario protagonismo que según el régimen jurídico vigente debe tener el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no lleva el nombre y apellido del fiscal Christian Long. Por el contrario, los acusadores públicos son muchísimos y además, son fungibles. Las víctimas, en cambio, sí tienen nombre y apellido. En este caso concreto, dos de ellas son los Sres. Laura y Eduardo Glasman.

A diferencia de lo que demuestra creer el fiscal recusado con sus actos, estas víctimas tienen derecho y deben ser respetados tanto por él como por el resto de los operadores de la administración de justicia.

Él ha logrado, de hecho, apartar a los Sres. Laura y Eduardo Glasman del procedimiento que tiene por objeto el asesinato de su padre, el Dr. Felipe Glasman. Eso no puede suceder. Y, precisamente por eso, el que debe ser apartado es el fiscal Christian Long.

Recordemos, por último, que la conducta de los fiscales, si no es controlada adecuadamente por el tribunal, puede representar una violación de los derechos humanos de las víctimas y, en consecuencia, generar responsabilidad internacional al Estado argentino. O’Donnell señala:

“v) La independencia e imparcialidad del Ministerio Público

Si bien la doctrina internacional no prescribe la independencia orgánica o estructural de la fiscalía, sí establece que ésta debe actuar con imparcialidad y sin injerencias. Las Directrices sobre la función de los fiscales aprobadas por las Naciones Unidas en 1990 establecen lo siguiente al respecto:

12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

4. Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole.

La jurisprudencia interamericana considera estos principios como parte integral del derecho a ser oído con independencia e imparcialidad, así como resguardo de la presunción de inocencia.

106. La Corte Interamericana ha confirmado la aplicabilidad de los requisitos plasmados en el artículo 8.1 de la Convención a las etapas preliminares del procedimiento penal en el caso Loayza Tamayo” (véase la sección 5.8) (O’Donnell, ps. 385 y siguiente).

V. Petitorio

Por las razones de hecho y de derecho desarrolladas en esta presentación, solicitamos y así se impone a la Sra. Jueza:

Tenga por presentada la recusación contra el fiscal Christian Long en tiempo y forma;

Se tenga por presentada y ofrecida la prueba correspondiente;
Disponga la participación en la audiencia de un Agente Fiscal que no sea el fiscal Long;

Se fije fecha para la audiencia oral y pública en los términos solicitados;

Realizada la audiencia oral y pública, se aparte al Agente Fiscal Christian Long del trámite de la investigación penal preparatoria;

Se tenga por planteada la reserva federal correspondiente.

Proveer de conformidad,

que es derecho.

Alberto Bovino
tº XXX, fº 436, Colegio de Abogados de San Isidro

[1] http://www.labrujulanet.com.ar/audios/2203long.mp3.
[2] http://causaglasman.blogspot.com/2007/12/entrevista-de-sara-glasman-frente-cano.html.
[3] http://causaglasman.blogspot.com/2007/12/sra-laura-glasman-panorama-lu2-24-12.html.
[4] http://causaglasman.blogspot.com/2007/12/declaraciones-del-sr-eduardo-glasman-en_5016.html.
[5] http://causaglasman.blogspot.com/2007/12/declaraciones-del-sr-eduardo-glasman-en_5016.html.
[6] Ese derecho está establecido en el art. 8.2.h de la Convención Americana, como “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, y en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, que dispone que: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
[7] “Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (Convención Americana, destacado agregado).

12 [Nota en el texto original citado] Casos “Velásquez Rodríguez”, “Fairén Garbi y Solís Corrales” y “Godínez Cruz”, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, numerales 90, 90 y 92, respectivamente.
[8] “ARTICULO 273.- (según ley 13.183) Proposición de diligencias: Las partes podrán proponer diligencias. El Ministerio Público Fiscal las practicará cuando las considere pertinentes y útiles. Su resolución, en caso de denegatoria, será fundada e inimpugnable, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 334”.
[9] http://causaglasman.blogspot.com/2007/12/entrevista-de-sara-glasman-frente-cano.html
[10] http://documentoscausaglasman.blogspot.com/2008/01/denuncia-penal-contra-el-fiscal-long.html
[11] http://documentoscausaglasman.blogspot.com/2008/01/las-sospechas-contra-la-sra-betty.html.
[12] http://causaglasman.blogspot.com/2008/03/comunicado-de-prensa-de-los.html.
[13] http://causaglasman.blogspot.com/2008/01/en-un-extraordinario-trabajo-de.html.
[14] http://documentoscausaglasman.blogspot.com/2008/01/presentacin-de-la-dra-nidia-moirano.html.

[15]
[16] Tribunal Criminal Nº 1, Incidente de Recusación.- Causa Original Nº 698/07.- Orden Interno Nº 1.963, 19 de marzo de 2008, p. 4.
[17] Incidente citado, ps. 5 y siguiente.
[18] Tribunal Criminal Nº 1, incidente citado, voto de Montirano, p. 10, destacado agregado.
[19] Sobre los aspectos más relevantes de la oralidad, cf. Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996, 2ª ed., t. I, ps. 647 y siguientes.
[20] O’Donnell, Daniel, Protección internacional de los derechos humanos, Ed. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1989, 2ª ed., p. 168.
[21] Cf., en este sentido, O’Donnell, Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos, Ed. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, Bogotá, 2004, ps. 383 y siguientes.
[22] Binder, Alberto, Introducción al derecho procesal penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, 2ª ed., p. 100.
[23] Binder, Introducción al derecho procesal penal, cit., p. 101.
[24] Binder, Introducción al derecho procesal penal, p. 105 (destacado agregado).
[25] TEDH, “Caso Pretto y otros”, sentencia del 8/12/83, párr. 27.
[26] Baumann (Derecho procesal penal, p. 107) señala: “La publicidad del proceso penal concierne al control de la justicia penal por la colectividad. Los asuntos penales son demasiado importantes como para que se los pueda tratar secretamente” (destacado en el original).
[27] Utilizaba el mismo “argumento” para justificar la entrega indebida y anticipada de información que podía poner en peligro la investigación pero que, casualmente, difamaba a alguno de sus “culpables” preferidos. Ahora tiene dos caminos: a) o es consistente con sus dichos y se somete a la exposición pública cuando el objeto de análisis son sus propias conductas; o b) se pone en evidencia y expresa que en su versión de la organización republicana, hay “ciudadanos más republicanos que otros”.

AVANZA EL TRÁMITE DE LA DENUNCIA PENAL CONTRA LONG

2008-03-18T11:33:00.000-07:00

DE VEZ EN CUANDO, SE VISLUMBRA UNA CHISPA DE JUSTICIA

El 10 de marzo de 2008 la Oficina de Trámite y Sustanciación de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados y Funcionarios, de la Suprema Corte de Justicia, decidió que correspondía remitir las actuaciones por la denuncia penal presentada por Alberto Bovino contra Christian Long por el delito de omisión de denuncia a la Secretaría permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, la que entenderá en el caso a fin de darle el trámite que prescribe la ley.

HAGA CLICK EN EL DOCUMENTO PARA VERLO EN MAYOR TAMAÑO.

EL "ESPERPENTO" QUE DURÓ TRES DÍAS

2008-03-15T20:28:00.000-07:00

LA ABSURDA DENUNCIA QUE PRESENTARA EL ABOGADO ASAD CONTRA ALBERTO BOVINO FUE RECIBIDA EN LA MESA DE ENTRADAS DE LA FISCALÍA GENERAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 Y RECHAZADA EL 21 DE DICIEMBRE

A continuación se transcriben textualmente los dos puntos resolutivos de la decisión del agente fiscal:

Provincia de Buenos Aires
Poder Judicial
IPP Nº 138340

Bahía Blanca, 21 de diciembre de 2007

Por recibidas las presentes actuaciones, y atento a su contenido:

I.- No existiendo a juicio del suscripto, hechos o elementos que permitan concluir que se ha configurado en la causa nro. 698/7 de trámite por ante el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, el delito de estafa procesal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 290 del Código de Procedimientos Penales, en cuanto este punto, RESUELVO: Desestimar la denuncia que antecede.-

II.- En lo que se refiere a la falsedad instrumental denunciada, siendo que la imputación se basa solo en apreciaciones subjetivas sin base en hechos concretos, siendo que no existen elementos de convicción suficientes acerca de la materialidad del hecho denunciado, RESUELVO: Disponer el archivo de las presentes actuaciones (art. 268 último párrafo del CPP). Comuníquese a la Sra. Juez de Garantías interviniente.-

III.- …

Eugenio Casas
Agente Fiscal

Conclusión: El Agente Fiscal le contestó a Asad que: a) los hechos descriptos en su denuncia con frondosa imaginación no constituían la estafa procesal que denunció, ni ningún otro delito; y b) sus conocimientos de artes plásticas no lo habilitan a convertirse en perito de la firma de una persona, y que su "apreciación subjetiva sin base en hechos concretos" no constituyen elmentos de convicción que permitan dilapidar el dinero de los contribuyentes.

Otra de las grandes colaboraciones dirigidas a la búsqueda de la verdad respecto de asesinato del Dr. Felipe Glasman. Ninguna de las víctimas se merece esto.

LAURA Y EDUARDO GLASMAN SOLICITAN A LONG MEDIDAS DE PRUEBA

2008-03-04T05:08:00.000-08:00

A continuación transcribimos el escrito presentado en la mañana de hoy en la Fiscalía a cargo de Long

SOLICITA LA PRODUCCIÓN DE MEDIDAS PROBATORIAS

Sr. Fiscal Christian LONG:

Alberto BOVINO, apoderado de Laura y Eduardo GLASMAN, tº XXX, fº 436, IVA responsable monotributo, CUIT e IIBB 20-13188055-4, manteniendo domicilio procesal en Viamonte 210 de la ciudad de Bahía Blanca, en el marco de la causa Nº 49.814 del registro de esta Fiscalía, al Sr. Fiscal solicito:

I. OBJETO

Concurro por esta vía a solicitar la producción de diversas medidas probatorias, que a nuestro entender, resultan útiles y pertinentes para la profundización de la investigación de los hechos objeto de este proceso penal.

II. FUNDAMENTOS

La producción de esta actividad probatoria permitirá, eventualmente, incorporar información sobre ciertos aspectos que, conforme surge de la lectura de las actuaciones a las que hemos podido acceder, han resultado de interés a esa Fiscalía, con quien esta representación procesal pretende colaborar.

En efecto, solicitaremos a continuación que se provean determinadas medidas de prueba respecto a Javier Daniel Alfredo VIDAL, medidas que oportunamente han sido ordenadas y producidas respecto del imputado Guillermo Vicente COLMAN.

Esta circunstancia impondría, en sí misma, la necesidad de su producción, en tanto su pertinencia resulta clara y evidente: similares medidas se produjeron con relación al imputado COLMAN, cuya relación con VIDAL, según la Fiscalía, ha sido indispensable para la consumación de los episodios investigados, en tanto este último

“… hizo un aporte doloso al injusto doloso ajeno. Ha contribuído a la causación del resultado disvalioso. Pero ese aporte, no obstante ser accesorio, fue indispensable para COLMAN. Su obrar no fue el de un mero encubridor, por cuanto su auxilio fue ex ante y durante el hecho, mientras que la colaboración posterior resultó ser la finalización del plan, su agotamiento …”. (ver fs. 5.044).

De todas formas, más allá de cuanto ha sido expuesto, se solicita de manera expresa, que, aun en el marco de la discrecionalidad que cabe al Ministerio Público Fiscal para la selección de las medidas de prueba a realizar en el ámbito de un proceso penal, sean motivadas las razones por las cuales eventualmente no se hiciera lugar a la pretensión de esta parte (art. 56, párrafos II y III, Código Procesal Penal).

III. MEDIDAS SOLICITADAS

Solicitamos, en consecuencia que el Sr. Fiscal disponga:

1) Se requiera a la dirección de los REGISTROS NACIONAL Y PROVINCIAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE información respecto de bienes que pudieran encontrarse a nombre de Javier Daniel Alfredo VIDAL o la Sra. María Elena GHERSINICH, presentada en este proceso como su concubina.

En su caso, deberá solicitarse la remisión de la documentación o legajos que acrediten cuanto resulte informado.

2) Se requiera a la direccion del REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR información respecto de automóviles que pudieran encontrarse a nombre de Javier Daniel Alfredo VIDAL o la Sra. María Elena GHERSINICH.

En su caso, deberá solicitarse la remisión de la documentación o legajos que acrediten cuanto resulte informado.

3) Se requiera a la dirección de los REGISTROS NACIONAL y PROVINCIAL DE ARMAS que informen si Javier Daniel Alfredo VIDAL se encuentra registrado como usuario de armas; en su caso, deberán remitirse las constancias pertinentes.

4) Se requiera a la dirección de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (AFIP-DGI), que informe si Javier Daniel Alfredo VIDAL se encuentra inscripto como contribuyente, indicando, en caso afirmativo, categorías tributarias, actividad denunciada, y fecha de alta o registración.

A su vez, deberá solicitarse la remisión de copias certificadas de sus declaraciones juradas, e informarse su condición de contribuyente hacia el año 2002.

5) Se requiera idéntico informe al Sr. funcionario a cargo de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

6) Conforme lo dispone el artículo 64 del Código Procesal Penal, deberá ordenarse la realización de una batería de estudios psicológicos y psiquiátricos, respecto de Javier Daniel Alfredo VIDAL, a fin de determinar: a) parámetros de cognición y voluntariedad; b) perfil psicológico y estado de salud mental; c) personalidad, estructura y aspecto profundo; d) participación en las aptitudes o funciones mentales primarias (intelectuales, emocionales y sociales); y e) características estructurales, tales como el grado de emotividad y de su dominio conciente, predominio de la inhibición o la excitación, tendencia a la depresión, estado, forma y dirección de la agresividad. Existencia de situaciones conflictivas y su egreso estructural.

Proveer de conformidad,
que es derecho.

Firma de Alberto BOVINO

Por este tema, se pueden comunicar con Alberto BOVINO (011-15-4400-7300) o con Federico PINTO (011-15- 5341-1058).